Se identificaron rentas más altas en el caso de los hombres que lideran este tipo de empresas, lo que se asociaría a una menor presencia femenina en cargos con salarios más altos, como presidencias de directorios y gerencias generales.
El presidente del organismo, Francisco Leturia, explicó que de esta forma se busca transparentar qué tipo de información se filtró, dado que “estamos ante información sensible, no solo información que podría ser personal, sino también información que podría pertenecer al ámbito de la seguridad nacional”.
La ocultación de la placa patente en este tipo de móviles se lleva a cabo para perjudicar patrimonialmente a las sociedades concesionarias de las autopistas.
El máximo Tribunal descartó falta o abuso en los integrantes de la sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó la entrega de la información solicitada por ley de transparencia, la cual no tiene carácter de reservada o secreta.
Fiscalización a las 39 subsecretarías mostró que las 36 que respondieron a solicitudes de información, cuentan con instrumentos o procedimientos para investigar y sancionar situaciones de este tipo o estaban implementándolos en 2021, pero todas registran infracciones asociadas a su publicación en transparencia activa.
Al respecto, el presidente del organismo, Francisco Leturia, afirmó: “Es sumamente grave que se hagan públicas algunas informaciones tan sensibles de las personas, como por ejemplo su militancia política, porque esto puede significar, discriminación, hostigamiento y persecución”.
Francisco Leturia es abogado (UC) y Doctor en Derecho (Universidad de Salamanca). Actualmente es académico de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile.
El Consejo para la Transparencia requirió antecedentes que promuevan el acceso a información entre padres y apoderados, y permitan dimensionar la problemática.
El organismo negó el acceso a ingresos de detenidos y detenidas a establecimientos penitenciarios de la Región Metropolitana provenientes de uno de los recintos de detención más importantes de la CNI, el cuartel Borgoño, alegando, entre otras razones, la mala calidad de los libros en los que se contenía lo requerido.
Proceso tuvo como objetivo verificar si existe información abierta que posibilite el acceso a la ciudadanía a detalles del procedimiento y la forma en que se implementa la normativa en establecimientos de la red pública de salud.
Apuntó a la “máxima gravedad” de la situación que afecta a la institución castrense y se refirió a la interpretación amplia del artículo 436 del Código de Justicia Militar en temas de transparencia, que posibilita muchas veces espacios de opacidad que pueden derivar en irregularidades.
