En la decisión del Consejo se reconoce la calidad de pública de la información que se pidió, además rechazó el argumento esgrimido por el SNM para no dar respuesta a algunas partes de esta solicitud, puesto que declaró su incompetencia para atender el requerimiento alegando que la entidad a cargo de la ejecución de estas acciones era la Policía de Investigaciones de Chile.
Fiscalización a las 39 subsecretarías mostró que las 36 que respondieron a solicitudes de información, cuentan con instrumentos o procedimientos para investigar y sancionar situaciones de este tipo o estaban implementándolos en 2021, pero todas registran infracciones asociadas a su publicación en transparencia activa.
Al respecto, el presidente del organismo, Francisco Leturia, afirmó: “Es sumamente grave que se hagan públicas algunas informaciones tan sensibles de las personas, como por ejemplo su militancia política, porque esto puede significar, discriminación, hostigamiento y persecución”.
Francisco Leturia es abogado (UC) y Doctor en Derecho (Universidad de Salamanca). Actualmente es académico de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile.
El Consejo para la Transparencia requirió antecedentes que promuevan el acceso a información entre padres y apoderados, y permitan dimensionar la problemática.
El organismo negó el acceso a ingresos de detenidos y detenidas a establecimientos penitenciarios de la Región Metropolitana provenientes de uno de los recintos de detención más importantes de la CNI, el cuartel Borgoño, alegando, entre otras razones, la mala calidad de los libros en los que se contenía lo requerido.
Proceso tuvo como objetivo verificar si existe información abierta que posibilite el acceso a la ciudadanía a detalles del procedimiento y la forma en que se implementa la normativa en establecimientos de la red pública de salud.
Apuntó a la “máxima gravedad” de la situación que afecta a la institución castrense y se refirió a la interpretación amplia del artículo 436 del Código de Justicia Militar en temas de transparencia, que posibilita muchas veces espacios de opacidad que pueden derivar en irregularidades.
La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT) recalcó que avances en materia de escrutinio de gastos reservados, con modificaciones aprobadas en 2020, son insuficientes si no van acompañados de cambios al artículo 436 del Código de Justicia Militar, que ha mostrado ser “realmente nocivo”, dado que se “presta para imponer el secreto y amparar eventuales irregularidades”.
Vía Ley de Transparencia se solicitó al organismo recaudador detalle de convenios suscritos con empresas concesionarias detrás de Universidad de Chile, Colo-Colo, Deportes Copiapó, Everton, entre otros, para conocer las obligaciones que se establecen en dichos instrumentos, acceso que fue denegado aludiendo, entre otras razones, afectación de derechos comerciales y económicos. Santiago Wanderers habría sido el único club que tras la consulta entregó lo requerido.
El Consejo para la Transparencia envió comunicación a la cartera para requerir antecedentes que permitan evaluar si ésta cuenta con la base legal para pedir y tratar dicha información y para determinar cuáles son las condiciones de resguardo bajo las cuales se implementará este servicio.
