El Tribunal estableció que en la especie, el demandante aportó indicios suficientes para comprobar que su desvinculación se produjo por negarse a firmar anexo de contrato para rebajar su sueldo a la mitad.
El Tribunal estableció que se vulneró la seguridad de los trabajadores de la empresa al eliminar medidas, cargos de asistentes en ruta y la posta de conductores en los trayectos de larga distancia, por supuesta protección para el Covid 19.
El Tribunal condenó a la parte demandada “declarándose que se vulneró conforme a las motivaciones del fallo el derecho a no ser discriminado por razones de salud o enfermedad, al disponerse la no prorroga de contrata por la resolución exenta N°4202 de fecha 28 de noviembre del año 2019 de la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores”.
El Tribunal estableció la existencia de relación laboral entre las partes, bajo vínculo de subordinación y dependencia, entre el 7 de noviembre de 2019 y el 4 de febrero de 2020, “cumpliendo labores de presentador de productos de salud y venta y la de repartidor de folletos promocionales, siendo despedido sin expresión de causa”.
El Tribunal estableció que, en la especie, la demandada afectó seriamente la honra de la docente, al informar las causas que habrían motivado su despido, a la comunidad docente del establecimiento que dirigía, difamándola.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia atacada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda contra la empresa de productos de belleza y cuidado personal.
El máximo Tribunal desestimó el arbitrio intentado por la empresa en contra de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que ordenó el pago de una indemnización de $40.000.000, por concepto de daño moral, a la demandante.
El máximo Tribunal estableció que erraron los ministros de la sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en la parte que acogieron la sanción de nulidad.
El máximo Tribunal desestimó el arbitrio tras establecer que los funcionarios públicos a contrata pueden denunciar la afectación de sus derechos constitucionales mediante el procedimiento de tutela laboral que establece el Código del Trabajo.
El Tribunal de alzada descartó infracción a las reglas de la sana crítica en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.
El Tribunal acogió la demanda tras constatar que la trabajadora se ausentó solo un día de sus labores, porque en uno no contaba con un permiso correcto y el otro, corresponde al día del despido.
