El CPLT aplicó correctamente el principio de división de la información, establecido en el artículo 11 letra e) de la Ley N° 20.285, manteniendo bajo reserva los antecedentes referidos a la fórmula de los productos farmacéuticos, entre otros datos sensibles.
El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la reclamada, que dio por proveída la información solicitada a la Subsecretaría del Medio Ambiente.
La información que se solicita dice relación con datos, antecedentes y documentos susceptibles de revelar datos patrimoniales de otros contribuyentes, por lo tanto, corresponde aplicar la causal de reserva tributaria.
Para fortalecer y aumentar los estándares de transparencia en el ejercicio de la función pública. Se amplían los sujetos obligados para incorporar a los órganos autónomos constitucionales, a las corporaciones municipales y a las empresas concesionarias de servicios públicos.
Destacó la necesidad de promover la transparencia y el derecho de acceso a la información, en particular en el contexto de pandemia, para que las y los ciudadanos puedan participar de manera efectiva y ejercer sus derechos. Se refirió también al combate contra la desinformación como parte de los desafíos para lograr éste y otros objetivos .
La regla general debiera ser la publicidad de todos los antecedentes que se encuentren en poder de la Convención, y sólo excepcionalmente declararse la reserva, de manera justificada, en casos previamente calificados y por las causales que expresamente se contemplen en el reglamento.
Aquella información cuya naturaleza es pública, no pasa a ser secreta o reservada por el sólo hecho de que se acumule a un sumario incoado por el órgano requerido, especialmente, si no se ve frustrada la investigación que se lleva a cabo si es que se conociese o publicare la información.
El Tribunal de alzada estableció que la información solicitada tiene carácter de reserva o secreto al formar parte del sistema de inteligencia del Estado.
El Tribunal de alzada descartó que la entrega del documento solicitado afecte la seguridad nacional.
El Tribunal de alzada estableció que la información solicitada a la Superintendencia de Pensiones es de carácter público y no se encuentra cubierta por causal de reserva legal.
Presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, destacó el uso de herramientas que dispone la normativa y que posibilitaron acceder a información de organismos del Estado que permitió mapear la ruta de distribución del medicamento y los centros de salud públicos que los entregaron.
