La PUC presentó un reclamo en contra del Consejo para la Transparencia ante el tribunal con el objeto de dejar sin efecto la orden del organismo que estableció la calidad de públicos de los antecedentes solicitados.
Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, expuso ante la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional y abogó por la consagración explícita del derecho a acceder a información en poder de organismos del Estado en el texto de la Carta Fundamental.
En conformidad al artículo 8 inciso 2º de la Constitución, la información solicitada queda comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia.
A través de la plataforma InfoProbidad del CPLT y Contraloría se puede acceder a información de los postulantes a la presidencia, el parlamento y consejeros regionales, y en algunos casos a información sobre cónyuges y otros familiares.
En actividad organizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) se debatió sobre los mitos y realidades en torno a las encuestas electorales y su comunicación, así como la eventual incidencia que pueden tener en el clima electoral y en la opinión pública.
En el reglamento general del órgano constituyente publicado en el Diario Oficial ayer, el se contemplan mecanismos para resolver consultas de la ciudadanía y también mantener publicada “información crítica” sobre su quehacer.
La presidenta del CPLT llamó a redoblar esfuerzos para chequear fuentes de información que se viralizan en redes sociales sobre la situación migratoria para evitar desinformación maliciosa y de carácter xenófoba.
En este caso, afirma el fallo, los convenios fueron enviados a la Superintendencia de Salud, en virtud de fiscalizaciones extraordinarias, vinculadas al uso de excedentes, como ocurrió precisamente en este caso, debido a una denuncia recibida por la Fiscalía Nacional Económica sobre los medios de uso de los mismos por las ISAPRES a sus afiliados.
La titular del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, reaccionó a las informaciones asociadas al estado de salud del renunciado convencional. Manifestó que espera que la institucionalidad funcione, puesto que se debe cuidar la confianza en el trabajo de la Convención Constitucional.
La presidenta del organismo, Gloria de la Fuente, plantea necesidad de modernizar la regulación y ampliarla. La experiencia, sostuvo, “se ha encargado de mostrar que los intereses anidados en los círculos de poder público pueden llegar a ser tan dañinos para la confianza pública como los intereses particulares que buscan incidir en una decisión”.
El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal del Consejo para la Transparencia (CPLT) y le ordenó la entrega de la información, tarjando los antecedentes personales de los involucrados en el proceso administrativo.
