En la audiencia, y previa aceptación por parte del imputado de los hechos contenidos en la acusación fiscal, el magistrado aprobó el procedimiento abreviado propuesto por el Ministerio Público con la anuencia de los querellantes, imponiendo al sentenciado la pena única de 5 años de presidio.
En marzo de 2022 el municipio no renovó el contrato por obra y faena de una trabajadora embarazada y solicitó al tribunal el desafuero maternal, el que fue otorgado por la magistratura al verificar el cumplimiento de los requisitos del artículo 174 del Código del Trabajo.
El quejoso fue desvinculado el 31 de diciembre de 2020, pero dedujo demanda de despido injustificado el 30 de diciembre de 2022, excediendo largamente el plazo contemplado en el artículo 168 del Código del Trabajo. El máximo Tribunal rechazó el argumento de que se le ha impedido el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, por el largo tiempo que dejó pasar antes de acudir a la magistratura.
La Novena Sala del tribunal de alzada descartó actuar ilegal de la autoridad fiscalizadora al aplicar la sanción.
La Segunda Sala del máximo tribunal descartó error en la sentencia impugnada.
La Primera Sala del máximo tribunal consideró que hubo error de derecho al acoger la demanda, ya que el informe pericial más convincente de la causa desestima error en el procedimiento médico.
La jueza descartó el decaimiento de la acción de cobro y confirmó la sanción.
El máximo Tribunal confirmó la decisión de los jueces de segundo grado, y desestimó la acción de precario, al observar que la demandada posee un antecedente jurídico que habilita la tenencia del inmueble, por lo tanto, la ocupación no era ignorada por el actor, pues el anterior dueño del predio es su hermano, actual cónyuge de la demandada.
La Ley N°20.027 prevalece por su carácter particular respecto de las normas generales en materia de concurso establecidas en la Ley N°20.720. El máximo Tribunal hizo suyas las palabras de Alessandri; “(…) sería absurdo hacer prevaler una ley general sobre una particular, dado que una ley particular supone un estudio expreso en cuanto a la materia que viene a regir; de ahí también que resulte lógica la primacía que se le acuerda a la ley especial”.
Los agentes policiales recibieron una denuncia anónima que individualizaba completamente al acusado, acudiendo a su trabajo para detenerlo y llevarlo posteriormente a su domicilio para incautar la droga, sin una lectura previa de los derechos que le asistían, como no autoincriminarse y que podía contar con la asistencia de un abogado.
La Primera Sala del tribunal de alzada desestimó el recurso, por considerar que el acto denunciado no es ilegal, dado que el alcalde ostenta las facultades necesarias al realizar trabajos de poda y mantenimiento en los árboles, según indica la ley.
