Si bien la recurrente basó su arbitrio en la vulneración del derecho a la salud, que no se encuentra amparado en su totalidad por el recurso de protección, de todas maneras, la Corte abordó el fondo del asunto en pos de cumplir las obligaciones que imponen los diversos tratados internacionales en relación a la protección de las personas mayores.
Al tratarse de una controversia de índole contractual excede los contornos de esta acción constitucional.
La recurrente redujo sustancialmente el monto indemnizatorio, al acreditar que los jueces de fondo no pudieron relacionar correctamente los hechos asentados con la infracción contenida en la letra c) del artículo 4 de la Ley N°20.169, esto es, causar descredito, mala fama, o mentir respecto de la reputación de la empresa demandante.
Si el despido es declarado improcedente, el empleador debe restituir los montos que descontó, en atención al inciso segundo del artículo 13 de la Ley N°19.728 en relación con los artículos 161 y 168 del Código del Trabajo.
El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia recurrida, dictada por el Vigesimoséptimo Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda de indemnización de perjuicios y que le ordenó al municipio el pago de la suma de $55.541.216 por concepto de lucro cesante, y $15.000.000 por daño moral.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de las recurridas al negar el tratamiento por razones económicas, las cuales deben ceder al estar en riesgo la vida del menor de edad.
La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Santiago, que confirmó aquella de base, que desestimó la demanda de cumplimiento forzado de contrato de seguro y la subsidiaria de resolución del mismo. Se demandó el cumplimiento forzado de un contrato de […]
La recurrida decidió cerrar el camino situado dentro de su propiedad para usar ese espacio en un proyecto de loteo, sin embargo, construyó uno nuevo y con mejores condiciones, el que además declaró como camino público a perpetuidad tras un acuerdo con el municipio.
El can marcó el maletero del vehículo del imputado, encontrando al interior droga junto con diversas especies para su dosificación y comercialización; el máximo Tribunal sostuvo que el procedimiento de fiscalización se ajustó a derecho, por cumplir los policías con el deber de control de rutas exigido en la Ley de Tránsito.
El Serviu de la Región de Los Lagos quiso eludir la responsabilidad solidaria que le compete en régimen de subcontratación, al sostener que solamente era el financista y no el dueño de las viviendas sociales encargadas para construcción a la empresa demandada principal, situación que infringió el artículo 183-A del Código del Trabajo.
La Corte da cuenta que el perfil denunciado “tiene como destinatarias sólo a sus 130 integrantes, todas estudiantes mujeres, con el fin de poder realizar catarsis de situaciones vividas por ellas, en un contexto de dominación de lo masculino por sobre lo femenino, y advertir asimismo de conductas atentatorias a sus derechos y generar un ambiente de conexión sonora”.
