El Tribunal acogió la acción deducida, tras establecer que el actuar de la demandada vulneró los derechos fundamentales de la trabajadora al iniciar un proceso paulatino de detrimento de las condiciones laborales en forma paralela al embarazo de la demandante.
La evaluación psicocriminológica del amparado consideraba que éste tenía una inadecuada conciencia del delito y ausencia de reflexión respecto de los hechos perpetrados por el amparado.
El tribunal de Alzada había resuelto aplicar la sanción desde que la sentencia quede en estado de firme.
El tribunal estimó que el actor desempeñaba un cargo de exclusiva confianza del Director Regional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias.
La recurrida no tiene ni la autoridad ni la facultad para solicitar mediante resolución exenta la restitución del inmueble donde se sitúan las viviendas.
Los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo establecen el reclamo judicial respecto de la resolución que rechaza una reconsideración administrativa.
La desvinculación se produjo por un comentario realizado por el actor en la red social Facebook.
El tribunal concluye que el proceso de negoción colectiva no se encontraba vigente a la fecha del despido.
El máximo Tribunal consideró que el fallo impugnado, dictado por la Corte de Apelaciones de La Serena, contiene la posición jurisprudencial adecuada a la materia, por lo que es necesario uniformar criterios dispares.
El Tribunal de alzada rechazó la acción judicial, tras establecer que los amparados no están engrillados a las camas que ocupan en la UCI del centro asistencial, tal como lo denunció la defensa.
La recurrente solicitó sustituir la medida por arresto domiciliario total, según indica el artículo 155 letra a) del Código Procesal Penal.
