No se advierte un perjuicio de las reclamantes con la aprobación del programa, toda vez que éstas podrán instar por la imposición de la sanción respectiva, y eventualmente podrá concurrir la acción de daño ambiental.
Tal como ocurre en este tipo de nominaciones, el Senado abre un período en que la ciudadanía puede hacer llegar sus planteamientos u opiniones sobre los candidatos.
El proyecto, emplazado en la Región de Atacama, busca extraer relaves depositados en la Playa Grande de Chañaral con la finalidad de obtener cátodos y concentrados de cobre.
La resolución del órgano fiscalizador incumpliría los principios conclusivos y de celeridad del procedimiento administrativo.
La zona de emplazamiento del proyecto ha sido históricamente un lugar afectado por la contaminación producida por la industria minera.
La reclamante había presentado una denuncia ante la SMA en contra de la minera la que fue archivada por estimar que no revestía la seriedad o mérito suficiente para dar lugar a un procedimiento sancionatorio.
Por la alteración significativa que el proyecto podría provocar en el sistema de vida y costumbres de los miembros de la comunidad indígena.
La sentencia pone énfasis en que, salvo actividades de subsistencia, toda actividad productiva genera impacto en el medioambiente por lo que la normativa nacional e internacional ha diseñado procesos de evaluación que permite determinar las externalidades negativas para que, en base a las mismas, el titular del proyecto adopte medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas.
El Tribunal señaló que existe un nivel de incertidumbre y riesgo en la evaluación ambiental, con evidentes anomalías en la definición del área de influencia del proyecto, la emisión de contaminantes y modelación de la calidad del aire, lo que atenta con la salud de la población.
El procedimiento sancionatorio se inició con motivo de una fiscalización realizada por la Seremi de Salud, en la que detectó un conjunto de incumplimientos graves asociados a la salud de los trabajadores de RECIMAR y la comunidad adyacente (Villa Kamac Mayu, Teletón de Calama y Comunidades Indígenas de Yaquincha), decretando la medida sanitaria de prohibición de funcionamiento.
Los programas de cumplimiento o “PdC” consisten en un plan de acciones y metas que presenta un titular infractor ante la SMA con el objetivo de cumplir nuevamente con la normativa ambiental
