La sociedad de la Zona Franca de Iquique solicita la inspección personal del tribunal al lugar afectado y se argumentan diversos aspectos que dicen relación con una posible contaminación por concentraciones de hidrocarburo en las aguas subterráneas, en el alcantarillado y en el suelo, todas las que -según los antecedentes presentados- superarían los límites establecidos por normas nacionales e internacionales.
En el análisis realizado por la sala conformada, se pudo establecer que el área de influencia del medio marino fue correctamente determinada ya que incorporó todas las partes, obras y acciones del proyecto y además, identificó adecuadamente los elementos del medioambiente que podrían ser potencialmente receptores de los impactos.
El objetivo fue recopilar mayores antecedentes luego de los hallazgos constatados por la Dirección General de Aguas, DGA, en el marco de la fiscalización que realizó el organismo para verificar si la extracción de agua que estaba efectuando la empresa se ajusta o no a lo decretado por el tribunal y porque la empresa aseguró que “ha actuado conforme a lo exigido”.
El máximo Tribunal estableció error de derecho en la resolución impugnada, dictada por el Primer Tribunal Ambiental, al no tramitar las impugnaciones presentadas por las organizaciones que representan a los vecinos que podrían verse afectados por el emplazamiento y operatividad del relleno sobre una falla geológica activa.
La iniciativa, cuyo objetivo es mejorar el sistema de gestión y tratamiento de aguas del acuífero La Coipa, tiene una vida útil estimada de 62 años y fue rechazada porque a juicio del SEA, la empresa no habría presentado algunos antecedentes durante el proceso de evaluación ambiental.
La demanda fue interpuesta por abogada quien aseguró que “han existido sistemáticas conductas negligentes, omisivas y falta de servicio que ha generado un grave y significativo daño ambiental y riesgo a la vida y salud de los habitantes de Alto Hospicio por pasivos ambientales en la comuna”.
El tribunal había determinado cinco controversias relativas con aspectos formales como la solicitud de invalidación y otras relativas a la afectación a los sistemas de vida y costumbres de los pueblos indígenas, su patrimonio cultural y la procedencia de la consulta indígena, entre otros.
Centros sociales, deportivos, culturales; movimientos sociales, ambientales, por la vivienda; además de fundaciones y juntas vecinales interpusieron una reclamación.
Las principales controversias levantadas por las partes son cuatro y tienen relación con el modelo hidrogeológico, el Plan de Alerta Temprana (PAT), los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) y que la resolución relacionada resulta contraria a derecho. Ahora será el tribunal el que se pronuncie respecto a estos puntos controvertidos.
El Servicio de Evaluación Ambiental refuta reclamación de Comunidad Indígena Wara y asegura que no hay antecedentes sobre la presencia de dicha comunidad en el área de influencia del proyecto.
Si bien es cierto que la sentencia dictada del Tribunal Ambiental resuelve la reclamación, no es menos cierto que dicho pronunciamiento no falla el fondo del asunto controvertido, cual es la existencia o no de una infracción a la normativa ambiental.
