La comunidad indígena argumenta que “la autoridad ambiental ha validado en reiteradas ocasiones y de forma arbitraria, incluso en la resolución reclamada, la afirmación del titular respecto a que su proyecto no generará aquellos impactos significativos en relación con la comunidad indígena de Colla de Pai Ote”.
“Esta diligencia se realizó en 4 paños que dicen relación con las reclamaciones, donde quienes reclaman entienden que sus predios no deberían formar parte de esta declaratoria de humedal urbano, por lo que se encuentran impugnando el acto emanado por el Ministerio del Medio Ambiente”, explicó la ministra presidenta Sandra Álvarez.
Las denuncias presentadas tienen relación con obras efectuadas por la empresa sin la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y las posibles afectaciones que eso podría haber provocado a los ecosistemas.
La fundamentación del recurso radica en el espacio territorial de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, el que no solo contemplaría la Región de Coquimbo, sino también la Región de Atacama, situación por la que el proyecto – a juicio de quien presentó la acción- debió ser evaluado por el Servicio de Evaluación Ambiental y no por la comisión de la región.
En el análisis realizado por la sala conformada, se pudo establecer que el área de influencia del medio marino fue correctamente determinada ya que incorporó todas las partes, obras y acciones del proyecto y además, identificó adecuadamente los elementos del medioambiente que podrían ser potencialmente receptores de los impactos.
El objetivo fue recopilar mayores antecedentes luego de los hallazgos constatados por la Dirección General de Aguas, DGA, en el marco de la fiscalización que realizó el organismo para verificar si la extracción de agua que estaba efectuando la empresa se ajusta o no a lo decretado por el tribunal y porque la empresa aseguró que “ha actuado conforme a lo exigido”.
El máximo Tribunal estableció error de derecho en la resolución impugnada, dictada por el Primer Tribunal Ambiental, al no tramitar las impugnaciones presentadas por las organizaciones que representan a los vecinos que podrían verse afectados por el emplazamiento y operatividad del relleno sobre una falla geológica activa.
La iniciativa, cuyo objetivo es mejorar el sistema de gestión y tratamiento de aguas del acuífero La Coipa, tiene una vida útil estimada de 62 años y fue rechazada porque a juicio del SEA, la empresa no habría presentado algunos antecedentes durante el proceso de evaluación ambiental.
La demanda fue interpuesta por abogada quien aseguró que “han existido sistemáticas conductas negligentes, omisivas y falta de servicio que ha generado un grave y significativo daño ambiental y riesgo a la vida y salud de los habitantes de Alto Hospicio por pasivos ambientales en la comuna”.
El tribunal había determinado cinco controversias relativas con aspectos formales como la solicitud de invalidación y otras relativas a la afectación a los sistemas de vida y costumbres de los pueblos indígenas, su patrimonio cultural y la procedencia de la consulta indígena, entre otros.
Centros sociales, deportivos, culturales; movimientos sociales, ambientales, por la vivienda; además de fundaciones y juntas vecinales interpusieron una reclamación.
