El proyecto contempla la realización de 53 calicatas que pueden causar impactos en la calidad y disponibilidad del recurso hídrico, la flora y fauna que habita en la zona y en el componente arqueológico.
De acuerdo a la reclamante, el proyecto debió evaluarse a través de un Estudio de Impacto Ambiental y no una mera Declaración, en consideración a graves afectaciones a los sistemas de vida de las comunidades aledañas, al territorio en que se pretende emplazar y al valor paisajístico y turístico de la zona.
El órgano fiscalizador deberá informar en un plazo de 10 días, debiendo adjuntar copia autentificada del expediente administrativo que dio lugar a la decisión impugnada.
Las medidas cautelares no solo buscan precaver un peligro en la infructuosidad de la sentencia, sino que además tienen por objeto impedir los efectos negativos de los actos o conductas sometidos al conocimiento del Tribunal.
El proyecto no cumple con el requisito de ingreso al SEIA, consistente en tener una capacidad para 5 mil o más personas.
La solicitud de invalidación de una resolución carece de objeto cuando concurre una pérdida de interés procesal sobreviniente de la pretensión.
La Magistratura Ambiental confirió traslado a la demandada por el plazo de 15 días.
Solicita medida cautelar innovativa para detener toda actividad y trabajos realizados en el uso y aprovechamiento de aguas en los territorios de la Reserva.
Debió someterse a un Estudio de Impacto Ambiental por las obras de secado, drenaje y relleno de un humedal ubicado en el predio donde se emplazará el proyecto.
La falta de información relevante y esencial no es un supuesto exclusivo del término anticipado de la evaluación ambiental, ya que es parte fundamental del procedimiento, emanado del principio preventivo que lo rige, y es en base a tales antecedentes, o la falta de ellos, que un proyecto podrá ser aprobado o rechazado.
La notificación realizada por el organismo fiscalizador se ajustó a la ley, la infracción no está prescrita ni decayó el procedimiento administrativo.
