En informe evacuado por esta Fiscalía Nacional Económica, se advirtió que existen indicios de que, al menos respecto de ciertos Locatarios, los centros comerciales tipo mall tendrían un ostensible poder de mercado, ya que serían muy relevantes para el desarrollo de su giro, pudiendo eventualmente no tener sustitutos aceptables dependiendo de las circunstancias particulares del mall y Locatario en cuestión.
Se trata de prestaciones que son adicionales a aquellas comprendidas en el servicio público que incluye producción de agua potable para servicio público de distribución, la distribución de este insumo y la recolección y disposición de aguas servidas.
Las empresas se comprometieron a pagar dinero a las instituciones de beneficencia sin fines de lucro por los daños causados a los consumidores nacionales. Agrusuper a desembolsar $19.541.697.242 y Don Pollo a transferir $2.431.689.000.
La Compañía Minera Salares del Norte SpA denuncia que las Bases de la Licitación presentarían características que podrían vulnerar las normas de defensa de la libre competencia.
Uno de los factores fue la disminución de la participación de mercado del Puerto San Vicente desde su entrega en concesión.
La Fiscalía solicitó al TDCL la aplicación de una multa a beneficio fiscal para los infractores.
La Fiscalía solicitó al TDCL la aplicación de una multa a beneficio fiscal para los infractores, además del cese de la participación simultanea de Büchi en estas empresas.
Se solicitó el pronunciamiento del Tribunal para que examine si las bases de licitación para celebrar Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) pudieran infringir las normas que protegen la libre competencia.
La empresa estatal abusó de su posición dominante en el mercado nacional de correspondencia, e incurrió en prácticas de competencia desleal con el fin de conservar o incrementar dicha condición.
Las obligaciones asumidas entre Delta y Latam son idóneas y suficientes para mitigar riesgos anticompetitivos.
Touchsmart, que representó a la marca coreana en Chile desde 2013, apunta a prácticas como la fijación de precios de reventa y abuso de dependencia económica. Recurso fue acogido a trámite.
