
El requirente estima que constituyen organizaciones políticas no toleradas por la Constitución.
El requirente estima que constituyen organizaciones políticas no toleradas por la Constitución.
El requirente alega que se le ha despojado de su propiedad mediante un procedimiento fraudulento, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados, en el caso concreto, vulneran su garantía a un debido proceso e igualdad ante la ley.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos en el caso concreto, producen efectos inconstitucionales.
Se alega que las servidumbres legales mineras de ocupación de predios superficiales para conducir por ductos o cañerías aguas de mar desaladas desde planta desalinizadora hasta el establecimiento de beneficio deben constituirse bajo la normativa del Código Civil y no del Código de Minería.
El requirente alega que la aplicación del precepto, en el caso concreto, infringe su garantía a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
El requirente alega que se le obliga a relevar información que no es pública, conforme al texto constitucional, vulnerando su derecho a realizar cualquier actividad económica.
El requirente alega que se le sanciona dos veces por el mismo hecho, lo que infringe los principios de non bis in ídem y de proporcionalidad.
El requirente alega que el precepto impugnado, al prescindir de los requisitos que deben contener las sentencias que sí se exigen en otros procedimientos, produce efectos inconstitucionales.
El requirente alega que se le impide defenderse de una ejecución injusta, vulnerando sus garantías de debido proceso e igualdad ante la ley.
El requirente alega que se le aplica una sanción de forma automática que ignora sus circunstancias particulares, afectando gravemente sus garantías constitucionales.