La Fiscalía Nacional Económica solicitó se tenga por rechazado el requerimiento interpuesto por la ANFP, alegando que la aplicación de los preceptos impugnados no resulta contraria a la Constitución.
El requirente alega que la sanción aplicada resulta arbitraria y desproporcionada, vulnerando sus garantías constitucionales.
El municipio estima que aplicarle dicho precepto afecta su autonomía como ente municipal y desconoce la normativa especial en la materia.
El requirente sostiene que tal limitación recursiva no tiene fundamento razonable y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y al debido proceso.
El requirente alega que se le obliga a entregar información que no es pública conforme al texto constitucional, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente alega que la sanción establecida no contiene criterios mínimos de determinación de la multa aplicable, vulnerando los principios de legalidad y proporcionalidad.
Los requirentes estiman que la norma establece un requisito adicional que limita su capacidad para negociar con su empleador, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente estima que la distinción no encuentra justificación alguna y vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y de protección al empleo.
El requirente alega que la restricción no encuentra fundamento razonable, infringiendo sus derechos a la igualad ante la ley, debido proceso y propiedad.
La Notario requirente estima que la sanción establecida es desproporcionada y carente de razón, lo que afecta gravemente sus garantías constitucionales.
Los requirentes estiman que el hecho de que no se permita solicitar la suspensión en etapas preliminares del procedimiento penal vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y debido proceso.
