El Teniente Coronel retirado temporalmente de la institución por haber organizado una reunión con un aforo mayor al permitido, alega que la presunción de culpabilidad no le ha permitido desvirtuar los cargos que se le imputaron, ni de contar con asesoría letrada.

Los antecedentes que son públicos deben tener directa vinculación con una decisión de la autoridad.

La fórmula de cobro que establece el precepto legal impugnado importa una verdadera expropiación, sin que exista un real fundamento para dicho fin.

Se le confirió traslado a las partes por el plazo de veinte días para que formulen sus observaciones y presenten los antecedentes que estimen pertinentes.

Infringirá la garantía de la tipicidad de que “ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”.

Se provocaría una diferencia no razonable, infundada y arbitraria.

Revelar sin más el contenido de las cámaras corporales al amparo de la norma cuestionada, implicaría preferir, a todo evento, la entrega de información no amparada por el artículo 8° de la Constitución con total olvido de las causales reconocidas en esa disposición.

La suspensión del derecho a sufragio debió haber provenido de una autorización judicial previa y no como consecuencia de una actuación administrativa realizada de oficio por el Tribunal.

Infringiría la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y su protección, el derecho de propiedad.

La información que fue entregada por la requirente a la autoridad se realizó bajo la confianza legítima de que el órgano no la divulgará de una manera más extensa que la expresamente autorizada por el ordenamiento.