El artículo 41 del Auto Acordado del Tribunal Calificador de Elecciones, en su inciso primero dispone que el recurso de apelación que se dirige contra la sentencia pronunciada por un TER, debe deducirse en un plazo de 3 días corridos.
Los hechos que se han tenido por acreditados dan cuenta de una gestión desprolija, por parte del Alcalde, en cuanto a los resguardos y cuidados que deben adoptarse en la administración de fondos públicos.
El Acuerdo referido atenta contra la certeza jurídica de los procedimientos electorales, implementando nuevas normas que nada dicen con respecto a la resolución emitida por este mismo Tribunal.
La recurrente alega que, indiscutible e inequívocamente, se efectuó en tiempo y forma su postulación, incluso que ha actuado de buena fe y con la firme intención de dar cumplimiento a los requerimientos constitucionales y legales.
La recurrente alegó, en su oportunidad que, exigir, como lo hace la sentencia, que la renuncia sea “declarado por la Asamblea”, que lo señala el artículo 23 de los Estatutos de la Asociación, es erróneo y no se conforma con la Ley N° 19.418.
La sentencia explica que, realmente lo susceptible de reclamación es la Resolución del Director del Servicio Electoral que pone fin al procedimiento administrativo sancionatorio, y que resuelve sancionar al partido reclamante.
El TER de Valparaíso indicó, en su oportunidad, que no es posible aplicar en este procedimiento el plazo de reclamación establecido en el título V de la Ley N° 18.700, toda vez que dichos términos están determinados para elecciones populares directas, lo que no ocurre en la especie.
Los recurrentes alegan que, la petición concreta que se realizó por parte de los reclamantes se refiere a que se anule una asamblea realizada con feche 11 de enero de 2020, pero siendo presentada su reclamación con fecha 25 de marzo de 2020.
La sentencia impugnada determinó que, al ser válido el Registro de Socios del Comité de la Vivienda Barrio Residencial Independencia, el proceso eleccionario llevado a cabo en base a este Registro, tiene plena legalidad, eficacia y validez.
La decisión fue acordada con la prevención del Ministro Gazmuri, quien concurre a la decisión teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18.593.
En la sentencia se advierte que la impugnación recae sobre el proceso eleccionario de la Directiva y Consejeros Regionales de Coquimbo, estamentos internos del partido que la ley no contempla dentro de la competencia del Tribunal.
