Reclamos de ilegalidad


Acceso a la información pública.

Reclamo de ilegalidad en contra del CPLT por ordenar la entrega de antecedentes sobre armamento dado de baja por la FACH desde enero de 2019 a la fecha, presenta el CDE.

El CDE sostiene que concurre la causa de reserva de la información del artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, que establece el secreto cuando la publicidad de los antecedentes requeridos afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional.

3 de noviembre de 2022
Derecho de acceso a la información pública.

Información contenida en investigaciones sumarias es pública y no se puede calificar este tipo de procedimientos como reservados, resuelve la Corte de Chillán.

El municipio invocó la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, fundado en que la información requerida se relaciona con procesos administrativos con carácter de secreto, cuando lo cierto es que esa característica es aplicable al sumario administrativo y no a las investigaciones sumarias.

12 de octubre de 2022
Acceso a la información pública.

Municipalidades carecen de legitimidad activa para reclamar de ilegalidad en contra de decisiones del CPLT que otorguen acceso a la información pública si su negativa se fundó en alguna causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

El ente municipal había basado su negativa a entregar la información requerida en que la misma era de relevancia en un juicio de nulidad de derecho público que se encontraba en tramitación, lo que hacía aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia.

1 de octubre de 2022
Reclamo de ilegalidad acogido.

Antecedentes relativos a una investigación científica en curso para el desarrollo de una tecnología pionera de detección precoz de la enfermedad de Alzheimer, no son públicos resuelve la Corte de Santiago.

Contrariamente a lo resuelto por CPLT, están amparados por la reserva del numeral 2 del artículo 21 de la Ley N°20.285, por derechos comerciales y económicos, así como por cláusulas de confidencialidad, que vinculan al adjudicatario del proyecto con la Administración del Estado.

18 de septiembre de 2022
Páginade 15