La requirente sostiene que ve limitada su actividad económica por la ineficiencia de la DGA que no se pronuncia sobre el cambio de punto de captación, infringiendo sus garantías a la igualdad repartición de las cargas públicas y libertad económica.
Ingresos
Normas que no conceden el recurso de apelación contra ciertas resoluciones dictadas en procedimientos regidos por la Ley N°20.720, se impugnan en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
Normas que le permiten al juez fijar el valor de la subasta de bienes inmuebles en ventas forzadas, se impugnan nuevamente ante el Tribunal Constitucional.
Norma que faculta a la Dirección del Trabajo para sancionar las infracciones laborales con multa según tamaño de la empresa, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
Norma que establece que el incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento no suspende el curso de la causa principal y se substanciará en cuaderno separado, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que la falta de efecto suspensivo de estos incidentes atenta contra su garantía a un justo y racional procedimiento, a la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales.
Normas que establecen la obligación de todo litigante de comparecer a absolver posiciones bajo apercibimiento de tenerse por confeso, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que la ocurrencia de un accidente cerebro vascular le impide comparecer a absolver posiciones por lo que se le dará por confeso, lo que es contrario a la igualdad ante la ley, al debido proceso, al derecho a defensa, entre otras garantías constitucionales.
Normas que exigen depositar dinero para compulsas y hacerse parte en recursos de casación y apelación, se impugnan en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que la exigencia resulta carente de razón y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.
Norma que tipifica el delito de desacato de resoluciones judiciales, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente estima que la norma cuestionada atenta contra el debido proceso, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.
Norma que tipifica el delito de desacato de resoluciones judiciales, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente estima que la norma cuestionada atenta contra el debido proceso, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.
Normas que tipifican los delitos de injurias y calumnias se impugnan en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
La requirente estima que la aplicación de las normas impugnadas en la gestión pendiente coartan el ejercicio de su garantía constitucional a la libertad de expresión.
Normas que restringe procedencia del recurso de apelación en procedimientos seguidos ante Juzgados de Policía Local, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente estima que la restricción recursiva infringe su derecho a la igualdad ante la ley y al debido proceso.
Norma que faculta al juez a suspender el proceso civil cuando la existencia de un delito haya de ser fundamento preciso de una sentencia civil o tenga en ella influencia notoria, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que el hecho que la norma sólo aplique a procedimientos penales vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y debido proceso.
Norma sobre tachas de testigos por vínculo de dependencia laboral se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que se vulnera su garantía de debido proceso y de igualdad ante la ley.
Normas que establecen los reajustes e intereses aplicables a las de remuneraciones, indemnizaciones o cualquier otra suma que los empleadores adeudaren a los trabajadores, se impugnan en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que al extenderse y beneficiarse a personas jurídicas cesionarias de créditos laborales con los reajustes e intereses aplicables a las de remuneraciones, indemnizaciones o cualquier otra suma que los empleadores adeudaren a los trabajadores, se vulneran sus garantías constitucionales.