Con el fin de que el Estado se encuentre obligado a promover el respeto y la preservación, tanto del idioma español castellano como de las distintas lenguas de nuestros pueblos originarios.
El proyecto tiene como idea matriz la descentralización de la tuición sobre el recurso hídrico, a través de la creación de la Autoridad Regional de Gobernanza del Agua y las Cuencas (AREGUAC).
La iniciativa establece además que el estándar de diligencia debida de las instituciones privadas que tienen la obligación de administrar dineros de terceros es la culpa levísima.
El grupo parlamentario conoció siete proyectos sobre la materia en los que se plantean retiros parciales y totales, acordando solicitar a la Sala la fusión de seis de estas mociones.
El proyecto proyecto tiene como idea matriz la descentralización efectiva de la administración regional. Si se suprimen esas instituciones las funciones y atribuciones que actualmente desarrollan y ejercen se traspasarían al Gobierno Regional y su autoridad ejecutora, el Gobernador Regional.
Es necesario otorgar al TRICEL esta atribución con la finalidad de evitar el retraso en la proclamación de autoridades y eventualmente poder sancionar disciplinariamente a los responsables.
El requisito no solo atenta contra la participación electoral, sino que supone un trato discriminatorio.
“La movilidad del siglo XXI plantea la necesidad de reformular el añejo anclaje territorial en que se enclaustra la institución de la ciudadanía, mediante la creación de una nueva institucionalidad dinámica, flexible y, en definitiva, apta para un ejercicio efectivo y no discriminatorio de los derechos y deberes ciudadanos”.
A través de una declaración pública, los 24 senadores de oposición critican que el Gobierno presente su propio proyecto de tercer retiro y que no retire el requerimiento ingresado al Tribunal Constitucional para frenar el mismo proyecto elaborado en el Congreso.
Incorpora a la Constitución el derecho fundamental a una renta básica universal de emergencia, que permita la subsistencia en tanto dure el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por pandemia.
Elimina la suspensión del derecho a sufragio de las personas que se hallen acusadas por delitos que merezcan pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista.
