El Tribunal de alzada estableció el actuar infundado de la recurrida al rechazar las licencias médicas por “reposo injustificado”, amenazando la garantía constitucional de derecho a la vida e integridad física y síquica de la recurrente.
La botillería tenía multas por venta de alcohol a menores de edad.
El recurrente estimó atropellados sus derechos a ejercer su actividad económica y libre emprendimiento.
La recurrente debía patentes anteriores.
Un Convenio Marco no entrega al adjudicatario ningún derecho a ser contratado por el Estado, sino una mera expectativa.
El Tribunal de alzada descartó que la actividad desarrollada por las recurridas afecte a la empresa Siprol SpA, que comercializa un sistema similar.
La resolución se encuentra acorde a la ley.
Ordenó la internación provisional del amparado en un centro asistencial.
Los hechos que relata la recurrente, tienden más bien a configurar un incumplimiento contractual o infracción a la ley sobre derechos de los consumidores.
El recurso perdió oportunidad.
El amparado señala que la División de Gobierno Digital le negó arbitrariamente el acceso al proyecto.
