Constituye una ley penal en blanco propia que no satisface el estándar constitucional al no describir el núcleo esencial de la conducta. Vulnera lo dispuesto en los incisos 8° y 9° del artículo 19 N°3 de la Constitución, infringiendo el principio de reserva legal (lex scripta) y de tipicidad (lex certa).
El requirente estima que no hay justificación racional que amerite tal limitación a sus garantías constitucionales, en especial su derecho a defensa.
El requirente sostiene que la limitación recursiva es arbitraria y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y al debido proceso.
Transgreden los límites del artículo 8, inciso segundo, de la Constitución, al ampliar deliberadamente los márgenes taxativos que la norma constitucional indica.
La requirente aduce que vulnera la igualdad ante la ley, la igualdad en el ejercicio de los derechos y el debido proceso, así como el principio de publicidad de los órganos del estado.
El requirente estima que el presupuesto fáctico que permite aplicar el procedimiento militar no reviste la envergadura suficiente para someterlo a un proceso carente de garantías.
El requirente alega que el hecho que se obligue al juez a fijar caución para levantar la orden de suspensión vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y el debido proceso.
Tribunal Constitucional dio a conocer el fallo que contiene los fundamentos en base a los cuales declaró inaplicable el artículo 418 del Código Procesal Penal en el caso del Senador Manuel José Ossandón.
El requirente estima que la excepcionalidad del recurso de apelación en materia concursal hace ilusoria la posibilidad de ejercer sus derechos.
Despido conforme a los preceptos impugnados configura una desprotección del trabajador, comprometiendo su libertad de trabajo y sus garantías mínimas de protección.
No vulnera el derecho a defensa ni el debido proceso, la Tesorería no actúa como comisión especial ni tampoco conculca el derecho de propiedad.
