De acuerdo al máximo Tribunal, “la actora acompañó una escritura pública que, si bien aparece titulada como ‘mandato administrativo’, claramente contiene la voluntad de los mandantes, manifestada ante Notario Público, en orden a que la profesional actúe en su representación, en toda gestión judicial en que tengan interés”.
La acción de indemnización de perjuicios no es dependiente de las acciones resolutorias o redhibitorias, sino que es una acción que se puede ejercer de forma autónoma.
Los requisitos que prescribe la Ley N°18.046 no constituyen meras formalidades, sino tienen como fin salvaguardar la responsabilidad que asiste a todos los directores de una sociedad en virtud del deber fiduciario que pesa sobre ellos.
Según lo relatado por testigos, personal de Carabineros de la 66° Comisaría de Puente Alto se encontraba haciendo un operativo por el robo de un camión en la feria libre en Bajos de Mena
Los querellados limitaron la libre circulación de la actora en un pasaje sobre el cual tiene la calidad de comunera, por lo que goza de la calidad de poseedora del inmueble y tiene derecho a que su posesión sea amparada.
Los sentenciadores no incurrieron en errores u omisiones manifiestos que constituyan faltas o abusos graves que sea necesario reprimir o enmendar mediante el ejercicio de atribuciones disciplinarias.
Los actores no se encuentran facultados para ejercer acciones de dominio sobre el retazo demandado en conformidad al artículo 19 del Decreto Ley 2.695.
Los sentenciadores rebajaron la cuantía de la multa sin declarar la ilegalidad del acto impugnado.
La sentencia se dictó sin realizar una exposición clara, lógica y completa de los hechos probados y sin fundamentar de manera completa la valoración de todas las pruebas rendidas en juicio.
No es posible considerar que las actuaciones destinadas a tramitar un requerimiento de inaplicabilidad puedan tener mérito para interrumpir el plazo del abandono del procedimiento.
Transcurrieron más de cuatro años antes que la Superintendencia declarara la responsabilidad de la reclamante, lo que constituye un tiempo excesivo e injustificado que transforma el procedimiento sancionatorio en ilegítimo y lesivo para los intereses de la reclamante.
