La requirente alega que la norma legal objetada infringe el principio de juridicidad y la supremacía constitucional, el debido proceso y el derecho a un juez natural, desde que se atribuye a los jueces laborales una competencia no otorgada por el legislador, en cuanto se traslada una relación de Derecho Público al Derecho Privado que se encuentra regulado en el Código del Trabajo.