Recurso de protección acogido por la Corte Suprema.
Prohibición de ingreso a cualquier cuartel de Bomberos impuesta a un ex miembro que renunció a la institución, vulnera el debido proceso.
La medida fue adoptada sin instruir ninguna investigación en contra del recurrente, ni darle la oportunidad de controvertir, defenderse, y aportar pruebas; por lo tanto, la institución no respetó las garantías básicas del debido proceso y tal castigo fue dejado sin efecto por la magistratura.
La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Rancagua que acogió el recurso de protección interpuesto por un ex miembro del Cuerpo de Bomberos de Rancagua en contra de la misma institución, por prohibir su participación en actos de servicio, así como el ingreso a los cuarteles o instalaciones de la corporación.
El recurrente indicó que fue miembro del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, desde el 15 de marzo de 1988 hasta el 27 de abril de 2022.
Añade que, en el año 2021, por un periodo de nueve meses, se desempeñó en el cargo de Director de la Primera Compañía de Bomberos de Rancagua, sin embargo, renunció voluntariamente a dicho cargo. Dicha decisión se fundó en haber dispuesto liberar del pago de rentas adeudadas de un local comercial que la Compañía entregó en arriendo, y que llevó al Consejo Superior de Disciplina de Bomberos, a sancionarlo con la suspensión del cargo por un lapso de treinta días, por la falta de acuciosidad en el manejo administrativo.
Temas
Te puede interesar
Contraloría General de la República.
No procede que el Cuerpo de Bomberos invierta en el mercado de capitales los recursos que anualmente le son transferidos vía Ley de Presupuestos.
Recurso de protección rechazado.
La condición de bombero está sujeta a un reglamento disciplinario que le da atribuciones al Consejo Superior para conocer y resolver los asuntos que involucren a miembros de la compañía.
Recurso de protección rechazado.
Sirena de bomberos está excluida de los niveles máximos de sonido que regula la norma, por lo que su uso no configura una ilegalidad que afecte derechos constitucionales.
