La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la apertura de investigaciones contra los periodistas Gustavo Gorriti y Juan Carlos Tafur en Perú que podrían alterar garantías inherentes a la labor periodística. Esta Oficina llama al Estado peruano a respetar y garantizar el derecho a la reserva de fuentes y resolver las diligencias en su contra según estándares internacionales de debido proceso y libertad de expresión.
De acuerdo con información pública, el 27 de marzo de 2024, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos inició diligencias preliminares contra Gustavo Gorriti, periodista y director de IDL-Reporteros, por los presuntos delitos de cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Dicha diligencia se inició tras unas declaraciones realizadas -en calidad de testigo y no de colaborador eficaz- de un ex asesor de la Fiscal de la Nación, quién señaló al periodista de interferir en las investigaciones del caso “Cócteles” e influenciar en la gestión del ente investigador.
En el marco de estas investigaciones, la Relatoría conoció que el fiscal supremo provisional requirió al periodista la entrega de los números telefónicos utilizados entre enero de 2016 y abril de 2021, y solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones.
Por su parte, el Estado relevó ante la Relatoría Especial un comunicado del Ministerio Público, donde se afirma que hubo “corroboración con documentos oficiales” mediante una indagación previa. En el mismo comunicado, el Ministerio Público señaló que revelar fuentes supone un “acto voluntario” mientras que el levantamiento del secreto de las comunicaciones “no es la voluntad del requerido, sino una resolución judicial”.
La RELE advierte que esta diligencia se produce dentro de un contexto de hostigamiento, intimidación y estigmatización dirigidos hacia el medio de comunicación IDL-Reporteros y su director. El periodista Gustavo Gorriti es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión debido a las amenazas recibidas, presuntamente relacionadas con su labor periodística y el ejercicio de su libertad de expresión en el país.
Por otro lado, preocupan los reportes sobre el allanamiento a la vivienda del periodista Juan Carlos Tafur Rivera, director del portal Sudaca.pe, el pasado 23 de abril de 2024. En la diligencia se habría incautado computadores, teléfonos celulares y otros equipos de comunicación del periodista y sus familiares. Según información pública, Tafur Rivera fue vinculado a una investigación por publicar un reportaje que supuestamente buscaba desprestigiar a una fiscal superior y participar en coordinaciones con una persona investigada en el caso «Los Cuellos Blancos del Puerto». A través de un comunicado público, las autoridades negaron que “las investigaciones sean producto de la ‘venganzas’ en perjuicio de los investigados”.
Esta Oficina manifiesta su preocupación frente a la activación de investigaciones y diligencias preliminares contra ambos periodistas, las cuales, de acuerdo con reportes públicos se habrían iniciado a partir de versiones no corroboradas y sin la existencia suficiente de elementos objetivos que fundamenten la comisión de tales delitos. Asimismo, esta Oficina señala la importancia de que las autoridades evalúen cuidadosamente la información antes de anunciar este tipo investigaciones, considerando el momento y el nivel de corroboración, a fin de prevenir impactos en la confianza y valoración social del periodismo.
Al respecto, en el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Perú, la RELE instó al Estado a “[p]romover un ambiente con garantías para la libertad de denunciar actos de corrupción, el desarrollo del periodismo investigativo y el ejercicio del derecho a buscar, recibir y difundir información relativa a corrupción”. Esto incluye, entre otros, garantizar la seguridad de periodistas que investigan y denuncian presuntos hechos de corrupción y asegurar la protección de la confidencialidad de las fuentes periodísticas.
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Asimismo, esta Oficina recuerda que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. Cualquier medida tendiente a incautar material periodístico que requiera relevar fuentes tiene el potencial de generar un efecto intimidatorio y restrictivo de la libertad de expresión.
Por lo anterior, la RELE llama al Estado de Perú y en particular, a las autoridades judiciales competentes, a que en el marco de las diligencias judiciales adelantadas contra los periodistas Gorriti y Tafur se respete y garantice su derecho a la reserva de fuentes tomando en consideración que la confidencialidad de estas constituye un elemento esencial en el desarrollo de la labor periodística y en el rol conferido al periodismo por la sociedad de informar sobre asuntos de interés público; así como a resolver estas diligencias según estándares internacionales en materia de debido proceso y libertad de expresión.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
Vea Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Perú.