Al adoptar la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, los Estados se comprometen a consolidar la democracia y reconocen que es necesaria para alcanzar la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Estos dos instrumentos establecen que la independencia judicial es un elemento esencial de todo sistema democrático.
Según la solicitud, la beneficiaria se encuentra con paradero desconocido desde el 20 de abril de 2024, tras haber sido presuntamente reclutada por el grupo armado ilegal de la Segunda Marquetalia. La adolescente logró comunicarse, hasta agosto de 2024, con sus padres por audios y mensajes.
Según la solicitud, la propuesta beneficiaria fue detenida el 20 de agosto de 2024 y llevada a la sede de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de la Guaira. El 22 de agosto, fue trasladada por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional a un lugar desconocido.
El 30 de julio de 2024, en horas de la mañana en la ciudad de Caracas, el beneficiario habría sido privado arbitrariamente de su libertad por presuntos agentes del Estado adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Desde ese momento no se conocería su paradero.
En estos encuentros con autoridades, defensoras y defensores de derechos humanos y sociedad civil, recibió información sobre el estado y los retos en la implementación de las recomendaciones, incluyendo información de la Fiscalía de la Nación relacionada con las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos contenidas en el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú.
Las causas de la cancelación habrían sido «no reportar» sus estados financieros por períodos que oscilan entre uno y 35 años. Además, establece que el destino de los bienes muebles e inmuebles de estas organizaciones corresponderá a la Procuraduría General para su traspaso a nombre del Estado.
Para su elaboración, se realizaron dos encuentros con adolescentes, quienes contribuyeron a validar el texto y proponer un lenguaje y diseño adaptados para ellos. Este proceso se llevó a cabo en alianza con Save the Children y la Red Latinoamericana de Niñas, Niños y Adolescentes (REDNNyA’s) y contó con el apoyo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN/OEA).
A la fecha, se desconoce su paradero por lo que se estima que se ha configurado su desaparición forzada. Tanto la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) han negado tenerlo bajo su custodia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la Resolución 1/24, reconociendo a los observadores electorales como defensores de derechos humanos.
La parte solicitante indicó que Douglas Acevedo Castillo, Anner Herrera y Geovanny Jaret Guido Morales se encuentran recluidos en la cárcel «La Modelo», en condiciones inadecuadas de detención y sin recibir la atención medica necesaria para sus padecimientos. Asimismo, enfrentan hechos de violencia tales como golpizas, malos tratos e intimidaciones por parte de agentes penitenciarios.
Estas estrategias incluyen la adopción de leyes y/o políticas públicas que representarían un retroceso en la garantía de los derechos previamente consolidados o que cuentan con grandes avances a nivel interno de cada Estado.
