TC lo admitió a trámite, con suspensión.
Requerimiento de inaplicabilidad que impugna normas que establecen el régimen de intereses penales, su capitalización y recargos adicionales respecto de deudas previsionales, y exigen consignar el total adeudado para apelar, se admite a trámite.
Las normas legales impugnadas al establecer medidas restrictivas o ablativas de derechos fundamentales no cumplen los requisitos para ajustarse a la Constitución: a) perseguir un fin lícito; b) ser idóneas para alcanzarlo; c) ser necesarias por no existir un medio menos lesivo; d) ser proporcionadas, en el sentido que el beneficio que reportan sea mayor al daño infligido; y e) respetar las garantías de un debido proceso, en especial el derecho a revisión judicial.
La Segunda Sala del Tribunal Constitucional admitió a trámite, con suspensión, para resolver sobre su admisibilidad, un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 19, incisos 11, 12, 13 y 15 del Decreto Ley N° 3500, que establece nuevo sistema de pensiones; del artículo 3, N° 5, de la Ley N° 19.260, que modifica la Ley N°17.322 y el Decreto Ley N°3.500, de 1980, y dicta otras normas de carácter previsional; y del artículo 8°, inciso primero, de la Ley N° 17.322, que establece normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social, para que no se apliquen en la resolución de lo pendiente en causa seguida ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.
Los preceptos legales cuestionados disponen:
“Para cada día de atraso la deuda reajustada devengará un interés penal equivalente a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a que se refiere el artículo 6° de la ley N° 18.010, aumentado en un cincuenta por ciento.» (Art. 19, inciso 11, DL 3500).
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