Para negar la restitución de los fondos el Fisco invocó la falta del decreto que apruebe la cuenta lo que se prolonga por casi tres décadas y sin indicios de alguna próxima solución. Es esta condición suspensiva, supeditada a la sola voluntad del Estado obligado, fuerza declarar inaplicable la norma objetada por causar un resultado inconstitucional.

Se propone que el Juez de Garantía autorice los permisos de salida a los condenados que requieran dos tercios de la pena cumplida para acceder a la libertad condicional.

El abandono de procedimiento no puede convertirse en una vía indirecta ni en un verdadero “atajo” de elusión del pago de la ineludible e irrenunciable obligación de entero de cotizaciones previsionales, respecto de las cuales el empleador es un agente retenedor fiduciario y enterador, pues lo contrario llevaría a un verdadero subsidio al incumplimiento de la legislación previsional.

No vulnera la autonomía de los grupos o cuerpos intermedios, la igualdad ante la ley, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la libertad de trabajo ni el derecho de propiedad.

Norma que niega recurso de apelación contra resolución que concede medida precautoria en juicios de arrendamiento de predios urbanos, no produce resultados contrarios a la Constitución.

La requirente no ha logrado explicar de qué manera en su caso concreto –una acción de tutela de derechos fundamentales ante la judicatura laboral− la norma produciría efectos inconstitucionales.

Raúl Mera Muñoz es ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso desde el año 2015 y fue su presidente en el año 2016 y en distintos periodos se ha desempeñado como ministro suplente de la Corte Suprema.

Es el sentenciador de fondo quien deberá resolver la controversia y hacer las distinciones que estime pertinentes, entre las que se encuentra el carácter público de la demandada, pero también la categoría de los derechos demandados sin que sea esta magistratura la que deba zanjar el conflicto al calificar de inconstitucionales normas que, por el contrario, ha reafirmado en su razonabilidad y constitucionalidad, tanto en sus dimensiones individuales como colectivas.

Son las instituciones previsionales las encargadas de perseguir el pago. El trabajador es un tercero. Por ello, aunque se estimara que la dilación del proceso es imputable a una falta de diligencia de la A.F.P, mal podría esa negligencia traducirse en una declaración de abandono que tiene por objeto pagar las cotizaciones previsionales que se adeudan al trabajador, pues con ello se estaría incumpliendo el principio de protección (art. 19 N°16).

No parece coherente que si una persona puede reclamar ante los tribunales contra la decisión del CPLT que confirma la denegación que hizo el órgano de la Administración, no pueda hacerlo el órgano administrativo. Afecta el debido proceso en tanto no existe una vía judicial abierta. La decisión del Consejo se resuelve en “única instancia”. No puede acudir a un tercero independiente e imparcial. (Voto por acoger).