La sentencia del Tribunal Constitucional, además de examinar las garantías y conceptos constitucionales involucrados, sostiene que “… el sólo hecho que el apremio esté justificado en el orden público económico frente a vulneraciones contrarias a la libre competencia permite desechar (…) la presunta afectación de la garantía de la igualdad ante la ley”.
Para el Tribunal Constitucional del Perú la consulta previa de pueblos indígenas y afro no es un derecho fundamental.
La actuaria del sumario administrativo cuenta con atribuciones de ministro de fe, por lo que puede certificar aquellas circunstancias solicitadas por el actor.
La Comisión de Venecia es un órgano especializado del Consejo de la Unión Europea que ofrece recomendaciones generales relativas a materias de interés para el proceso constituyente.
El fallo señala que, la sanción impuesta a la concesionaria de servicios de televisión que reclama en estos autos, resultó proporcional y ajustada a derecho, pues el CNTV teniendo en cuenta la gravedad de la infracción cometida, estimó aplicarle una sanción de multa que, con posterioridad fue declarada inconstitucional.
El actor se limitó a reiterar las alegaciones desarrolladas en el reclamo de ilegalidad, los que no resultan aptos para alterar lo deducido.
El Tribunal Constitucional, actuando de oficio, declaró inconstitucionales las normas que así lo establecían. Antes se habían declarado inaplicables por vulnerar la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.
La requirente aduce que vulnera la igualdad ante la ley, la igualdad en el ejercicio de los derechos y el debido proceso, así como el principio de publicidad de los órganos del estado.
El requirente alega que establece un castigo que no permite demostrar a través de un debido proceso, si una persona es efectivamente culpable; pues la misma no respeta la garantía de igualdad, el principio de proporcionalidad y la presunción de inocencia.
Contraviene la esencia de la garantía de igualdad y el principio de proporcionalidad.
La requirente alega que, en el caso concreto, de aplicarse las normas objetadas, le impedirán hacer efectiva la responsabilidad penal de los querellados.
