Rodrigo Topelberg, imputado en caso “Factop”, apela sentencia que rechazó declarar ilegal la prisión preventiva en su contra.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo interpuesto en contra de la Primera Sala del Tribunal de Alzada de la capital, por decretar la prisión preventiva en contra de Rodrigo Topelberg, coimputado del caso denominado “Factop”.

El recurrente alegó que, a pesar de que el imputado formó parte de la estructura orgánica y con poder de decisión en Factop, no son antecedentes suficientes para considerarlo como autor de delitos económicos, desde que no tuvo conocimiento ni intervención en el esquema defraudatorio que en su seno se fraguaba, pues si bien, la CMF inició una investigación contra la compañía STF, respecto de la cual, Topelberg era accionista minoritario, aquello no es un indicio para determinar su participación en la maquinación de facturas falsas, sino más bien, ello obedece a infracciones administrativas, las que por cierto, no arribaron a cargos ni sanciones en contra del imputado, pues sólo se formularon cargos contra la empresa, sus dueños y directivos, luego de que se suspendieran las actividades de STF. De ese modo, la resolución que revocó el arresto domiciliario parcial y arraigo nacional por la prisión preventiva no sólo es ilegal, por cuanto no satisface estándares mínimos de fundamentación de una resolución jurídica, sino que además vulnera la libertad personal y seguridad individual del imputado, ya que, además, no consideró los argumentos cruciales de la defensa, entre ellos, las atenuantes del artículo 11 N°s 6,7, 8 y 9 del Código Penal, y la falta de necesidad de cautela de la letra c) del Código Procesal Penal.

Lo anterior, ya que denunció los hechos ante el SII; se autodenunció ante la CMF; interpuso querellas criminales en julio de 2023 en contra de los hermanos Sauer y en contra de quienes resulten responsables (puso freno al esquema defraudatorio de los Sauer); y con ocasión del audio filtrado en noviembre de 2023, se evidencia que el imputado no tenía conocimiento de los delitos que cometían sus socios, en cuanto discutían si le debían informar de los ilícitos, decidió entregarse voluntariamente a Carabineros, luego de que se enterara de que se había despachado una orden de detención en su contra; por lo que ante la concurrencia de cuatro atenuantes y la inexistencia de agravante, el Tribunal perfectamente podría rebajar hasta tres grados la pena, conforme al artículo 68 del Código Penal, lo que torna improbable cualquier pretensión de una prognosis de pena de cumplimiento efectivo.