En forma unánime, el Pleno del Tribunal Constitucional español admitió a trámite dos recursos de inconstitucionalidad promovidos por Gobierno.
El primero de ellos, contra la Ley de Galicia 13/2015, de 24 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, y el segundo, contra la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid.
El Pleno de la Magistratura Constitucional ibérica acordó suspender la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados en ambos recursos, decisión que es consecuencia automática de la invocación del art. 161.2 de la Constitución por parte del Gobierno, el cual señala que “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.
De igual modo, la Magistratura Constitucional española acordó conferir traslado de ambas demandas al Congreso de los Diputados y al Senado y, por otro lado, acordó dar traslado de la primera de ellas al Parlamento y a la Junta de Galicia y de la segunda, a la Asamblea y al Gobierno de la Comunidad de Madrid, las cuales dispondrán de quince días para personarse en el proceso correspondiente y formular las alegaciones que consideren convenientes.
Se espera que en los próximos días la Magistratura Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento.
Vea textos íntegros de las resoluciones en causas Roles 5190-2016 y 5191-2016.
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