La moción de los diputados Accorsi, Aguiló, Alinco, Andrade, Carmona, De Urresti, Girardi, Gutiérrez, Jiménez y Ojeda expone que “las políticas represivas ejecutadas por el régimen militar entre los años 1973 y 1990, crearon un cuadro de graves, extendidas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos”, los cuales “fueron denunciados nacional e internacionalmente”. En este contexto, añade que “se desarrollaron en la institucionalidad fenómenos y mecanismos de impunidad que deformaron y desnaturalizar gravemente el ordenamiento jurídico- político del país.”
Observa luego que hoy el derecho internacional estima que la impunidad, la negación o justificación de los delitos de lesa humanidad es un «ilícito internacional», debido a que “las graves violaciones de los Derechos Humanos constituyen una ofensa en perjuicio de toda la humanidad”. Por lo anterior, es deber de “todos los Estados, de acuerdo al principio de justicia universal, la persecución, juzgamiento y sanción de los responsables de estos crímenes”.
En la instancia, el Diputado Tucapel Jiménez manifestó que se adoptó la decisión de presentar el proyecto de ley, luego de tomar conocimiento de la iniciativa del alcalde Labbé de organizar un acto de homenaje al “violador de derechos humanos”, Miguel Krassnoff. Agrega que aunque “no tiene efecto retroactivo, marca un precedente importante para que en el futuro no existan este tipo de justificaciones”.
Con el objeto de proteger la dignidad de “quienes sufrieron en carne viva los delitos cometidos y a sus descendientes”, el proyecto propone sancionar con una pena de cárcel de seis a dos años a quienes “públicamente nieguen, minimicen o condonen, intenten justificar o aprueben los crímenes de leso humanidad o genocidios”, específicamente bajo el régimen militar.