El objetivo del proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados, es fortalecer e incentivar la representatividad de las mujeres en cargos locales de elección popular, con la finalidad de contribuir con un cambio cultural profundo, para aumentar su participación en política y potenciar una sana competitividad democrática entre hombres y mujeres.
La iniciativa, despachada ahora a segundo trámite al Senado, fue debatida en la Sala en dos sesiones. En los discursos se dejó constancia del amplio consenso existente para avanzar hacia una mayor paridad representiva en el ámbito político local y regional que, en la presente propuesta, pasa por definir un tope a la cantidad de candidatos o candidatas que los partidos pueden presentar en cada elección hasta el año 2032, para llegar a ocupar un cargo en los consejos regionales y concejos municipales.
Cabe señalar que el texto original planteado por las diputadas impulsoras de la ley fue evolucionando en su redacción tras su paso por las Comisiones de Mujeres y Equidad de Género, de Hacienda y de Gobierno Interior. De hecho, fue en esta última instancia donde se concitó el acuerdo final que garantizó el apoyo del Ejecutivo y del oficialismo, aspecto relevante considerando la inclusión de normas de exclusiva prerrogativa del Gobierno y del alto quórum exigido para su aprobación (89 votos favorables como mínimo).
En concreto, el proyecto define que ni candidatos ni candidatas podrán superar el 60% de las postulaciones declaradas y aceptadas por el Servicio Electoral (Servel) para ocupar cargos en el concejo municipal o en el consejo regional.
Dicho porcentaje será obligatorio y se calculará con independencia de la forma de nominación de las candidaturas.
En el caso de partidos políticos, hayan o no pactado, cuyas candidaturas declaradas y aceptadas por el Servel a nivel nacional sean tres, ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán ser más de dos del total de candidaturas.
La infracción a lo recién señalado tendrá como sanción el rechazo de la totalidad de candidaturas declaradas, del partido que no haya cumplido con los requisitos.
No será exigible lo anterior a los partidos políticos, hayan o no pactado, que presenten un solo candidato a consejero regional a nivel nacional.

Sobre otras normas de la propuesta

La iniciativa contempla, asimismo, diversos procedimientos que deberá realizar el Servel por iniciativa propia o por solicitud de los partidos y pactos políticos, por ejemplo, en caso de que la totalidad de declaraciones de candidaturas sean rechazadas.
El proyecto establece que las disposiciones de esta ley solo serán aplicables para los procesos electorales de consejeros regionales de 2021, 2024, 2028 y 2032 y para los procesos electorales municipales de 2020, 2024, 2028 y 2032.
Además, se determina que, para dichos procesos eleccionarios, las candidatas a alcalde, gobernador regional, consejero regional y concejal tendrán derecho a un reembolso adicional de sus gastos electorales, de cargo fiscal, de 0,0100 unidades de fomento por cada voto obtenido.
Cabe señalar que la propuesta fue originada en una moción impulsada por la diputada Hernando, junto Cariola, Carvajal, Marzán, Parra, Castillo, Pérez, Cicardini, Nuyado y Jiles.
En el debate, el punto de mayor controversia apuntó a restar del sistema de cuota a los cargos unipersonales, es decir, para definir los cargos de alcalde/sa o de gobernador/a regional.
Para sancionar el proyecto en particular se efectuaron 16 votaciones que, en resumen, privilegiaron el texto aprobado por la Comisión de Gobierno Interior por el propuesto por su par de Mujer y Equidad de Género.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis

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