Sala de la Cámara de Diputados, aprueba por 128 votos a favor, cuatro en contra y doce abstenciones, solicitar al Presidente de la República que instruya a Bienes Nacionales tomar las medidas necesarias para reactivar las transferencias gratuitas de inmuebles fiscales a personas naturales, para facilitar la regularización de terrenos fiscales en posesión de habitantes de la región de Aysén.
En el documento se informa que el DL 1.939, de 1977 del Ministerio de Tierras y Colonización de normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, establece en su articulado una autorización para el Presidente de la República para que, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, transfiera gratuitamente inmuebles fiscales rústicos o urbanos, a personas naturales chilenas, siempre que por sus antecedentes socio-económicos se justifique o se trate de casos contemplados en planes nacionales o regionales de este Ministerio.
Sin embargo, se remarca que, en la actualidad, la gestión patrimonial de los inmuebles estatales o fiscales, solo está reducida al otorgamiento de arrendamientos, concesiones y ventas directas, lo que impide la adquisición de los terrenos fiscales a las personas de más escasos recursos.
Indican, asimismo, que la Ley 19.766, denominada la Ley del Sur, establece que se exime de los requisitos establecidos en el citado decreto, para optar a títulos gratuitos de dominio, a las personas naturales chilenas que tengan solicitudes pendientes de ventas directas o de títulos gratuitos de inmuebles fiscales urbanos o rurales ubicados en la región de Aysén y otras zonas extremas, que cumplan con determinadas condiciones.
En la resolución se explica que, por medio de una ley, en el año 2003, se prorrogó la vigencia del beneficio contemplado en la Ley del Sur, hecho que permitió por un breve plazo regularizar una gran cantidad de terrenos. Sin embargo, se remarca en el documento, muchas personas no pudieron acceder a dicha regularización, quedando en espera de la apertura de un nuevo plazo o de una solución definitiva a su situación.
La idea fue planteada a la Sala por los diputados Alinco, Mulet, Álvarez y Calisto.

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