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Fuente: Emol
Convención Constitucional.

Convencionales presentaron la iniciativa que consagra el «derecho a una vivienda digna para los chilenos».

10 integrantes de la Convención impulsaron la propuesta de norma Constitucional que busca reducir el déficit de viviendas, garantizando la sustentabilidad, seguridad y accesibilidad.

16 de diciembre de 2021

Derecho de las personas para vivir en un hogar con condiciones óptimas, es el objetivo de la norma propuesta por los convencionales Roberto Vega, Paulina Veloso, Angélica Tepper, Álvaro Jofré, Adriana Cancino, Luciano Silva, Bernardo de la Maza, Manuel Ossandón, Helmuth Martínez y Geconda Navarrete. 

El principal argumento para presentar la iniciativa es el déficit tanto cuantitativo como cualitativo de viviendas que hay en Chile según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que a pesar de ser el más bajo de Latinoamérica (21%), sigue significando que un alto número de familias que no tienen un hogar y aquellas que lo tienen, necesitan mejoras.  Actualmente, en América del Sur el derecho a la vivienda se encuentra vigente en las constituciones de Argentina y Brasil, donde establecen el acceso a la vivienda y el seguro social que garantiza la participación del Estado.

Por otra parte, según informes de la Cámara Chilena de La Construcción en Chile hay cerca de dos millones 500 mil personas sin vivienda dado, en parte, al alza de las tasas bancarias por la inestabilidad económica que se ha acrecentado desde la crisis social del 2019 y la pandemia del Covid-19. Mientras que, el déficit habitacional llegó a 730 mil viviendas.

Por el mismo motivo, la iniciativa pretende garantizar el derecho a los chilenos para que puedan participar de decisiones que influyan en el proceso de desarrollo de las comunas. Además, integrarán “conceptos básicos como criterios de sustentabilidad, seguridad, accesibilidad para personas discapacitadas y las instalaciones de servicios básicos en las comunas cuyas condiciones lo ameriten».

En temas de fiscalización, el mal uso de subsidios o fondos gubernamentales por parte de constructoras o inmobiliarias serán sancionados con la prohibición para postular a fondos públicos, mientras que “para los beneficiarios la sanción será la pérdida del derecho y en ambos casos las demás sanciones que se establezcan en la ley”, según se establece en la iniciativa constitucional.

La propuesta ingresada por la Comisión Sobre Derechos Fundamentales el pasado 10 de noviembre ha sido la primera norma presentada y ya fue aceptada con admisibilidad y expuesta en la sesión plenaria N° 41 el 26 de noviembre.

 

Vea la iniciativa constitucional completa.

 

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