Sin duda, el deseo de repensar la relación entre el Estado chileno y los pueblos indígenas ha sido uno de los pilares que inspiró el proceso para la redacción de la nueva Constitución. Esto gracias al impacto del movimiento indígena que volvió hegemónico el reconocimiento de una deuda histórica con el pueblo mapuche y otros pueblos.

Con una mirada de valores del siglo XXI, el trato hacia los pueblos pre-europeos del Estado chileno a lo largo de su historia, y principalmente durante la pacificación de la Araucanía, ha sido brutal y cruel. En lugar de integración, respeto mutuo y apreciación por la diferencia, hubo conquista y aniquilación. Por mucho tiempo el mapuche en Chile sentía vergüenza por ser mapuche. El mapuche de décadas atrás trataba de esconder su idioma, su cultura, y sus tradiciones por miedo motivo de burla y de discriminación.

El mapuche de hoy en día, sin embargo, está orgulloso. Defiende su particular cosmovisión. La bandera mapuche se ve en las protestas e incluso tiene más popularidad entre las generaciones jóvenes que la bandera oficial de Chile. Los valores del siglo XXI resaltan la diferencia como una cualidad positiva bajo el concepto de la diversidad. El resultado ha sido el creciente número de chilenos que se identifican como mapuches, lo cual sería imposible en una cultura que aún reniega de sus raíces mapuches.

Este cambio cultural se ve reflejado en varios gestos de la convención constitucional, donde el movimiento indígena ya ha ganado avances significativos. Sólo por nombrar alguno de ellos, la primera presidenta de la convención fue una mujer mapuche, Elisa Loncon. Se aprobó la creación de sistemas judiciales paralelos para los pueblos indígenas. La convención declaró que Chile será un estado plurinacional. Además, la convención ha exigido la liberacion de los llamados presos políticos mapuches. Estos gestos de la convención son inéditos en la historia de Chile y remarcan un cambio de paradigma en como el pueblo y el estado chileno conceptualizan su relación con los pueblos indígenas.

Dado todo lo anterior, se puede esperar el fin de la violencia creciente en la Araucanía? Estos cambios serán suficiente para satisfacer los grupos armados de la macro-zona sur? Estos grupos estarán dispuestos a entregar sus armas? Es la nueva constitución un triunfo a su lucha histórica? Será suficiente para declarar la victoria y la paz?

Para empezar a formular una respuesta a estos interrogantes, primero hay que entender qué es lo que quieren los grupos armados que operan en la Araucanía. Exigen la creación de un estado mapuche totalmente soberano e independiente. Miran al estado chileno como su enemigo histórico. Por lo tanto, no quieren inclusión, quieren separación. Sus acciones contra la propiedad, las personas, y las fuerzas armadas del estado van todo en la línea para echar a la capital y al estado de las tierras ancestrales del pueblo mapuche. Los cambios propuestos por la convención son paradigmáticos pero ninguno contempla nada tan radical como la cesión de la octava y novena región a un nuevo estado mapuche.

Como consecuencia, las ultimas declaraciones por los grupos armados del sur no deberían sorprender. En Julio 2021, luego de la muerte de Pablo Marchant en un enfrentamiento con Carabineros, el principal grupo protagonista de ataques violentos, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), liberó una declaración que detallara su opinión acerca de la convención constitucional.

La CAM indicó que “la participación mapuche en la convención, como una supuesta oportunidad para ‘refundar’ el país, lo que en realidad representa es un acto de sometimiento al pacto colonial.” Así mismo, entonces, “La elección de esta vía institucional intenta poner una camisa de fuerza a la soberanía de nuestro proyecto político emancipatorio y, a la vez, someterlo a la geopolítica de un estado criminal.”

Con respecto al plurinacionalismo de la nueva Constitución, la CAM enfatizó que “La salida plurinacional jamás representará un verdadero proceso de descolonización y liberación para nuestro pueblo.” En vez de participar en la convención, la CAM declaró que “la única vía posible para la liberación nacional mapuche es el weychan [batalla] y la confrontación directa contra las expresiones del capitalismo en el Wallmapu”. Por ende, la “base concreta de esta estrategia debe ser, en primer lugar, la declaración de guerra directa contra las forestales y toda expresión del capitalismo en nuestro territorio”.

Los avances de la nueva Constitución quizás ganarán el apoyo de los grupos de activistas mapuches siempre abiertos a la vía institucional. Pero queda más que claro que la convención jamás va a satisfacer a los grupos más extremistas que hace rato se dedicaron a la vía armada. Sin el desarme de los grupos violentos como la CAM y el WAM los niveles de violencia en el sur no bajarán.

En el mejor de los casos, la nueva constitución servirá para quitarle apoyo popular a estos grupos armados y así abrir el espacio político para que el gobierno haga el trabajo duro y sucio de desarticular estos grupos, sobre todo ahora que han forjado vínculos con el grande narcotráfico internacional. La lamentable verdad es que un grupo armado comprometido con la violencia solo puede ser derrotado en batalla. Si no entregarán sus armas, hay que quitárselas.

Luego de la aprobación de la nueva Constitución, ¿el Presidente Boric y su Ministra de Interior Siches, estarán dispuestos a darle con todo en contra de los grupos armados que operan en la macrozona sur o seguirán tolerando la violencia, la destrucción y la muerte? La nueva Constitución en sí no terminará con el conflicto en el sur. Para eso, se requiere de voluntad política. ¿Boric la tendrá?

William Skewes-Cox

Abogado titulado de la Universidad de Georgetown.