Se logró. Después de intensas negociaciones, la Comisión Experta consiguió cerrar acuerdos y puso fin al debate en particular de las más de 900 enmiendas ingresadas. Algunas cosas quedaron en el aire, pero ahora el pleno tendrá que ratificar lo aprobado por las subcomisiones. Mientras tanto, las fuerzas políticas aún se recomponen del remezón de las pasadas elecciones, y la gran pregunta es qué hacer y cómo tratar al Partido Republicano.

Todo esto y más en la nueva edición del Boletín Constitucional.

La Comisión Experta llegó al último tramo de la discusión en particular de las enmiendas a contrarreloj y sin margen de error. Ni el día de la madre fue impedimento para que los expertos se quedaran hasta altas horas de la madrugada dialogando y acercando posturas. Y es que, al menos en principio, al siguiente día los comisionados tenían que votar en las subcomisiones las más de 900 enmiendas ingresadas. Pero eso finalmente no sucedió.

Lunes y martes de la semana los comisionados se la pasaron en reuniones informales intentando cerrar de una vez por todas el asunto. Pero no había caso. Sistema electoral, paridad, control preventivo, derechos sexuales, el umbral del 5%, escaños reservados, propiedad privada y del agua, derecho a huelga y el derecho sobre salud eran algunos de los nudos.

La idea y el ánimo dentro de la Comisión, sin embargo, era redactar las propuestas de “unidad de propósito”: enmiendas que, pese a haber sido presentadas fuera del plazo correspondiente, fueron impulsadas por el oficialismo y la oposición. La idea era mantener los acuerdos y acercar posturas.

Fue en este vaivén de argumentos y desentendimientos que los comisionados oficialistas enviaron un documento de seis páginas a la oposición, titulado “Protocolo de acuerdo Comisión Experta”. Su contenido era simple pero incisivo: normas redactadas que permitían resolver los principales nudos. Y dio resultados. En la madrugada del martes, finalmente se cerró un acuerdo transversal y que puso punto final a esta etapa.

El lobby de los “partidos callampa”

No todo llegó a buen puerto. Pese a las buenas intenciones, igualmente quedaron puntos que quedaron sin zanjar en las sesiones maratónicas del día miércoles. Las cuatro subcomisiones se reunieron a partir del mediodía, y hasta total despacho, para votar las enmiendas presentadas. Todas salvo la subcomisión de Principios y Derechos Civiles y Políticos: la discusión se alargó más de lo esperado y tuvo que sesionar el día jueves.

Lo que sí encontró acuerdo fue dejar consagrado en el primer artículo del anteproyecto constitucional al Estado Social y Democrático de Derecho, aunque en su segundo inciso. También lo encontró la no inclusión del Control Preventivo de la futura Corte Constitucional o el sistema de nombramientos de los nuevos órganos creados para las labores no jurisdiccionales del Poder Judicial.

El polémico umbral del 5% también fue consagrado por los expertos, aunque con la exceptuación del mecanismo en caso de conseguir ocho parlamentarios en ejercicio y, además, algunas medidas transitorias: sólo para la próxima elección parlamentaria la barrera será del 4% y la excepción de cuatro parlamentarios. No todos quedaron contentos.

Los expertos de oficialismo y oposición compartían el diagnóstico de las dificultades que la fragmentación parlamentaria había traído consigo en la gobernabilidad de los últimos periodos presidenciales. De ahí que haya surgido la idea de crear un mecanismo de entrada al parlamento. No obstante, son los mismos parlamentarios los que hoy comienzan a mostrar reticencias al respecto.

Ya desde la semana pasada, los denominados “partidos callampa” habían comenzado a movilizarse buscando apoyo y suavizar el artículo. Pero ahora, estas colectividades que no habrían obtenido representación parlamentaria de regir la norma han comenzado a presionar al gobierno para que tome cartas en el asunto.

Y es que, de hecho, desde el oficialismo solo el Partido Socialista y Comunista habrían obtenido escaños en el congreso en base a las elecciones del 2020. Las otras colectividades habrían sido el Partido De la Gente (PDG), Renovación Nacional (RN), Evópoli, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el Partido Republicano.

Es más, partidos como Revolución Democrática, que aportaron cuatro consejeros para el nuevo órgano constitucional, quedarían sin representación parlamentaria de existir el umbral. Lo mismo sucedería con colectividades históricas como la Democracia Cristiana (DC), el Partido Por la Democracia (PPD) y los radicales.

Pero lo hecho, hecho está. Y el umbral del 5% parece ser ya una realidad de un sistema electoral que no quedó del todo zanjado. Porque, después de muchas reuniones y discusiones, los expertos fracasaron en su cometido de generar consensos respecto al sistema de listas, los pactos electorales y los desdistritajes. Si queda o no consagrado en la constitución será ahora deliberación del Consejo Constitucional.

“Constitucionalización” de las Isapres

Otro de los temas sensibles que no suscitaron acuerdos entre los comisionados son las cotizaciones en la salud. Si bien el derecho quedó consagrado, el literal que establecía que “cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse” para sus cotizaciones, quedó en blanco.

Esta era una de las disputas más difíciles de consensuar entre el oficialismo y la oposición, enmarcada por grandes diferencias ideológicas. Mientras las fuerzas de derecha defienden la libertad de elección de los cotizantes entre instituciones públicas o privadas, el oficialismo objetaba que la redacción, tal cual estaba, “constitucionaliza” de facto a las Isapres.

La concepción sobre el destino de las cotizaciones es algo que incluso la sociedad tiene visiones, en apariencia, irreconciliables y contradictorias. En una encuesta de la UDP y Feedback Research, y realizada en el marco de la crisis de las Isapres y la discusión constitucional, se reveló que un alto porcentaje de la población (62%) manifestó una mayor preferencia para que sea el Estado el órgano encargado de proveer servicios básicos.

Pero, al mismo tiempo, casi la mitad de los encuestados cree que la elección del sistema de salud debe ser una decisión individual según las capacidades de cada persona, y solo un 25% prefiere que sea una resolución colectiva que beneficie a todas las personas.

Es más, un 79% de los encuestados dijo apoyar que el Estado pueda financiar un sistema único de salud gratuito a través del aumento de impuestos, y el 59% está de acuerdo con la idea de que todas las personas deberían aportar un porcentaje de sus salarios para financiar la salud pública. Los autores del estudio remarcan que aquellos que menos apoyan esta idea son personas de entre 40 y 49 años, de tendencia política de centroderecha o derecha, y de nivel socioeconómico bajo.

Posiciones intermedias

Pero no todos los derechos sociales o económicos fueron rechazados. El oficialismo, de hecho, ganó grandes batallas, y logró consagrar la libertad sindical, donde se acordó no restringir constitucionalmente la huelga a la negociación colectiva y permitir a los funcionarios públicos ser titulares del derecho.

Otro acuerdo transversal fue la modificación del capítulo sobre medio ambiente. Se habían presentado 32 indicaciones al texto aprobado en general, pero finalmente se consensuó siete enmiendas de unidad de propósito que modificaron las propuestas iniciales.

También hubo acuerdo unánime en resguardar el derecho a la vida, aunque la enmienda que establecía que «la ley protege la vida del que está por nacer y la maternidad vulnerable» no fue aprobada.

También en temas de representatividad hubo acuerdos limitados. Los escaños reservados para Pueblos Originarios, una idea impulsada por el oficialismo, no logró acuerdos entre los expertos. Pero sí se logró consensuar una norma que les entrega reconocimiento constitucional y derechos colectivos, además de abrir la posibilidad para que una ley pueda establecer mecanismos para promover su participación en la vida política.

Una medida similar ocurrió con la paridad. La negociación solo consiguió un transitorio que mandata al Congreso a elaborar una ley de paridad que permita conseguir un Congreso con un equilibrio de género 60-40, pero que solo durará por dos elecciones o hasta que entre en vigencia la ley electoral respectiva.

¿Tuvo que ver la aplicación del mecanismo de la paridad de las pasadas elecciones con las dificultades para dejar consagrada una norma al respecto en el anteproyecto? No lo sabemos. Pero lo que sí es un hecho es que sigue siendo una de las controversias de unas elecciones que aún siguen remeciendo el tablero político.

Movimientos republicanos

La arremetida del Partido Republicano aún sigue dando de que hablar. No solo por cómo los partidos han comenzado a reconfigurar su fuerza, sino también por las propias acciones de la colectividad. Desde ya se encuentran alineando sus fuerzas para su próximo objetivo: el Consejo Constitucional.

La semana pasada se reunieron en Casa Blanca con el objetivo de presentar a todos sus consejeros electos. Y, dentro de su plan de acción, los ex convencionales del sector prestarán su asesoría al partido. Entre ellos, se encuentran Rocío Cantuarias, Marcela Cubillos, Martín Arrau y Ruth Hurtado.

Pero eso no es todo. Para este jueves y viernes los republicanos fijaron reuniones de su “comité de instalación”. En esta instancia, los consejeros electos del partido deberán estudiar la Constitución actual y la propuesta fallida con el objetivo de definir los temas que generan transversalidad en el órgano. O al menos así lo mencionó el presidente del partido, Arturo Squella. Entre otras cosas, el exdiputado destacó que, si el proyecto no llega a buen puerto, la actual Carta Magna es una buena opción para el país.

Y es que el Partido Republicano nunca estuvo a favor de la redacción de una nueva carta magna, ni de la realización de un proceso constitucional. Por lo mismo, se espera que muchas de las ideas que promoverán ya están vigentes en la constitución que rige en la actualidad.

Otros de los análisis post-elecciones de Squella ha sido el recelo que existe en una buena parte de la élite de Santiago. El timonel republicano asegura, sin embargo, que en la medida que vayan conociendo la forma de trabajo de los republicanos, la ciudadanía se dará cuenta que hacen bien su trabajo y defienden sus ideas de manera clara.

Ya en una gran parte de la población esas ideas han hecho sentido. Como no es secreto, los resultados superaron las expectativas incluso del mismo partido. Y el voto republicano no sólo arrasó en las comunas más adineradas, sino que también en 11 de 14 cárceles a lo largo de todo Chile. El complejo penitenciario de La Serena y la cárcel de mujeres de San Joaquín son recintos en los que hubo una victoria más holgada.

Lejos de lo que se podría pensar, Lucía Ruiz-Moreno, directora ejecutiva de Fundación Paternitas, explica que este triunfo del Partido Republicano ocurrió debido a que los internos en general muestran una preocupación por los crímenes que ocurren en la actualidad.

Acuerdos con la minoría

Pero no todo ha sido risas y sonrisas entre los republicanos. El “profesor” Silva, la primera mayoría nacional en las elecciones, se llevó toda la atención tras una entrevista publicada en el Diario Financiero. Su cuña fue controversial y encendió las alarmas del mundo político: “¿Por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría?”. “El profe Silva”, además, afirmó sentir cierta sintonía con la postura del diputado de su mismo partido, Johannes Kaiser, quien cuestionó las doce bases del Acuerdo por Chile.

Luego de toda la controversia que levantó, el consejero tuvo que pedir disculpas en un tweet sobre sus polémicos dichos. Silva reconoció que el partido si se encuentra realmente dispuesto a conversar y sacar adelante el proceso. Además, catalogó la conversación como desafortunada. Pero no quedó ahí. La misma directiva del Partido Republicano instruyó a sus consejeros electos no hablar ni realizar intervenciones públicas para evitar polémicas. Esta medida, según sus dirigentes es una señal de responsabilidad con el proceso constituyente.

Cabe destacar que el “profesor” Silva es el primer numerario del Opus Dei en conseguir un puesto en la política chilena. Y, en ese sentido, para la destacada periodista María Olivia Monckeberg las palabras de Silva no son casualidad. Recientemente explicó que existe un voto de obediencia a la prelatura.

Sea como sea, las palabras de Silva incluso incomodaron a las fuerzas de centroderecha. Los rumores sobre una posible alianza entre el Partido Republicano y Chile Vamos parecen haber desvanecido tras el incidente. Y, de hecho, ya han existido los primeros roces.

La decisión de la UDI de ingresar un proyecto de resolución en el Congreso para que las cámaras respeten los doce puntos institucionales tensó las relaciones con el Partido Republicano. La norma fue una respuesta a los cuestionamientos del diputado Johannes Kaiser a los marcos del nuevo proceso constitucional.

El Partido Republicano tildó la movida de “punto político” y como una “discusión inconducente”. El presidente de la colectividad, Agustín Squella, ha explicado en reiteradas entrevistas que respetarán los bordes institucionales, por ser parte de las “reglas del juego”.

El proyecto sigue aún en tabla, pero no se votó el pasado miércoles, día en que estaba previsto que la sala tocara el tema. En parte, fue gracias a los movimientos de los mismos republicanos para postergarlos. Pero también fue gracias a personeros de la UDI que han mostrado cautela con ser inflexibles con la colectividad liderada por Squella.

¿Qué hacer con el Partido Republicano?

El gremialismo aún medita sus pasos a seguir. Ya desde la semana pasada han habido conversaciones entre sus militantes para delinear su línea programática. Y en una de esas reuniones, el exministro Andrés Chadwick sugirió no enfrentarse directamente con los republicanos. A su juicio, la elección demostró que la derecha y la oposición fueron los grandes vencedores, y que para la gente común no existe una diferencia entre uno y otro partido. Pero también fue precavido, y expresó lo que ya es casi un análisis compartido por la colectividad: el partido no debe “mimetizarse” a los republicanos.

La UDI goza del espaldarazo de ser el segundo partido más votado. Y eso le da un breve respiro. Pero la colectividad que no tiene tiempo ni para eso es Renovación Nacional (RN), donde se vive una verdadera pugna interna tras los malos resultados. La posible renuncia de la mesa liderada por Francisco Chahuan es cada vez más una realidad que una posibilidad. Y ya asoman nuevos nombres para liderar a un partido en crisis: la senadora Paulina Nuñez; el alcalde de Puente Alto, German Codina; y el ex alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

A lo anterior se suma el debate interno de la colectividad sobre cómo posicionarse, primero, frente a los republicanos y, segundo, dentro del Consejo Constitucional y del parlamento. Algunas voces han esgrimido la posibilidad de continuar con su política de diálogos con el gobierno para impulsar materias que urgen a la sociedad. Pero otros postulan que tomar una línea más dura generaría entendimientos con el Partido Republicano, además de presentarlos más claramente como un partido de oposición.

Y hay quienes, como el senador Manuel José Ossandon, que RN debería salirse de Chile Vamos para avanzar en su agenda social. Y es que los resultados dejaron en tela de juicio las candidaturas de Chile Vamos para las próximas elecciones presidenciales. Figuras como Evelin Matthei y Rodolfo Carter eran cartas que habían estado rondando en la opinión pública para el próximo periodo, pero que la arremetida de José Antonio Kast parece haber sepultado. Sin embargo, dentro de los análisis del mismo conglomerado sostienen que ninguno de los dos habría perdido su base de apoyo.

El tercer partido de la colectividad, Evópoli, también navega por aguas turbulentas. A pesar del triunfo como consejera de su presidenta, Gloria Hutt, existe una severa disconformidad entre ciertos militantes y parlamentarios de Evópoli por los resultados y el desarrollo de las elecciones.

Fernanda Pinochet, militante del partido y candidata por El Maule, presentó su renuncia tras acusar, primero, menor asignación de recursos en desmedro de Hutt (ella recibió 5 millones de la tienda y la presidenta 15) y, segundo, el apoyo del presidente regional de Evópoli Maule y diputado de la región, Jorge Guzmán, al competidor independiente (con cupo de Evópoli) en la región por sobre ella.

Y la tarde del martes se sumaron dos renuncias más: la dirigenta regional por Valparaíso, Daniela Pizarro, mostrando su defensa a Pinochet; y el integrante de la comisión política del partido y dirigente de Los Ríos, Helmuth Palma, acusando falta de respaldo a una pugna que tiene con Municipalidad de Río Bueno.

Por si fuera poco, Chile Vamos vive entre la confianza y la incertidumbre con el Partido Republicano. No solo la UDI presentó el proyecto de resolución, sino que ya han habido figuras que han transparentado su desconfianza con la tienda republicana, como el senador Iván Moreira.

“Frenar la regresión ultraconservadora”

Donde también hay inquietud por la actitud del Partido Republicano ha sido en el seno del oficialismo y las fuerzas de izquierda. Ya lo decía el presidente de la cámara baja, el diputado liberal Vlado Mirosevic, quien planteó su preocupación y reserva a la hora de encaminarse a aprobar o rechazar en el plebiscito de salida. Pretende esperar el desarrollo de las conversaciones dentro del Consejo Constitucional.

Pero sus palabras no son nada en comparación a lo esgrimido por el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona. En Twitter, el militante publicó una imagen llamando al “pueblo chileno” a “unirse para frenar la regresión ultraconservadora”. Y las reacciones, como era de esperar, no tardaron en llegar.

Por obvias razones, en la colectividad republicana no cayeron para nada de bien sus palabras. Y fue el mismo Jose Antonio Kast quien respondió: cuando Chile está ante urgencias los partidarios del Gobierno llaman a la confrontación. Pero incluso en el mismo Partido Socialista no hubo cabida para las palabras de Escalona, emitidas según los analistas en una fecha particularmente sensible: el contexto de los 50 años del golpe militar.

Incluso la misma presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, contradijo los dichos del Secretario General. La senadora por El Maule aludió mayor prudencia en ese tipo de declaraciones, sobre todo en el marco de las reflexiones internas por las que transita el partido luego de las elecciones del 7M.

¿Volver a la añorada alianza del pasado con sus pares del PPD y el PR, incluyendo además al Partido Liberal? ¿O mantenerse con el alma más dura del gobierno, que trajo a la postre buenos réditos para la tienda? Aún no está claro. Y en tanto, la presidenta también enfatizó que el gobierno debe priorizar la solución de problemas de la ciudadanía y no quedarse en divagaciones.

El gobierno ha comenzado una reestructuración política, donde se busca fortalecer la relaciones partidistas y, solo tal vez, moderar las reformas a “la medida de lo posible”. Y también buscar respuestas a lo sucedido en las pasadas elecciones.

El Partido Comunista también hizo lo suyo cuando se reunió esta semana para rendir homenaje a las víctimas de los secuestros y homicidios de 1976. En la instancia, el Secretario General del partido, Lautaro Carmona, celebró a los dos consejeros obtenidos en el Consejo Constitucional (Karla Araya y Fernando Viveros), pero también hizo hincapié en reflexionar en la autocrítica por los resultados, explicar que existió un voto de castigo al gobierno y compartió el diagnóstico del presidente Gabriel Boric en no modificar el programa de gobierno.

Pero es un hecho que, palabras más o palabras menos, la preocupación en las fuerzas oficialistas por la arremetida republicana y que tan dispuestos estarán a respetar la institucionalidad de los bordes constitucionales es latente. Sin ir más lejos, el senador José Miguel Insulza (PS) sostuvo que el Partido Republicano tendrá dos opciones respecto: llamar y abrirse al diálogo con los demás partidos presentes o imponer sus ideas. 

El gobierno del presidente Gabriel Boric ha mirado con recelo la situación.  Y esta semana se supo que el mismo mandatario ha sostenido conversaciones con el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sobre las expectativas del cumplimiento del proceso constituyente.

Y no solo eso. El otro “telefonazo” del presidente fue al mismo José Antonio Kast. El líder republicano valoró el buen diálogo y, al respecto, afirmó que siempre van “a estar abiertos a un debate, a un diálogo, a fijar prioridades” y que “las reglas están fijadas. Y nosotros nunca nos hemos salido del marco. Hemos ganado todas nuestras elecciones de manera democrática”.

Sea como sea, el gobierno intenta mantener el equilibrio entre estar al margen de lo sucedido en la Convención Constitucional, y no estar ausente en el actual proceso pese a los resultados adversos. No se desea replicar los errores del pasado. Y por lo mismo, las fuerzas del oficialismo ya comienzan a alinearse dentro del Consejo.

Los primeros trabajos para los que se han reunido los consejeros electos son afinar estrategias, coordinarse como bloque y estrechar lazos con Alihuen Antileo, el único consejero indígena electo. Algunos dentro de la colectividad creen en la llamada “agenda valórica” será clave: de no entrar de lleno en ellas, y dejarla como materia de la legislación ordinaria, se podría avanzar hacia un texto con mayores chances de ser aprobada.

Al menos el oficialismo puede respirar tranquilo de que, esta vez, el trabajo del órgano constituyente no será una responsabilidad propia. Noam Titelman, militante de RD y uno de los padres fundadores del Frente Amplio, explicó que si el proceso constitucional falla y se rechaza, esto podría dañar las posibilidades de Kast en las próximas elecciones presidenciales, tal como sucedió ahora con las fuerzas del gobierno y el mal resultado electoral.

Ojo con los otros órganos del proceso constitucional

Los dichos republicanos también han generado ruidos dentro de los órganos constitucionales ya constituidos. Y, por lo mismo, el Comité Técnico de Admisibilidad ya se encuentra a la espera y alerta de que se ingrese algún requerimiento sobre la vulneración a alguna de las 12 bases institucionales.

Parece poco probable que sea la Comisión Experta quien inaugure las tareas del órgano. Los amplios acuerdos alcanzados echan debajo de la tierra cualquier posibilidad al respecto. Pero tendremos que ver cómo será la deliberación dentro del Consejo.

Por otro lado, la Secretaría de la Participación Ciudadana comenzó el grueso de sus labores, o al menos así lo explicó en los medios Ignacio Irarrázaval y Claudio Troncoso, Secretarios ejecutivos de Participación Ciudadana. Ya se están realizando jornadas de formación con la población civil para preparar a la etapa de participación propiamente tal, y que irá desde el 7 de junio al 7 de julio. De hecho, ya se abrieron las inscripciones para los primeros diálogos ciudadanos, programados para el primer fin de semana de junio 9, 10 y 11.

Ojo también con las encuestas 

Los números hablan por sí solos. Y lo que indican son algunas de las razones de por qué el Partido Republicano arrasó en las pasadas elecciones. Así, un estudio del Centro de Políticas Públicas de la USS dió a conocer que el oficialismo fue perjudicado en las votaciones con los votos rurales: fue la única lista que obtuvo más votos en las urbes. Con un 25% de apoyo en zonas urbanas, mientras que las zonas rurales sólo alcanzó el 16%.

Por otro lado, el Partido Republicano obtuvo una mejor votación en sectores rurales, sobre todo en la región de Tarapacá, llegando a un 38% de las preferencias. En tanto, el porcentaje de votos nulos o blancos fue también mayor en sectores rurales (23%) que urbanos (21%).

Otra encuesta lanzada por estos días fue la Cadem. Ella estipuló que la opción Apruebo en el plebiscito de salida subió siete puntos porcentuales en relación al mes de marzo. La oposición considera que esta alza se debe a que la ciudadanía “premia” a los partidos que votaron en contra de una nueva Carta Magna. Mientras que el oficialismo, asegura que se debe a que la gente está preocupada por la estabilidad política.

Sea como sea, la encuesta trae otro datos reveladores y, para el caso de Republicanos, alentadores. Un 47% de los electores de la colectividad lo apoyaron por su mano dura contra la delincuencia y la inmigración, y solo un 18% lo hizo para tener una buena nueva constitución.

Asimismo, un 61% de los encuestados cree que el Partido Republicano trabajará para que el proceso funcione de buena manera y, también, respetará las 12 bases institucionales. Un escenario que pone a JAK como una de las posibles cartas -con un 27% de las preferencias- que podría entrar en la baraja para llegar a La Moneda.

Pero no todo es jolgorio. Más del 50% de los votantes que anularon o dejaron en blanco la papeleta fue por rechazo a la política o porque “ningún candidato los representó”, algo que llevará, más al oficialismo que a la oposición, a una autocrítica profunda para volver a encantar a su conglomerado electoral con nuevas candidaturas para futuras elecciones.

Además, la encuesta aclaró los grupos electorales que se inclinaron por cada pacto: los jóvenes votaron más por Unidad para Chile, los adultos por el Partido republicano y adultos mayores por Chile Seguro. No obstante, considerando a todos los encuestados un 65% cree que es necesaria una nueva constitución.

Desde el ámbito constitucional, y considerando los números de las encuestas, el Partido Republicano se encuentra en una encrucijada. ¿Tomar o dejar la presidencia del Consejo Constitucional? Según voces dentro del partido una posibilidad sería renunciar a presidir la mesa del Consejo con el objetivo de dar una señal política al oficialismo de apertura y diálogo.

Ante esta estrategia, si el proceso constituyente falla, la responsabilidad no recaería ni ensuciaría el nombre de la coalición. Sin embargo, aún no hay respuestas concretas para esta interrogante, por lo que habrá que esperar hasta el primer gesto político que se realizará el 7 de junio, con la instalación del Consejo Constitucional.