Se dedujeron sendos requerimientos en los que se solicita declarar inaplicable, por inconstitucional, los artículos 2155 del Código Civil, 693 y 694 del CPC y 227, N° 3° del COT.
El primer precepto legal impugnado dispone: “el mandatario es obligado a dar cuenta de su administración”.
En tanto el segundo y tercero aluden a las normas que rigen  la rendición de cuentas.
Las gestiones pendientes invocadas inciden en autos de rendición de cuentas seguidos ante jueces árbitros.
Los requirentes estiman que, de aplicarse las normas impugnadas, se vulnerarían sus derechos garantizados en la Carta Fundamental, entre otros, a un procedimiento racional y justo en concordancia con la prohibición de discriminaciones arbitrarias, al asumir el mandatario la titularidad de la acción que no posee, rindiendo su cuenta en forma de demanda, quedando el genuino titular en posición de demandado, y siendo forzado a acudir a un tribunal arbitral, impidiéndole ejercer su derecho de acceso a la justicia ante un juez natural. Concluyen que se comprime la rendición de cuentas sólo a lo que el mandatario ha decidido ante el tribunal arbitral, sin que pueda ser objetado lo que realmente se le ha encomendado, materia objeto de un proceso penal en que se encuentra formalizado por apropiación indebida.
La Sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite los requerimientos, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declaren admisibles, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de las impugnaciones.

Vea texto íntegro de los requerimientos y expedientes Nºs 2532 y 2533.

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