La inexistencia de instancias formales, públicas y transparentes, en el debate parlamentario, en torno a la creación o modificación de las asignaciones distintas a la dieta parlamentaria -que se encuentra constitucionalmente establecida- ha contribuido a generar cada cierto tiempo polémicas y confusiones sobre los procedimientos de las asignaciones…

La Constitución establece que no pueden declararse en huelga los funcionarios de Estado ni de las municipalidades. Tampoco las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional.

El artículo 4º de la Ley Nº 19.638, que establece normas sobre la constitución jurídica de las Iglesias y Organizaciones Religiosas, señala que “para los efectos de esta ley, se entiende por iglesias, confesiones o instituciones religiosas a las entidades integradas por personas naturales que profesen una determinada fe”.

En materia de financiamiento, se propone modificar la Ley Nº19.884, sobre transparencia, limite y control del gasto electoral.

La iniciativa se discutió junto a otras enmiendas a la Carta Fundamenta, vinculadas entre sí, que fueron refundidas en su tramitación por la referida Comisión y que dieron origen a un solo informe.

Entre otras enmiendas el proyecto de ley consultaba la creación de un registro electoral con la nómina de todas las personas, nacionales o extranjeras, que cumplieran con los requisitos constitucionales y legales para ejercer el derecho a sufragio, como también de quienes tuvieren aquel derecho suspendido o hubieren perdido la ciudadanía.

Los funcionarios públicos no podrán realizar actividades políticas dentro del horario dedicado a la Administración del Estado, usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones.

El proyecto de ley se inició en un Mensaje presentado por el Ejecutivo en julio de 2004 y fue aprobado, en general, por la Sala de la Cámara de Diputados en mayo del presente año.

La iniciativa es patrocinada por los diputados Becker, Bertolino, Delmastro, Galilea, García, Vargas y Verdugo.

La Ley Nº19.958 modificó la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para establecer que los candidatos a alcaldes deben acreditar, al inscribir sus candidaturas, una escolaridad similar a aquella que la Constitución exige a los parlamentarios.