La moción presentada por los diputados Insunza, Auth, Ceroni, Farcas, Letelier, Núñez y Tuma, expresa que si un ex ministro pasa inmediatamente al sector privado a realizar actividades lucrativas, generaría un espacio de relaciones inapropiadas, actuando como un verdadero «lobbista» de una empresa, debido a sus influencias.
Al efecto, la iniciativa prohíbe a quienes se desempeñaron como Ministros y Subsecretarios de Estado, prestar servicios o pertenecer al directorio de alguna persona jurídica relacionada con el Ministerio o Servicio que les correspondió dirigir, por un período de un año desde que hayan cesado en el cargo público.
Asimismo, a quienes transgredan esta norma, se les aplicará la inhabilitación por tres años de ejercer cualquier cargo público, sea o no de elección popular.
Cabe recordar que la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo 56, establece la incompatibilidad para quienes fueron funcionarios públicos o autoridades, y tengan un vínculo laboral con entidades que les haya correspondido fiscalizar, la cual subsiste por seis meses desde la cesación en el cargo público.
Sin embargo, los autores de la iniciativa consideran esta norma insuficiente, de tal modo que la prohibición o incompatibilidad de vincularse contractualmente por un período de tiempo con empresas del sector privado, debe ampliarse no sólo a entidades sujetas a fiscalización por quien fue autoridad; sino también a las altas autoridades de Gobierno y a empresas que dado su rubro o giro, se relacionen con el ámbito de competencia de algún Ministerio o Servicio.
La iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional y será analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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