En votación dividida de 69 votos a favor, 44 en contra y cuatro abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora sobre el funcionamiento del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), en particular en relación con los fondos públicos que maneja y la supervisión de los organismos de acogida y atención integral al adulto mayor.
La Comisión explica que comenzó su trabajo el 11 de octubre de 2017 y que se extendió hasta el 3 de enero de 2018, con el fin de reunir antecedentes relativos a actos de Gobierno y a la omisión de actuaciones gubernamentales referidas al cuidado de los adultos mayores que reciben atención en los establecimientos de larga estadía para adultos mayores (Eleam), especialmente en relación a un informe de la Contraloría General de la República, donde quedaron en evidencia irregularidades referidas a las condiciones en las que reciben cuidados adultos mayores, y la falta de fiscalización del Servicio Nacional del Adulto Mayor en relación a ello.
Los parlamentarios criticaron en el informe, aprobado en la Comisión por mayoría de votos, que la discusión que se dio durante las sesiones dificultaron dilucidar la efectividad de la ocurrencia de las vulneraciones que allí se cometieron, toda vez que gran parte de las exposiciones, tanto de autoridades de la Fundación como los representantes del Estado, se concentraron en la develación de conflictos de carácter administrativos, financiero, y de acusaciones mutuas de impedimentos a la labor desarrollada, no siendo el centro de la discusión la constatación de los hechos que fundaron la constitución de la comisión y que pasaba por el fallecimiento de a lo menos 30 adultos mayores.
La Comisión afirmó que se evidenció debilidades en la función de supervisión del Senama respecto de la situación de los hogares Eleam y de los Condominios de Viviendas Tuteladas en la Región Metropolitana (objeto de la crítica de la Contraloría).
Enseguida indica que especial consideración se debe tener respecto de la supervisión del Eleam de Puente Alto, que no alertó sobre los problemas de cuidados de los adultos mayores residentes.
De acuerdo a la Comisión, quedó de manifiesto que el Servicio presenta dificultades al momento de cumplir con las tareas que la ley le encomienda, debido principalmente a la falta de recursos humanos y presupuestarios, y a problemas de gestión.
Los legisladores destacaron que la facultad de fiscalizar recae por mandato legal en las Seremis de Salud, en que se observa principalmente el funcionamiento de los establecimientos en relación a: Infraestructura, Equipamiento y Personal.
Por ello, se plantea la necesidad de constituir una mesa de trabajo conjunta entre el Senama y el Ministerio de Salud para planificar calendarios de supervisiones y fiscalizaciones ordinarias y extraordinarias, en los ámbitos que a cada uno corresponde, a las instituciones a cargo de los adultos mayores.
El informe, presentado a la Sala por el diputado Saffirio destaca que no se constató hechos en otros programas residenciales de la gravedad como los conocidos en el Cordillera de Puente Alto, en el periodo de julio 2015/mayo 2016, en que la Agrupación Médica Social Chile Ayuda (AMSCA) estuvo a cargo de dicho centro. En este caso, se acota, hubo vulneración de derechos a adultos mayores relacionados con la alimentación, entrega de pensiones y cuidados especiales que debían entregar a los residentes; problemas de infraestructura y falta de personal capacitado; además de problemas administrativos y de auditoría.
Además, se determinó que el Senama llevó a cabo diversas medidas para recuperar los pagos objetados y dar solución a las problemáticas del Eleam Cordillera, aun antes del informe de Contraloría. Además, se constató un aprendizaje institucional, manifestado en una serie de procedimientos, instrumentos de supervisión y de gestión, capacitación, mejora en los procesos administrativos y de infraestructura de los Eleam, de manera de prever que a futuro no se produzca una situación similar a la acontecida.
Asimismo, la Comisión estimó que "existen antecedentes que permiten aseverar que ha sido AMSCA la que no ha cumplido con el convenio y protocolos para el cuidado de los adultos mayores". Se da cuenta -argumentan- "de una pésima administración de la fundación AMSCA y un constante mal uso de los recursos transferidos por el Servicio, que se evidencia en las condiciones de los adultos mayores, los problemas de alimentación y las fallas administrativas graves de la fundación, como lo advirtiera la Coordinadora Regional de Senama".
Luego, se concluyó que hubo "negligencia del ente privado al participar de un convenio con adultos mayores sin contar con la capacitación y solvencia que este tipo de servicios requiere, lo que ha expuesto el bienestar de las personas mayores, y que sumado a las debilidades de supervisión que debía realizar Senama, las cuales ya fueron abordadas, contribuyó a generar una situación de escaso control sobre el funcionamiento de dicha institución, más allá de si los recursos se entregaban o no, oportunamente".
El informe también consideró que no existió una vulneración a los derechos fundamentales de los adultos mayores, entre otros motivos porque el Estado y, en particular el Servicio, fue diligente al poner término al convenio con AMSCA, una vez que detectó irregularidades, y al denunciar ante el Ministerio Público los hechos que podían ser constitutivos de delitos respecto de cinco adultos mayores residentes en el citado Eleam. Además, se habrían emprendido dos sumarios administrativos por las eventuales responsabilidades de funcionarios por los hechos acaecidos y se le habrían enviado los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, para que asumiera la defensa, desde el aspecto patrimonial.
También “se dispuso de 31 protocolos de intervención para los establecimientos de larga estadía, que son compatibles o más bien están inspirados en la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, donde, entre otros, se incorpora un protocolo específico para efectos de una guía de derechos, tanto para el usuario como para la familia -o la eventual familia, porque en muchos casos las personas no cuentan con red de protección-, para el apoyo y levantar cualquier tipo de vulneración o maltrato que pueda existir y para que se haga exigibilidad de los derechos de las personas mayores".
Propuestas
La Comisión planteó avanzar en fortalecimiento de la institucionalidad del Senama en varias líneas: descentralizar el Servicio a través de la creación de Direcciones Regionales; aumentar la dotación de personal del Servicio (al año 2017 correspondía a 195 funcionarios planta y contrata); y ahondar en las facultades de supervisión del Senama, de manera de hacer efectivo un verdadero control a aquellas instituciones públicas o privadas a las que otorga financiamiento.
Además, propuso una reasignación de recursos desde el sector de Salud, donde se destinan cinco millones mensuales para financiar la permanencia de adultos mayores en camas socio-sanitarias, monto equivalente al que el Senama destina anualmente para financiar operaciones en doce Eleam en siete regiones del país.
Por último, incrementar la cobertura de herramientas alternativas a la institucionalización de adultos mayores en Eleam, tales como, atención domiciliaria y centros de día; contar con una plataforma institucional digitalizada, que permita la gestión de información referida a residentes y operación de los Eleam del Servicio y los que cuentan con transferencias de Senama; y generar una Política Nacional del Adulto Mayor, de acuerdo a los principios y estándares internacionales que rigen sobre la materia, entre varios puntos. Fuente: www.camara.cl