En una reciente publicación de la Biblioteca del Congreso Nacional se da a conocer el artículo “Violencia contra la mujer: un problema dolorosamente arraigado en la región”.
La BCN sostiene que en el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 16 de Paz, Justicia e Instituciones Fuertes y su meta 16.1 de reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo, detalla en este documento el estado de la violencia contra la mujer en la región y las recomendaciones de los organismos internacionales para abordar esta importante temática.
Afirma que la violencia contra las mujeres es un problema social presente en las más diversas partes del mundo y puede tener diferentes manifestaciones como por ejemplo tratos vejatorios, descalificaciones, control patrimonial y económico, publicidad que perpetua estereotipos de género, etc., siendo su forma más extrema la violencia física, la violencia sexual y el femicidio.
A continuación, la BCN da cuenta que a nivel global, el 35% de todas las mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de su pareja o por parte de personas distintas de su pareja, el 38% de todas las mujeres asesinadas fueron asesinadas por sus parejas y el 42% de las mujeres que han experimentado violencia física o sexual a manos de su pareja resultaron lesionadas.
Además de los diferentes efectos que lo anterior tiene en el desarrollo sostenible e inclusivo de los países, también desencadena múltiples problemas de salud pública como la depresión, trastornos de ansiedad, uso de sustancias, infecciones de transmisión sexual, suicidio, embarazo no deseado y aborto, por lo que el pleno involucramiento del Estado en esta problemática constituye una necesidad de primer orden.

Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para las mujeres

La BCN expone que según el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, el femicidio es definido como “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.
Información oficial de Naciones Unidas para 16 países de América Latina y el Caribe, declara un total de 2.554 mujeres víctimas de femicidio en el año 2017, teniendo las mayores tasas El Salvador (10.2 cada 100.000 mujeres), Honduras (5.8) y Belice (4.8). Específicamente en América del Sur, la mayor prevalencia se observa en Bolivia y Paraguay con tasas de 2.0 y 1.6 respectivamente. 

Modelos que se repiten 

Luego, la BCN asegura que la transmisión intergeneracional de la violencia de género es extremadamente alta en la región. Un estudio del BID demuestra que si bien una mayor escolaridad por si sola reduce las probabilidades de una mujer de sufrir violencia física en la pareja, en situaciones en donde la madre fue expuesta a violencia, la hija adulta incrementa sus propias probabilidades de repetir la experiencia, independientemente de su nivel educativo. En varios países de América Latina y el Caribe las mujeres actuales son tan propensas a experimentar patrones de violencia intrafamiliar como lo eran sus madres y sus abuelas.  
El arraigo de las conductas de violencia, destaca el texto, sin duda influye en que las Américas exhiban unas de las tasas más altas del mundo de violencia dentro de las relaciones de pareja. El 29,8 % de las mujeres ha sido víctima de violencia por parte de su pareja y un 10,7 % ha sufrido violencia sexual fuera de la pareja.
A lo alarmante de estas cifras, añade, es necesario sumarle además el subregistro de los casos que no son adecuadamente tipificados como femicidios propiamente tal, y los casos de violencia que no son ni siquiera reportados.
Si bien, remarca,  en los últimos años han existido avances como por ejemplo la tipificación del delito de femicidio en más de la mitad de los países de la región, falta todavía legislar sobre todas las múltiples manifestaciones de la violencia contra las mujeres perpetradas en el ámbito público y privado. Destacable es el caso de Bolivia, primer país en Latinoamérica en legislar sobre hechos cometidos contra mujeres candidatas y electas en el ejercicio del poder político. 

Las organizaciones internacionales se pronuncian

A razón de las cifras anteriores, el BID ha posicionado la violencia contra la mujer como tema prioritario en la agenda de seguridad ciudadana y justicia en la región y ha liderado rigurosas evaluaciones de impacto de proyectos para prevenir la violencia de pareja y proveer asistencia integral a las víctimas dentro del continente.
La evidencia, agrega el texto, apunta a que la desigualdad de género (social y económica) es una de las grandes causas de la violencia de género. La violencia contra la mujer se puede prevenir cambiando patrones y conductas desde temprana edad y para que una intervención sea exitosa es esencial tener un diagnóstico riguroso del origen de la violencia contra la mujer, ya que puede cambiar entre los diferentes países, localidades y comunidades. Todo lo anterior debe ser incorporado en los modelos de intervención pública, siendo los modelos más comunes la modernización de normas jurídicas, los planes nacionales, el mejoramiento del acceso a la justicia, programas de cambios de actitudes y de masculinidades prosociales dirigidos principalmente a hombres jóvenes, centros integrales de atención a mujeres víctimas, programas de tratamiento para maltratadores y programas de empoderamiento a mujeres jóvenes y adultas.
En esta misma línea, detalla la BCN, desde la ONU Mujeres se proponen una serie de medidas que pueden implementar los gobiernos para poner fin a la violencia contra las mujeres:

1. Marco Normativo:

 Ratificar los tratados internacionales y regionales, como por ejemplo la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)
 Adoptar y cumplir las leyes para poner fin a la impunidad y otorgar reparaciones y soluciones a las víctimas. La ONU facilita a los Estados una guíacomprehensiva de creación implementación y monitoreo de legislación en la materia
Hacer que la justicia sea accesible para las mujeres y las niñas brindándoles servicios jurídicos especializados gratuitos y aumentado la cantidad de mujeres en los cuerpos de policía y en otros servicios involucrados.
Poner fin a la impunidad frente a la violencia sexual en conflictos

2. Política Pública:

Crear planes nacionales y locales de acción coordinados y multisectoriales, que involucren al gobierno, medios de comunicación, sector privado y a diferentes organizaciones de la sociedad civil
Garantizar el acceso universal a intervenciones rápidas para la seguridad y protección de mujeres en riesgo, viviendas y refugios seguros, ayuda jurídica gratuita y seguimiento y apoyo psicosocial
Proporcionar formación adecuada a aquellos que trabajan en los servicios esenciales como la policía, los abogados y los jueces, los trabajadores sociales y el personal de salud para una atención confidencial y sensible
Mejorar la autonomía económica de las mujeres garantizándoles derechos de propiedad adecuados y un trabajo seguro y decente para evitar que permanezcan en situaciones de violencia, explotación y abuso

3. Concientización Social:

Aumentar la conciencia pública y la movilización social para promover que las víctimas rompan el silencio y busquen justicia y apoyo
Recopilar, analizar y difundir la información nacional para sensibilizar a la sociedad y tomar medidas efectivas para combatir la problemática
Involucrar a los medios de comunicación de masas para cuestionar, y en el mejor de los casos, modificar las normas sociales perjudiciales que perpetúan la violencia contra las mujeres y las niñas
Trabajar con los jóvenes para promover relaciones de género basadas en la armonía, el respeto mutuo y la no violencia desde temprana edad
Movilizar a los hombres y a los niños, quienes son fundamentales para el cambio social

4. Recursos:

 Otorgar recursos públicos adecuados para ejecutar las leyes y políticas existentes
Invertir en áreas estratégicas como educación, salud y derechos reproductivospara promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y así enfrentar las causas de base de este tipo de violencia

Vea texto íntegro del documento

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