En un reciente documento publicado por el Instituto Libertad y Desarrollo en su serie Temas Públicos, se analiza el proyecto de ley anti colusión actualmente en trámite en el Congreso.
El Presidente Piñera, a inicios de diciembre de 2019, anunció la presentación de una “Agenda Anti Abusos”. Dicha agenda, impulsada como respuesta a las protestas iniciadas en octubre del mismo año, tenía múltiples propósitos. En relación al sistema de libre competencia, el anuncio gubernamental se materializó en la presentación -en el mes de marzo de este año- de un proyecto de ley (“Proyecto Anti Colusión”) cuyo objeto es combatir las colusiones con mayor severidad.
En síntesis, el estudio señala que, si bien el espíritu de buena parte de las propuestas impulsadas por la actual administración en esta iniciativa está bien orientado, no se advierte con claridad que ellas sean realmente esenciales para perfeccionar o propender a un mejor funcionamiento del sistema de libre competencia en Chile. En ese contexto, y considerando que no existen garantías de que en el transcurso de la tramitación del Proyecto Anti Colusión no se promuevan enmiendas que perjudiquen al sistema de libre competencia en nuestro país, resulta discutible la pertinencia de la iniciativa.
La delación compensada ha demostrado ser la herramienta más eficaz para desbaratar carteles. Dicha herramienta ha sido de utilidad, entre otras razones, por descansar en una arquitectura institucional bien diseñada. Es de esperar que esta reforma legal consolide los atributos del sistema y no erosione su eficacia. Reformas que en apariencia parecieran estar justificadas, pueden causar un grave perjuicio en el proceso competitivo y en el bienestar de los consumidores, por lo que esta iniciativa debiera someterse a un examen riguroso y por sobre todo técnico y orientado al cumplimiento de los objetivos del sistema de libre competencia.

Vea texto íntegro del documento.

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