La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 100 del año 2013, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual se expulsa del territorio nacional a la persona que en él se indica, por encontrarse ajustado a derecho. No obstante, el órgano de control emplazó a la cartera del interior a respetar el principio de celeridad consagrado en el artículo 7° y 8° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que disponen que “las autoridades y funcionarios deben actuar por propia iniciativa en el procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditas las actuaciones pertinentes”. Asimismo, “los organismos públicos deben actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites”. El alcance expresado por la entidad fiscalizadora se produjo por el evidente retraso en el envío del decreto, el que fue emitido el 24 de enero de 2013, siendo recién ingresado para su control preventivo de legalidad el 7 de mayo de esa misma anualidad.
Vea texto íntegro del dictamen N° 30.342
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