En su análisis de la reclamación, el Tribunal explica que, durante los años 2020 y 2021, la SMA tuvo en consideración a la pandemia del COVID-19 como un hecho relevante para determinar sanciones específicas. Es más, a partir del segundo semestre de 2021, el ente fiscalizador pasó a considerar a la pandemia en el marco de la circunstancia del literal f) del mencionado artículo 40, es decir, en la determinación de la capacidad económica del infractor.