La legislación europea se opone a una normativa nacional que establece una presunción de comunicación al público basada en la presencia de instalaciones de sonorización en medios de transporte. Una normativa de esa índole puede llevar a imponer el pago de una remuneración por la mera instalación de esos equipos en esos medios de transporte, aun cuando no exista ningún acto de comunicación al público.