TC conocerá impugnación de precepto del Código Procesal Penal que establece que el imputado -por determinados delitos- deberá permanecer privado de libertad si el Ministerio Público apela mientras se pronuncia la Corte de Apelaciones.

Luego de que se declararan inadmisibles diversos requerimientos presentados por jueces de garantía que solicitaban declarar inaplicable el inciso segundo del artículo 149 del Código Procesal Penal, la Segunda Sala del TC, en votación dividida, acogió a tramitación la impugnación el día de ayer, por lo que el Tribunal Pleno deberá resolver el fondo del asunto.

En síntesis, los jueces argumentan que la gestión pendiente, ante un tribunal ordinario, se inició con la formalización de la investigación respecto de la cual han fijado un plazo para su cierre y que la aplicación del precepto legal impugnado resulta decisivo al resolverse en ella un asunto, cual es, la solicitud de medida cautelar personal, y a pesar de que han negado la prisión preventiva, el imputado deberá igualmente permanecer privado de libertad durante la investigación más allá de los plazos constitucionales, aun cuando en su condición de jueces han decidido lo contrario, menoscabándose así sus facultades, ya que no obstante existir una decisión jurisdiccional de no prolongar la privación de libertad de una persona por no cumplirse los requisitos indispensables que hacen procedente la prisión preventiva: el supuesto material (antecedentes que justifiquen la existencia del delito y la participación) y la necesidad de cautela (libertad del inculpado constituye peligro para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o es un riesgo para las finalidades del procedimiento, por el peligro de fuga o para el éxito de ciertas diligencias de investigación), por la sola actuación de una autoridad administrativa (Ministerio Público), que se ampara en la disposición legal impugnada, el imputado deberá permanecer detenido.

Afirman que “el dilema es por qué una persona a la cual se le controló la detención y el juez negó la prisión preventiva debe permanecer privada de libertad por el simple hecho que el fiscal dedujera un recurso de apelación, el cual, al tenor del artículo 368 del Código Procesal Penal se concede en el solo efecto devolutivo y, por lo mismo, la resolución que negó la prisión preventiva debe cumplirse en tanto no se resuelva la apelación”.