La Comisión que investigará los actos del Gobierno en lo relativo a la generación y aplicación de protocolos, políticas o acciones de búsqueda de menores de edad extraviados o desaparecidos en el país, a partir del año 2010, tuvo esta semana su primera sesión con audiencias.
La primera expositora fue Paloma Zaninovic, representante de la Sociedad Civil por la Infancia, quien ha investigado la realidad de las vulneraciones que sufren niños, niñas y adolescentes en el país. 
En su crítica evaluación, señaló que no puede ser posible la ausencia de protocolos específicos frente a las diferentes formas y causas de desaparición, ni que tampoco exista un cruce de datos entre todas las instituciones que podrían estar vinculadas. De acuerdo a los datos entregados, el 61,7% de las denuncias de desapariciones quedarían en nada pues no hay víctima ni cuerpo, por lo tanto, no se puede establecer un delito. 
Destacó también la alta incidencia de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Detalló que, entre 2005 y 2017, hubo más de dos mil 600 denuncias de explotación sexual infantil y remarcó que, del 71,36% de las denuncias por abuso sexual que involucró a menores de edad, solo un 8,2% llegarían a una pena. A esto se deberían sumar todos los casos en los que no hay denuncia.

Familia de extraviados en Chile

La segunda exposición fue de Mallen González, de la Fundación Familia de Personas Extraviadas en Chile. De acuerdo a las cifras que han logrado reunir en sus investigaciones, existen 12 mil personas extraviadas, de las cuales 700 son niños menores de 11 años y más de 2 mil son adolescentes. 
Criticó que, frente a esta realidad, no exista un marco legal que desarrolle una estandarización de los protocolos de búsqueda que permitan que esta sea más rápida (actualmente una orden de búsqueda puede demorar hasta 30 días) y acorde a la realidad de cada caso, sin clasificar el riesgo de la desaparición.
Explicó que, cuando una persona desaparece, puede incorporarse en una lista de Encargo Nacional, pero afirmó que ello no es más que un registro en una base de datos y no implica una búsqueda activa. Además, dijo que las bases de datos de todas las instituciones que pueden verse involucradas (PDI, Carabineros, Servicio Médico Legal, Hospitales, Sename, etc.) no están conectadas, por lo que las familias deben consultar a cada una de ellas si manejas algún antecedente de la persona desaparecida.

“El sistema operativo hoy no funciona”

El crítico análisis de las expositoras fue plenamente compartido por quienes integran la comisión. El diputado Mellado fue tajante al señalar que “el sistema operativo hoy no funciona”. Destacó que es fundamental tener una plataforma que permita el cruce de datos.
En esta línea, la diputada Santibañez, destacó la necesidad de establecer un marco de acción frente a cada tipo de desaparición. “Cada persona que se extravía es un caso diferente, desde un niño, un adolescente, una mujer con alzhéimer, etc.”, explicó.
Luego, el diputado Kast, uno de los autores de un proyecto de ley sobre la materia, relevó la urgencia para legislar. “La Comisión de Seguridad Ciudadana es la que está a cargo de procesar este proyecto de ley, que fue presentado hace ocho meses. El llamado al Gobierno es a darle urgencia a la tramitación de la propuesta y patrocinio a todo lo que implique gasto por parte del Estado”, dijo.

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