El Consejo Constitucional ya comenzó el debate. Dentro de las comisiones, conformadas oficialmente esta semana, los consejeros han analizado los capítulos del anteproyecto junto a los expertos que los redactaron. Mientras tanto, los intentos de incentivar la participación ciudadana llegaron hasta el parlamento para poder extender el plazo de las audicencias.
Todo esto y más en la nueva edición del Boletín Constitucional
La puesta en marcha del Consejo Constitucional ha sido ya ampliamente debatida en los medios. Los académicos o columnistas han destacado, en general, la necesidad de tomar la batuta de la Comisión Experta y cerrar acuerdos que generen amplios consensos, y los artículos de los periódicos han explicado algunos de los elementos esenciales del órgano. Esa fue la tónica de los medios el fin de semana pasado.
Algunas de estas claves es la conformación. Son 50 los consejeros que integran el órgano, todos profesionales y con una edad media de 49,2 años. La principal profesión dentro del Consejo es la abogacía, con 19 letrados. También hay cuatro ingenieros, tres ingenieros comerciales y dos periodistas. Además, la bancada republicana es la que tiene el promedio de edad más joven, con un promedio de 45,4 años, y la de Chile Vamos la de mayor edad, al tener un promedio de 54 años
Quien presidirá la mesa directiva de este Consejo Constitucional es la republicana Beatriz Hevia. La abogada de la Universidad de los Andes cuenta con una amplia trayectoria política, pese a su corta edad de 30 años. Ha sido asesora del ex-intendente Harry Jürgensen (RN) y el ex-ministro Lucas Palacios, además de ser muy cercana a José Antonio Kast. Y, en su discurso inaugural, tildó de “crisis moral” lo que sucede hoy en la sociedad chilena, y que tiene como síntomas a la destrucción de la familia y la falta de respeto a la autoridad.
La presidenta, sin embargo, ha declarado en reiteradas ocasiones la necesidad de establecer el diálogo dentro del Consejo, de no “pasar máquina”. El diálogo, de hecho, será el primer desafío para ella y su compañero de la mesa directiva: el ex-rector Aldo Valle (Ind-PS).
Para muchos, el vicepresidente de la mesa directiva será otro de los personajes influyentes dentro del Consejo Constitucional. Y es que es visto, junto a Yerko Ljubetic (CS), como uno de los principales voceros del oficialismo.
También lo serán los republicanos Luís Silva –primera mayoría nacional–, Antonio Barchiesi –uno de los voceros de la colectividad– y María de los Ángeles López –presidenta de la comisión de Principios del Consejo Constitucional–. Y, por el otro lado, la consejera comunista Karen Araya será factor clave para muchos: es la segunda mayoría nacional y tiene un tono más duro hacia la oposición, marcando una distinción con otros sectores de la centro-izquierda.
De hecho, a pesar de haber sostenido que tiene altas expectativas sobre el Consejo, la consejera también ha criticado la postura de la oposición y ha mostrado distancia el trabajo de la Comisión Experta, desestimando las valoraciones del oficialismo y el mismo presidente Gabriel Boric. “No podemos ir a defender a ultranza este anteproyecto” que “nos parece un buen piso en muchas materias, pero creemos que aún es insuficiente en otras”, declaró.
Una postura similar, aunque atenuada, es la que también defendió el ex-convencional Marcos Barraza (PC). Pero sí sostuvo que la derrota en el plebiscito del año pasado se dio por “errores propios”, principalmente por la falta de solemnidad y la conducta de ciertos ex constituyentes. Esta no fue, eso sí, la única comparación que se ha hecho con el anterior proceso.
El fantasma de la Convención
Otros personajes que participaron del fallido proceso de 2022 han sido particularmente críticos con el anteproyecto presentado, y el proceso en general. Uno de ellos es el ex-convencional Nicolás Núñez, quien escribió un tweet en el que expresó que “Nosotros pedíamos dignidad, ellos [la Comisión Experta] piden mantener sus privilegios”. Pero esto no quedó allí.
La mismísima Magaly Fuenzalida, comisionada del FRVS, confrontó al ex-convencional a través de la misma red social. “Calladito mejor usted, nomás Nicolas. Que entre la guitarra y votar desde la ducha fue quizás de los que más daño le provocó a la Convención Constitucional”, escribió.
Y es que las comparaciones con el anterior proceso han sido inevitables: desde su puesta en escena hasta sus contenidos. De hecho, ya se ha comenzado a realizar análisis sobre las palabras más mencionadas en uno u otro texto, y que, de cierta forma, reflejan sus principales ejes.
En lo que sí parece existir cierto consenso es en lograr acuerdos transversales, dejando detrás el ánimo confrontacional de la pasada convención. Tanto consejeros como comisionados han resaltado la importancia de aquello. Sin ir más lejos, el experto Carlos Frontaura, del Partido Repúblicano, sostuvo que “aunque uno sea mayoría o minoría siempre tiene que ceder”. Y no fue el único que tuvo palabras así esta semana.
Los consejeros electos, Germán Becker (RN), Ivón Guerra (UDI) y Alejandro Kohler (PS) plantearon posturas similares. Y aunque dentro del órgano tienen claro esta máxima de “no pasa máquina”, es inevitable que, más temprano que tarde, surjan las primeras confrontaciones.
Las comisiones: sus presidentes e integrantes
Ya en la primera sesión del Consejo de esta semana se pudieron vislumbrar los primeros roces. Sus integrantes se reunieron a las diez de la mañana para, entre otras cosas, confirmar la composición de las cuatro comisiones, nombradas de la misma forma que la Comisión Experta: Sistema Político, Función Jurisdiccional, Principios y Derechos Civiles y, por último, Derechos Económicos y Sociales.
Sus integrantes se mantuvieron según lo esperado. No fue una sorpresa para el oficialismo que existiera una mayoría de oposición en cada una de las instancias.
El Sistema Político quedó conformado por cinco republicanos, una consejera Evópoli (Gloria Hutt), dos UDI y cuatro consejeros oficialistas; Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos fue integrada por seis republicanos, un RN, un UDI y cuatro oficialistas; y lo mismo sucedió con Principios, Derechos Civiles y Políticos se integró con seis republicanos, un RN, un UDI y cuatro consejeros oficialistas. Por último, Derechos Sociales se conformó con cinco republicanos, dos RN, dos UDI y cinco oficialistas.
La composición de las comisiones fue la primera discordia que existió entre el oficialismo y la oposición. En un principio, la derecha le ofreció sólo tres cupos a la izquierda en la comisión de sistema político, algo inaceptable para el oficialismo, pues es una instancia fundamental, entre otras cosas. Tras idas y venidas, los sectores llegaron a acuerdo: Pilar Cuevas (RN) se trasladó a Derechos Sociales y sumaron su cupo a las bancadas del oficialismo.
Pero la denominada “sala de máquinas” no será la única instancia deliberativa o derechamente polémica. La otra comisión donde se prevén arduas discusiones es la de Derechos Sociales. Tres temas serán los más conflictivos: la elección en la salud, el sistema de pensiones y los derechos sindicales, en donde se encuentra el derecho a huelga del sector público.
Sea como sea, la integración de las comisiones era, a principio de semana, un acuerdo ya cerrado, similar a las presidencias de cada una de las instancias. La oposición hizo valer su voto y solamente consejeros de derecha presidirán las cuatro comisiones: Edmundo Eluchans (UDI) en Sistema Político, Antonio Barchiesi (Republicano) en Función Jurisdiccional, María de los Ángeles López (Republicana) en Principios y Germán Becker (RN) en Derechos sociales.
Ante la situación, el oficialismo por su parte intentó postular a sus propios candidatos. Sin embargo, los votos no fueron suficientes al ser una minoría.
Los resultados eran los esperados. Y, de hecho, gran parte del oficialismo vio con mera resignación lo sucedido. Sin embargo, no todos se quedaron callados. Los consejeros comunista, Karla Araya y Fernando Viveros, no escondieron su descontento. De hecho, este último sostuvo que la derecha está cometiendo los mismos errores que en el proceso pasado: “tomándose todos los espacios, sin voluntad de diálogo”.
La oposición, por su parte, se defendió. Desestimó las críticas por haberse llevado la presidencia de las cuatro instancias y rechazó estar “pasando máquina” sobre los consejeros de izquierda. Según el sector, prueba de ello fue que el acuerdo por la cantidad de integrantes de las comisiones haya sido unánime. “El mayor gesto de integración y de voluntad está dado en la mesa del Consejo”, declaró la delegada de la bancada de RN-Evópoli, Pilar Cuevas
Desde FFAA hasta las cotizaciones: el debate entre los consejeros
En este ambiente un poquito enrarecido los consejeros dieron el vamos a las discusiones dentro de sus respectivas comisiones. Tras la elección de sus respectivos presidentes o presidentas, las comisiones comenzaron a deliberar el día miércoles.
En la jornada, la “sala de máquinas” y la Comisión de Función Jurisdiccional sesionaron para tratar temas propios de su materia. Y, en ambas instancias, los expertos que integraron las respectivas comisiones llegaron a presentar los capítulos y resolver dudas.
En la “sala de máquinas”, la principal inquietud fue el rol de las Fuerzas Armadas y de Orden, incluidas en el capítulo V del anteproyecto: Gobierno y Administración del Estado. No es secreto que no se alcanzó acuerdo para crear un capítulo específico en la Comisión. Pero ya parece tomar fuerza en la oposición la idea de crear un capítulo específico.
Además, en la instancia se habló sobre el famoso umbral del 5%, la celebración conjunta de elecciones parlamentarias y presidenciales, y los escaños reservados para pueblos originarios. Pues, en la instancia, el único conejero electo con escaño indígena, Alihuen Antileo, preguntó por qué no existía una norma específica al respecto. Y la respuesta es similar al caso de las Fuerzas Armadas: no se llegó a acuerdo.
Mientras, en la comisión de Función Jurisdiccional, los expertos que integraron la instancia resolvieron dudas sobre algunos de los nuevos órganos que introduce el anteproyecto, como el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Asimismo, en su sesión vespertina, se discutió sobre la gobernanza judicial, otra temática que ha sido algo polémica.
Y el día jueves también hubo movimiento dentro de las salas del ex-congreso. De hecho, cada una de las comisiones fueron citadas para continuar (o iniciar) el estudio de los capítulos del anteproyecto con la ayuda de los comisionados expertos.
En la “sala de máquinas” se discutió la descentralización del país y el desarrollo regional, además de la categorización de ciertas partes de Chile como “territorios especiales”. El debate estuvo centrado en si acaso dicho status debería consagrarse para la Antártica chilena.
Y en Función Jurisdiccional se revisó a la Contraloría General de la República y la nueva Corte Constitucional. Aquí se expusieron las principales innovaciones de los organismos y, además, los requisitos para optar a los cargos dentro de estas instituciones.
Por otro lado, en la Comisión de Derechos Sociales, y como era de esperar, el grueso del debate estuvo centrado en el derecho a la salud y las pensiones. Más precisamente hacia la libertad de elección del régimen de las cotizaciones, algo que no llegó a acuerdo en la pasada instancia.
Y, finalmente, la Comisión de Principios y Derechos recibió de los expertos el primer y parte del segundo capítulo del anteproyecto. En la instancia, los comisionados explicaron sus alcances y las nuevas innovaciones de la propuesta.
Las deliberaciones fuera de las Comisiones
Las discusiones constitucionales no han estado limitadas a lo que ha sucedido en las salas y pasillos del ex-Congreso. También los medios han seguido de cerca lo que sucede en este nuevo proceso. Y para muchos académicos y columnistas es un hecho que existe la necesidad de alcanzar acuerdos transversales. Aunque, como en todo orden de cosas, hay algunos matices.
Algunos han postulado que todo es cuestión de comunicación, que el Consejo debe ser capaz de tener una imagen diferente a la pasada Convención y saber emitir sus posturas con elegancia y solemnidad. Otros, sostienen posturas similares, pero también haciendo notar la fatiga no solo con el proceso constitucional, sino que también con la política en general.
También hay quienes han analizado, o espetado, el rol que tendrá el Partido Repúblicano en este proceso, y que tanta responsabilidad han asumido al respecto. Y también otros han defendido a la democracia y las libertades como los elementos esenciales que, a la larga, serán el garante real del proceso.
Pero también las discusiones se han centrado en el contenido del anteproyecto: lo que falta y lo que sobra. Uno de los más polémicos ha sido el derecho a la vida del que está por nacer. Para algunos es un atentado contra la dignidad humana el no haberlo consagrado, y para otros es la constitucionalización del aborto. Pero incluso la discusión ha estado en si acaso la actual redacción del anteproyecto resguarda este derecho.
Otras discusiones han estado centradas en la libertad de elección del régimen de salud y de previsión social de los cotizantes. Esta fue una de las piedras de tope de la subcomisión de Derechos Económicos de la Comisión Experta. Y, de hecho, fue una de las pocas materias que quedó sin ser zanjada por la instancia.
También, ha existido todo un debate sobre la idoneidad de crear un mecanismo para reemplazar, de ser aprobada, a la futura constitución. Hay quienes han presentado sus reparos, indicando que es casi ilógico tener dentro del texto un mecanismo de autodestrucción. Pero otros han sostenido que, además de ser una tendencia que ha sido aplicada en diferentes constituciones a lo largo y ancho del mundo en los último años, estos mecanismo ayudan a mantener la estabilidad en democracias cada vez más inestables.
El Poder Judicial ha sido otro elemento fruto de discusiones. La nueva gobernanza judicial no ha dejado indiferente a nadie. La separación de las labores no jurisdiccionales en órganos autónomos ha sido celebrada por algunos y criticada por otros. En los argumentos a favor está la idea de la separación de funciones, y una correcta administración. En contra está el riesgo latente para algunos de politizar estos organismos.
El último debate que vale la pena mencionar son los mecanismos de participación directa. Muchos han visto en ellos el riesgo de la demagogía: ingresar proyectos de ley populistas que, por presión social, los parlamentarios tendrán que legislar a favor. Pero otros han defendido el mecanismo como una profundización de la democracia.
Lo que vaya a pasar con este y otros temas estará por verse.
Ojo con la Secretaría de Participación
Mientras, otra discusión comienza a asomarse no solo dentro del Consejo, sino que también en el mundo político: ¿Qué hacer con la desafección ciudadana con el proceso constitucional?
Semana a semana, una nueva encuesta parece apuntalar la hipótesis de que es poco o nada el interés sobre lo que se teje dentro del ex-Congreso. Esta no fue la excepción. Según los resultados de la encuesta Criteria, tan solo un 17% cree que la Nueva Constitución ayudará a mejorar la unidad nacional y un 29% de los encuestados cree que igualará oportunidades entre hombres y mujeres.
Si bien es verdad que una nueva Carta Magna no solucionará todos los problemas, si es el mayor ordenamiento jurídico de la sociedad. Y, en ese sentido, este tipo de respuestas ha provocado preocupación en el mundo político y académico. Sin ir más lejos, los rectores de la Universidad de Chile y Católica, Rosa Devés e Ignacio Sánchez respectivamente, admitieron que no pueden garantizar la participación de la ciudadanía, pero que están poniendo todos los esfuerzos para generar instancias de diálogo e incentivar su interés por el proceso.
Pero sí se están haciendo los esfuerzos para cambiar la situación. Una de ellas es la petición, ya aprobada por el senado esta semana, de extender las fechas para poder solicitar audiencias para que la ciudadanía sea escuchada dentro del Consejo.
Las tratativas comenzaron el pasado lunes, en la reunión de delegados con la mesa directiva. Ahí se adoptó la decisión de hacer la solicitud. Y el martes, se votó por unanimidad pedir al senado la prórroga –a excepción de la consejera Márquez (CS), quien se ausentó tras ser víctima de un robo–.
Sin embargo, otro flanco dentro de las problemáticas formas de participación ha sido la integración de los pueblos indígenas en el proceso. A diferencia de la pasada Convención, en el Consejo Constitucional existe un solo escaño reservado. Y, hace un par de semanas, cuando la Comisión Experta se encontraba finalizando sus funciones, un grupo de líderes mapuches levantaron la moción de realizar una consulta específicamente indígena.
El representante indígena, Alihuen Antileo, expresó que la consulta indígena es una tarea obligatoria para el Estado, la cual se debería haber implementado antes. Y, de hecho, es una solicitud incómoda dentro del Consejo por la deslegitimidad que podría conllevar hacia el proceso. En medio de esto hay acusaciones cruzadas al Ministerio del Desarrollo y al Parlamento, garantes del proceso.
Pero no todos los consejeros están de acuerdo con incentivar la participación de la población en general. Luís Silva, primera mayoría nacional y jefe de la bancada del Partido Republicano, argumentó en un conversatorio que no es tarea de los consejeros incentivar o informar a la población sobre el proceso, ya que su principal tarea es redactar la mejor Constitución posible.
La frase se suma otras igual o más polémicas del consejero. Y, en esa línea, la cámara baja emitió un pronunciamiento rechazando una de sus declaraciones: llamar al ex-dictador Augusto Pinochet un “estadista”. La moción incluso recibió abstenciones desde la UDI y RN.
Ojo con los partidos oficialistas
Siendo conscientes de ser una minoría, el oficialismo ha comenzado a trabajar en sus estrategias para lograr tener voz dentro del Consejo Constitucional. Tienen líneas rojas, líneas que por nada en el mundo estarían, a priori, cruzar: la constitucionalización de las Isapres y las AFP. Sin embargo, son conscientes que solo lograrán tener influencia a través del dialogo.
En este sentido, los consejeros del sector han comenzado ha iniciar tratativas para acercar posiciones en puntos donde ven más factible encontrar acuerdos y delimitar propuestas.
Dentro de estas modificaciones plausibles se encuentran los derechos de niños y adolescentes y el derecho al cuidado. Pero también ven plausible poder reforzar la descentralización, la autonomía de las regiones, el fortalecimiento de los municipios.
Asimismo, los consejeros son conscientes de la importancia de defender el Estado Social y Democrático de Derecho junto con el reforzamiento de las normas de los derechos sociales.
En esa línea, el oficialismo propuso impulsar un bloque común para tener mayores posibilidades de incidir en la discusión dentro del órgano. Y también, realizar un encuentro que reúna a los timoneles de los partidos, los consejeros y también a los integrantes de la Comisión Experta del oficialismo.
Estas intenciones de unidad llegan de la mano con el llamado del presidente Gabriel Boric en el aniversario de su partido, Convergencia Social, a crear un única colectividad: Frente Amplio. “Como decía la ministra Orellana, que ante el avance de la ultraderecha nosotros decimos ‘estamos aquí’, y vamos a defender con mucha fuerza, con mucha convicción, con mucha claridad a todos quienes han sido excluidos permanentemente del poder”, explicó el mandatario en la instancia.
A pesar de que dentro de las colectividades como Convergencia Social y Comunes miran con buenos ojos la idea, Revolución Democrática calmó las aguas puesto que en un comunicado mencionó que es una decisión que se debe analizar para evitar “actuar de manera reactiva y evaluándose como alternativa en el mediano plazo”.
Postura similar fue la del diputado Jaime Saez (RD), quien, pese a mostrarse abierto a examinar la idea, planteó que la discusión no puede venir desde “cápsulas” sino desde la misma militancia. “Me pareció un poco liviano la forma en que se planteó ese día y es un tema que requiere la máxima seriedad”, mencionó el diputado.
Algo similar ha ocurrido con los llamados a tender puente entre los consejeros oficialistas y sus colectividades. Desde los partidos han manifestado la importancia de respetar el trabajo de las y los consejeros constitucionales, aunque no quieren quedar fuera del debate.
Si lograrán crear un bloque cohesionado estará por verse.