Las diferentes bancadas ingresaron una serie de propuestas para modificar el anteproyecto de los expertos. Pero lejos de existir consenso, las indicaciones trajeron consigo consternación. Los ánimos entre los consejeros oficialistas es de preocupación, pues apuntan a que muchas de las ideas republicanas no sólo vienen a destruir los acuerdos, sino que derechamente son una provocación. Y ya hay quienes comienzan a plantearse si realmente vale la pena seguir adelante.
Todo esto y más en una nueva edición del Boletín Constitucional.
Hasta las 23:59 del lunes 17 de julio. Ese era el plazo que tenían los consejeros para ingresar las enmiendas que modificarían el anteproyecto redactado por la Comisión Experta. Los acercamientos entre las bancadas para encontrar redacciones y posturas que generaran consenso fue la tónica de las últimas semanas. Pero eso no fue del todo posible.
Prueba de ello es que, a primera hora del martes, los consejeros amanecieron con 1.069 enmiendas recibidas por la Secretaría Técnica del proceso. Sin embargo, ya en los días previos existieron una serie de indicios que apuntaban a las intenciones de los partidos a presentar una batería de indicaciones. Más específicamente, a las intenciones del Partido Republicano de presentar una serie de enmiendas para modificar el anteproyecto.
Dicho y hecho. La colectividad fundada por José Antonio Kast presentó alrededor de 400 indicaciones en una gran variedad de temas. Y aunque Chile Vamos intentó encontrar acuerdos con el Partido Republicano, e incluso llegaron a tener sobre la mesa 15 preacuerdos, finalmente lograron llegar a solo 4 indicaciones presentadas en conjunto debido a reparos en las redacciones de las propuestas de normas.
Por otro lado, el oficialismo trabajó en indicaciones que incorporan temas sensibles para el sector, pero que también defendieran lo ya acordado por la Comisión Experta, al menos en un comienzo. Al ver la actitud del mundo republicano, el Partido Comunista presionó por ingresar una mayor cantidad de indicaciones y dar una señal política más clara. Pero tuvo que interceder La Moneda. En Palacio se habían mantenido al margen hasta el momento, pero en esta situación debió abogar porque el oficialismo se mantuviera unido e ingresara un solo paquete de enmiendas. El riesgo de dividirse era muy alto. Y así finalmente sucedió.
A diestra y siniestra: las enmiendas republicanas
Pero, ¿cuáles fueron estas enmiendas que el Partido Republicano presentó y que tanto disgusto causó en el oficialismo tanto disgusto? Una de ellas es la reducción de parlamentarios, dejando a la Cámara de Diputadas y Diputados con 132 –en vez de 155– junto con la intención de que la magnitud de los distritos se fije entre 3 y 5 escaños –actualmente se escogen entre 3 a 8 escaños–. Asimismo, propusieron modificar el Senado para que se integre por 48 miembros –hoy son 50–, mientras que un artículo transitorio establecería que cada una de las circunscripciones senatoriales tendrá tres senadores.
También, la colectividad busca otorgar un rango infraconstitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, algo que no ha encontrado adeptos en otras fuerzas políticas. Para la UDI, por ejemplo, la solución –propuesta en una enmienda– es otorgar un rango constitucional a los tratados, pero estableciendo mecanismos de incorporación a la legislación chilena.
La migración fue otra materia que recibió enmiendas del Partido Republicano, donde se propuso la creación de un Consejo Interministerial de Seguridad, organismo que tendrá como labores “considerar aquellas amenazas emergentes relacionadas con el crimen organizado transnacional, narcotráfico, migración irregular, terrorismo, ciberamenazas a la Infraestructura Crítica del Estado y otras que requieran una acción coordinada e integrada por parte de diferentes organizaciones e instituciones del Estado”.
También, se buscó sujetar el derecho a huelga a la negociación colectiva. En este asunto, agregaron que quienes integren las Fuerzas de Orden y Seguridad, Fuerzas Armadas y Gendarmería de Chile, los funcionarios del Estado y de las municipalidades no podrán declararse en huelga. Y otro eje clave es el derecho a la protección de la vida del que está por nacer. Un debate que ya no tiene vuelta atrás y que comienza a movilizar al oficialismo. “Para nosotros un principio fundamental es la protección de la vida del que está por nacer y en ese sentido creemos que hay un espacio amplio todavía para robustecer una definición que está en el texto vigente”, explicó el consejero Luis Silva respecto a dicha enmienda.
Las opciones de por qué abrir este debate son variadas. Algunas van desde considerar que es un punto de negociación, mientras que otras alternativas se centran en que es parte de la agenda de Republicanos. Sea como sea, republicanos, también, propuso un nuevo capítulo para la nueva Constitución, este llevaría por nombre “Paz, Orden y Seguridad Interior” y contendría dos nuevos epígrafes: uno para el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, que actualmente se encuentra en el capítulo del Ministerio Público y otro para el Sistema Nacional de Seguridad.
Otras enmiendas, poco advertidas, son que la vivienda (residencia principal) quede exenta de toda contribución o impuesto territorial; la prohibición de establecer tributos que graven el patrimonio de las personas -ambas enmiendas criticadas por el oficialismo-; agregar beneficios o exenciones tributarias en favor de la familia, vivienda, adultos mayores y el libre emprendimiento; fortalecer la propiedad sobre derechos de aprovechamiento de agua; prohibir el endeudamiento público excesivo y eliminar algunas normas del Banco Central.
Pero una de las propuestas más polémicas que presentaron fue el “perdonazo a Punta Peuco”: otorgar el arresto domiciliario para condenados que tengan más de 75 años o padezcan una enfermedad grave. Dicha enmienda se condice con lo propuesto por el exoficial de la Armada, Enrique Cordovez, quien presentó en audiencia una Iniciativa Popular de Norma que aborda esta materia.
Sumado a esto, la propuesta republicana, plantea que dicho beneficio sólo sería aplicable en los casos en que la conducta sancionada del condenado no sea un peligro para la sociedad. Pero eso no fragua la cólera del oficialismo al respecto.
Las propuestas de la UDI: Juntas pero no revueltas
Por su parte, la Unión Democrática Independiente presentó su propia batería de enmiendas, a pesar de compartir inclinación política. Y es que no todas las enmiendas se alinearon. El partido se desmarcó, por ejemplo, de la enmienda que plantea republicanos sobre el derecho a la vida del que está por nacer, puesto que buscan “no retroceder con la protección –del que está por nacer– que actualmente existe en la Constitución, pero tampoco retroceder en que sea inaplicable o declarado inconstitucional la actual ley que permite el aborto en tres causales”, según explicó la consejera Carolina Navarrete.
A pesar de esto, Chile Vamos y Republicanos generaron consenso y acercamiento en modificar el quórum para reformar la Constitución y en la reducción de parlamentarios, junto con la modificación al rango de escaños en los distritos. Desde la UDI proponen que el número de las y los diputados pase a fluctuar en un rango de 135 y 150 –considerado que hoy son 155–, pero dejando que los distritos tengan un margen de 2 y 6 escaños.
Ciertas enmiendas del sector, van destinadas a rebajar la dieta o asignaciones a los parlamentarios que falten injustificadamente a las sesiones, indemnizar a las víctimas de terrorismo, normas sobre migración, entre otras. También, esta bancada sumó enmiendas en la seguridad, proponiendo considerar la amenaza grave de terrorismo como una causal para decretar Estado de Sitio; fortalecer la Defensoría de las Víctimas; norma enfocada en escuelas seguras; y otorgarla mayores facultades a los municipios para colaborar con las policías.
RN y Evópoli: ¿Desmarcándose de la derecha dura?
Los partidos de Renovación Nacional y Evopoli también presentaron enmiendas, aunque estas fueron más cercanas a la centroderecha. Por su parte, no consideraron reducir el número de escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados, ya que prefirieron modificar el tamaño de los distritos –para que fluctúen entre 3 y 5 escaños–, más no su cantidad. “Creemos que distritos entre tres y cinco diputados electos nos parece una cifra razonable y va justamente en el sentido de dar mayor gobernabilidad y que el Parlamento ya no esté tan atomizado”, señaló el consejero constitucional, Germán Becker (RN).
Para ambos partidos, el derecho a huelga fue materia de cambios. Pero solo proponiendo que no se puedan declarar en huelga las personas que trabajen en corporaciones o empresas que atiendan servicios de utilidad pública o cuando su paralización cause un grave daño a la salud, al abastecimiento de la población o a la economía o seguridad del país.
Una novedad de la bancada se sitúa en aumentar la edad de 35 a 40 años para optar a ocupar el sillón presidencial, algo que también es apoyado por el Partido Republicano. En concreto, dicha norma, hubiera dejado fuera de la carrera presidencial al actual mandatario, Gabriel Boric, y de aprobarse, tanto la norma como el texto constitucional, podría dejar a la actual ministra de la Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejos, fuera de la carrera, dado que no contaría con la edad suficiente para postular.
En cuanto al capítulo sobre el Congreso Nacional, RN y Evópoli propusieron disminuir el quórum para la aprobación de las acusaciones constitucionales en el Senado, proponiendo un 4/7, lo que eliminaría los 3/5 que consagra, de momento, el anteproyecto.
También, plantean crear una Comisión de Reparación y Buena Convivencia -compuesta por seis integrantes-, que tendría por principal objetivo resolver el conflicto que ha existido por las tierras indígenas.
Además, no se cuadraron con Republicanos, y presentaron enmiendas sobre agenda de probidad y anticorrupción, en la que proponen la creación de Agencia Anticorrupción, decretar la muerte cívica a quienes sean condenados a pena aflictiva por corrupción y terrorismo, y un nuevo capítulo sobre seguridad pública. Este capítulo busca incorporar a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. A esto se sumaría, la propuesta de generar un trabajo colaborativo entre las municipales, respecto a esta materia.
La libertad de elección en derechos como la salud, educación y pensiones, forma parte también de las enmiendas que presentó la bancada. Otra, se centró en la modernización del Estado, indicaciones sobre sala cuna universal, la protección a la maternidad, el fortalecimiento a la identidad nacional, mejorar la gobernabilidad (entre Parlamento y Gobierno), descentralización y la protección a la salud en cuanto al acceso a medicamentos y cuidados paliativos.
De este modo, igualmente presentó enmiendas para tribunales y el Ministerio Público. Respecto al Poder Judicial, el bloque de oposición propone la “incorporación del efecto relativo de las sentencias y del principio de congruencia, con el objeto de otorgar mayor certeza jurídica a las personas”, según explicó la consejera Ivón Guerra.
La norma es mirada con ojos positivos por ciertos abogados que analizaron esta materia. Sin embargo, plantean ciertos puntos relevantes. “Si bien su regulación puede ser positiva en algunos aspectos, toda vez que apunta a generar una cierta estabilidad en el sistema judicial y certeza jurídica en los justiciables, es compleja, puesto que nuestro ordenamiento jurídico se ha configurado bajo un contexto normativo diverso al common law” explicó la académica de Derecho Público de la Universidad de los Andes, Rosa Fernanda Gómez.
El problema radica en “la limitada densidad normativa de la regulación de la acción de protección (constitucional y legal) lo que ha dado cabida a que la Corte Suprema entienda que se encuentra habilitada para emitir fallos con efectos erga omnes”, manifestó. En tanto, la preocupación para el académico de Derecho Administrativo de la UCV, Eduardo Cordero, se sustenta al cuestionar que esta norma, actualmente contenido en el Código Civil, se eleve a un rango constitucional como se propone.
La Corte Constitucional, también, fue objeto de enmiendas, dado que la oposición propuso el control preventivo sustantivo, aunque de manera facultativa y no obligatoria. Sobre el Ministerio Público, dicho sector busca fortalecer el Consejo Consultivo que propone el anteproyecto, integrando a la policía marítima, puesto que constituye a ser uno de los puntos claves de entrada y salida de droga.
El consenso derechista –entre Republicanos y Chile Vamos– llegó, al menos, en cuatro enmiendas: La elección en el sistema de salud, el derecho de los cotizantes a elegir la institución que administrará sus fondos previsionales (manteniendo la propiedad y heredabilidad), derecho preferente de padres para elegir la educación de sus hijos y un nuevo capítulo sobre “Defensa Nacional”.
Dicho derecho a la libertad de elección en salud, educación y previsión “tienen como foco central colocar a la persona en el centro, garantizando su protección y libertad para un desarrollo pleno”, según las y los consejeros constitucionales del Partido Republicano.
Sobre esta misma materia, la consejera constitucional, Pilar Cuevas (RN), manifestó que “jamás ha estado en nuestro ánimo constitucionalizar ningún tipo de industria ni instituciones vigentes, dígase claramente ni las isapres ni las AFP. Pero sí queremos defender claramente el derecho de los chilenos y chilenas a elegir”.
Sin embargo, el consejero constitucional, Yerko Ljubetic (CS), expresó su disconformidad con la enmienda, argumentando que esta «constituye un régimen privado en materia de aseguradoras, que son las isapres, y nos parece que es del todo inconveniente: vamos a oponernos con todo lo que tengamos a esta propuesta».
Un oficialismo protector: Enmiendas que defienden el anteproyecto
Desde el oficialismo, a pesar de ser minoría, presentaron enmiendas en común y en puntos claves para su sector. Las modificaciones que proponen, de cierta forma, defienden el anteproyecto presentado por la Comisión de Expertos, aunque abordan nuevos puntos y refuerzan ciertos ámbitos con el objetivo de apuntar a una Constitución “minimalista”.
Algunas de las enmiendas se centran en reponer las listas cerradas en el sistema electoral, asegurar la reserva de escaños para pueblos indígenas en el Congreso, darle un rango constitucional a los tratados internacionales, derecho a los cuidados, derecho a la verdad, justicia y reparación y una Defensoría de Derechos Humanos.
Otros puntos que fueron presentados, en su momento, por las y los comisionados oficialistas serán vueltos a poner en la mesa: derechos de niños, niñas y adolescentes, paridad de género, gratuidad en la educación, normas sobre seguridad y anticorrupción, normas para reconocer el derecho de las personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros puntos.
Con lo anterior, se suman enmiendas en torno al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho; normas sobre el derecho a huelga; el trabajo decente y la libertad sindical; y profundizar en el derecho a la vivienda.
Otra novedad se vislumbra en la enmienda que busca otorgar el derecho al sufragio -voluntario- de personas desde los 16 años; una democracia paritaria; derechos sexuales y reproductivos; garantías de no repetición en derechos humanos; entre otros temas claves.
¿Puntos de encuentro entre Republicanos y Chile Vamos?
Todos estos temas son el fiel reflejo de una cosa: la disparidad entre las prioridades de uno y otro sector. Y es que no es secreto que el ingreso de las enmiendas tensó el ambiente dentro del Consejo Constitucional. Así lo reconocieron tanto las fuerzas oficialistas como de oposición. Pero es en la izquierda donde surgen los mayores cuestionamientos, pues no solo ven como problemáticas algunas de las enmiendas presentadas por la derecha, y en especial por el Partido Republicano, sino que incluso las han tildado de “irresponsables”.
Ya a primera hora del día lunes, y antes de que se presentaran oficialmente las enmiendas, los partidos oficialistas analizaron en el comité político la arremetida de la oposición. Y había preocupación: muchas de las enmiendas ingresadas atentan, según el oficialismo, contra los acuerdos alcanzados en la Comisión Experta, trayendo el riesgo de convertir al anteproyecto en una Carta Magna partisana, similar a lo ocurrido en la pasada convención.
Las intenciones de consagrar las “vida del que está por nacer” y, así, prohibir el aborto en cualquiera de sus causales, reducir el número de escaños por distrito y la cantidad de diputados en la cámara, o suprimir el artículo transitorio sobre paridad son solo algunas de las propuestas republicanas que han causado escozor en el oficialismo.
De hecho, los mismos comisionados expertos han tenido sus reparos frente a este tipo de enmiendas. Es más, han mostrado críticas a las cuatro indicaciones que fueron presentadas tanto por Chile Vamos y el Partido Republicano: crear un capítulo para las FFAA titulado “Defensa Nacional”, la libre elección de la “entidad prestadora” y la “entidad que entregue cobertura” en salud, consagrar el “derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales” y el “derecho y deber preferente” de padres y tutores a educar a sus hijos.
Estas, en específico, ya contarían en teoría con los apoyos necesarios para ser aprobadas (3/5 de quórum). Pero para los comisionados oficialistas, incluyendo a la demócrata cristiana Alejandra Krauss, el espíritu de estas normas atentan contra la idea de una Constitución habilitante para la discusión legislativa, consagrando materias de políticas públicas. No por nada, la presidenta de la instancia, Verónica Undurraga (PPD), afirmó sentirse “preocupada” al ver estas señales: “cuando uno tiene una postura que no es compartida por el resto de la sociedad, hay que tener mucho cuidado con dejarla clavada en la Constitución», sostuvo.
Sin embargo, hay otras materias en las que Chile Vamos podría llegar a acuerdos con el Partido Republicano y, así, alcanzar el quórum de aprobación. Ambos conglomerados ingresaron enmiendas similares en temas como ajustar los comicios legislativos con la primera vuelta presidencial, reducir el número de escaños por distrito (pero no en el número de diputados), la protección de la vida del que está por nacer, suprimir el derecho a huelga del sector público y circunscribirse a la negociación colectiva, o la reposición del control preventivo de la Corte (o Tribunal) Constitucional. Sin embargo, cada cuál presentó enmiendas con su propio estilo de redacción y conceptos, a veces, incompatibles.
El remezón de las enmiendas
Algunas de las propuestas del Partido Repúblicano no sólo han generado resquemores en los partidos oficialistas y progresistas, sino que también incluso en las fuerzas de centroderecha. Una de aquellas voces ha sido el ex-vocero de gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Bellolio (UDI), quien enfatizó, al igual que los expertos, que no se deben incluir políticas públicas en la constitución. Una de ellas es el aborto, ejemplificó el exministro. Y si bien votó en contra de las tres causales en su momento como legislador, se mostró contrario a adoptar la redacción que proponen dentro del mundo republicano, y que constitucionalizaría la pena en contra del aborto.
Obviamente, desde el Partido Republicano han defendido las enmiendas. El delegado de su bancada, Luís Silva, las calificó como “un conjunto ambicioso para identificarnos a través de ellas”. Pero también académicos y observadores del proceso han tenido reparos a la batería de propuestas que ingresó el partido fundado por José Antonio Kast, explicando que, de aprobarse las medidas, la constitución podría ser aún más conservadora que la vigente.
Pero hay muchas otras materias que han incomodado incluso a las fuerzas de Chile Vamos. Una de ellas es definir a los tratados internacionales de Derechos Humanos con una jerarquía infraconstitucional. Y otra de ellas es la disminución de diputados en la cámara baja, medida que en principio no apoyaría Chile Vamos, aunque sí defendería un redistritaje.
Una de las explicaciones detrás de esta arremetida republicana puede explicarse como un guiño a los grupos más radicales dentro del partido, como Un Militante Un Voto (UMUV), y que han hecho llamados públicos a rechazar el proyecto constitucional debido a que fue elaborada por comisionados expertos electos por las mismas fuerzas del congreso.
Pero también, dentro del partido existe la certeza de que muchas de las enmiendas pueden llegar a hacerles sentido al grueso de la ciudadanía, como la reducción de parlamentarios y las medidas migratorias. En ese sentido, el conglomerado ya ha comenzado a desplegar una campaña comunicacional por redes sociales y, también, presencialmente.
Sea como sea, la controversia de las enmiendas hizo que incluso el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luís Cordero, se pronunciara. Y es que una de las enmiendas presentadas por el Partido Republicano propone que todos los reclusos mayores de 75 años o con enfermedades graves puedan cumplir sus penas desde sus domicilios. El secretario de Estado declaró que la situación es “como volver al debate legal a principios de los 80”, y que este tipo de enmiendas “desconocen todo lo que ha sido la trayectoria jurídica chilena de las últimas tres décadas”.
En esa misma línea, el ministro de Estado también afirmó que “no se puede considerar sólo la edad para dejar en libertad a un reo, sino también el delito condenado”. Y es que incluso Chile Vamos se ha desmarcado de la iniciativa. Y ni hablar del oficialismo, quienes han visto esta propuesta como una provocación hacia su sector y como un “perdonazo” a los reclusos de Punta Peuco, privados de libertad muchas veces por su rol durante la dictadura.
Sin ir tan lejos, dentro de la DC advierten el riesgo de llegar a una propuesta constitucional sumamente conservadora. En un comunicado de prensa, la falange declaró que este tipo de enmiendas “pueden llevar a la consagración de una Constitución inamovible, conservadora, que debilita lo consagrado como país desde el retorno a la democracia y pondría en un espacio de relatividad a los derechos humanos», además de afirmar que “claramente la derecha más extrema (…) cae en la misma conducta revanchista que algunos integrantes del anterior proceso”.
Otro personero que ha mostrado sus reparos es el ex-convencional Felipe Harboe, hoy reconocido por estar más en el centro político luego de su renuncia al PPD. El también ex-parlamentario lanzó una dura crítica a los movimientos republicanos: “parece que no se hubiese aprendido la lección”. Según Harboe, Chile no necesita textos refundacionales, pero tampoco más conservadoras.
Pero más dura aún han sido las fuerzas de izquierda, dentro y fuera del órgano. Algunos consejeros del oficialismo se han sumado a las múltiples críticas que apuntan a que las enmiendas mantendrán a mantener el sistema tal cual está y peor, como indicó María Pardo (CS). Pero otros han marcado posiciones más duras, como el también militante de Convergencia Social, Yerko Ljubetic, quien afirmó que sin Estado social de derecho, «probablemente pierda mucho sentido seguir adelante». Y, en la misma línea, el consejero del Partido Comunista, Fernando Viveros, sostuvo que, si bien intentarán trabajar por acuerdos, las posibilidades de rechazar la propuesta son cada vez más latentes.
El pesimismo dentro del oficialismo es evidente. Y la preocupación aún más. Y es por eso que han hecho múltiples llamados al compromiso de la oposición con respetar los acuerdos alcanzados en la Comisión Experta, y que según ellos es un buen punto de partida. Y, más aún, a dejar de lado las enmiendas “testimoniales” ingresadas por el Partido Republicano, y que son vistas como una provocación.
Ojo con las discusiones dentro del Consejo Constitucional
Cómo terminen las deliberaciones sobre las enmiendas estará por verse en las próximas semanas. Se piensa que recién a comienzos de agosto, los consejeros comenzarán a tratar las enmiendas de sus respectivas comisiones. Y es que antes quedan trámites administrativos y, además, recibir a uno que otro expositor. De hecho, eso fue lo que sucedió la semana pasada.
Quienes llegaron hasta los salones del ex-congreso fueron algunos de los autores de las Iniciativas Populares de Norma. Cristian Vivian, por ejemplo, fue quien redactó una enmienda que busca hacer retiros del 10% de los fondos previsionales por año, y que asistió a la comisión de derechos del Consejo, donde además pronunció una especie de amenaza: “les recuerdo que en diciembre nosotros vamos a tener el sartén por el mango, vamos a decidir si esto se aprueba o se rechaza”.
Otro que llegó hasta los salones del ex-congreso fue Enrique Cordovez, autor de la Iniciativa Popular de Norma que busca que los mayores de 75 años puedan optar a la reclusión domiciliaria. Y a no todos les hizo gracia. La comisionada Catalina Lagos (PS) criticó fuertemente la medida, quien comenzó a enlistar la serie de condenas y víctimas de Moguel Krassnoff, el ex-militar que cometió crímenes de lesa humanidad durante la dictadura y que hoy cuenta con 76 años a su haber.
Así, el órgano seguirá recibiendo expositores en los próximos días. Y ya está confirmado que este lunes, el ex-presidente Sebastián Piñera asistirá a la comisión de Sistema Político. Tal como lo explicó el presidente de la instancia, la idea es poder contar con las observaciones de todos los ex-mandatarios respecto de temas relacionados a la gobernanza. No obstante, hasta el minuto solo el ex-presidente Sebastián Piñera había aceptado la invitación.