La iniciativa, patrocinada por los diputados Roberto Arroyo, Jorge Brito, Felipe Camaño, Juan Fuenzalida, Johannes Kaiser, Tomás Lagomarsino, Raúl Soto y Héctor Ulloa, junto a las diputadas Karol Cariola y Joanna Pérez, modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Municipalidades, para establecer la obligación de los municipios de disponer de cementerios de mascotas en sus respectivas comunas.
Los autores de la moción sostienen que los animales ocupan roles importantes en la vida de muchas personas llegando en algunos casos a ser tan queridos como un miembro más en la familia. Además, los animales de compañía pueden mejorar nuestra salud física y mental.
Agregan que nuestra sociedad se ha dado el trabajo de elevar el estatus jurídico de los animales; impulsando leyes como la Tenencia Responsable e incluso mediante fallos de tribunales civiles en donde se ha podido regular un régimen de visitas para dos dueños que al término de una relación de convivencia no han logrado acuerdos respecto al cuidado de la mascota en común.
Al respecto, advierten que el crecimiento demográfico y la nueva forma de construir familia, son un elemento de conflicto con escasa solución normativa en la actualidad, respecto al fallecimiento de una mascota. En particular apuntan a las construcciones en altura y la gran cantidad de personas que viven en ella con mascotas hacen muy complejo dar sepultura digna a quienes por años acompañaron a un grupo familiar; y quienes al crear un lazo afectivo fuerte se niegan a lanzar los cuerpos de sus fallecidos compañeros a la basura.
Traen a colación el caso de Málaga (España), que en febrero pasado inauguró el primer cementerio público de mascotas, el cual permite que cuando un animal fallezca, los dueños tendrán la posibilidad de enterrarlo y poder visitar su tumba cada vez que quieran y también ofrece la posibilidad de que las mascotas sean incineradas.
En el caso español, para poder enterrar o incinerar a los animales se paga un precio que varía entre los 250 y los 975 euros dependiendo del tipo de entierro que se quiera, del tipo de animal, del peso que tenga y del mantenimiento de la tumba. La incineración es más económica, cuesta entre 170 y 210 euros en función del peso del animal y de la urna elegida.
Refieren que en nuestro país existen varias experiencias de sepultaciones clandestinas de animales. En la comuna de Puerto Montt, sector Bosque Mar, población Mirasol; se ha acreditado que varias familias han utilizado terrenos privados para dar digna sepultura a sus mascotas e incluso han intentado, mediante numerosas coordinaciones con el municipio, para dar solución a esta actividad, sin tener éste herramientas para poder entregar respuestas efectivas al asunto en cuestión.
Asimismo, existe una expansión del cementerio de mascotas en San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, en un improvisado lugar que se acerca cada día a los edificios, generando un posible problema sanitario, tanto por los animales fallecidos como por los microbasurales.
Agregan que podemos encontrar fácilmente por internet empresas que se dedican a la incineración de cuerpos animales, con una oferta relativamente amplia, pero que no logra cubrir lo extenso del territorio nacional.
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Por lo anterior, sostiene que se hace necesario crear un estatuto que permita dar solución a estas familias que solo buscan sepultura digna a sus compañeros de vida y a una comunidad completa que merece estar libre de posibles riesgos sanitarios, siendo muy necesario lograr coordinaciones de los municipios con los servicios de salud correspondientes y otras autoridades competentes.
En concreto, la iniciativa modifica el artículo 5, que regula las atribuciones esenciales de las Municipalidades, de La ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, para incorporar una nueva letra p), del siguiente tenor:
“Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el plan comunal para la habilitación de un cementerio de mascotas.”
El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional radicado para su estudio en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara Baja.
Vea texto de la moción Boletín N° 16.669-12 y siga su tramitación aquí.