Diversas problemáticas y alarmantes cifras detectó en sus indagatorias la comisión investigadora sobre la situación carcelaria del país (CEI 23), cuyo informe hoy respaldó la Sala de la Cámara por la unanimidad de 135 votos a favor.
El diputado Francisco Pulgar, quien fuera presidente del grupo fiscalizador, relató que la comisión constató un aumento muy significativo de las personas privadas de libertad. De 2022 a la actualidad, se pasó de 41 mil a 52 mil reclusos en el sistema cerrado (un 36,5% son imputados). Representa más de un 20% de aumento en un periodo de un año y medio. Con ello, se mantiene un 123,4% de ocupación a nivel nacional.
Informaron que, para enfrentar el tema, el Gobierno trabaja en el plan de infraestructura penitenciaria. Este contempla la habilitación de 4.796 nuevas plazas dentro del transcurso de este año y del próximo. En este marco, se llama a poner especial atención a los centros del norte, que superan el promedio de hacinamiento.
También se concluyó que, en términos generales, las concesiones han servido para el propósito que fueron diseñadas. Se observó en ellos una mayor inversión en materia sanitaria, de seguridad y tecnología. Ello se traduce en mejores condiciones generales para los internos. Sin embargo, igualmente, se detectaron falencias en reinserción social y prestaciones de salud a causa de la rigidez de los contratos.
La comisión sobre el sistema carcelario llamó a observar la experiencia internacional para avanzar en una Fiscalía Supraterritorial. Ella se focalizaría en combatir los delitos cometidos por bandas internacionales y carteles criminales. “En lo que respecta a Chile, es necesario abordar el problema con urgencia ante el ingreso al país de bandas internacionales como el Tren de Aragua o Los Gallegos”, se plantea.
Reinserción y situación carcelaria de mujeres
Si bien se reconocen esfuerzos y el trabajo realizado en reinserción social, se estima que existe aún un gran desafío en la materia.
Se explicó que Gendarmería realiza un análisis en razón del grado o compromiso delictual de los sujetos y los clasifica en tres parámetros: alto, medio y bajo. Así, de las 52 mil personas recluidas, un 27% está en el primer grupo; un 40%, en el segundo; y un 31,8%, en el tercero, donde se estima que debiera enfocarse el esfuerzo de reinserción.
Empero, se estimó que las actuales condiciones de hacinamiento y sobrepoblación penal hacen difícil poder avanzar en reinserción. Esto repercute en que exista un 60% de reincidencia delictual.
La comisión consideró que son preocupantes las cifras de mujeres privadas de libertad. En su mayoría, se debe a delitos sancionados por la Ley 20.000, principalmente microtráfico. Representan un 7,7% de la población penal. Un 51,2% de ellas se encuentra en calidad de condenada y el otro 48,8% en calidad de imputadas. El 76,7% es de nacionalidad chilena y el 23,3% extranjeras.
Violencia y crimen organizado
El informe sobre la situación carcelaria observó que, frente las actuales condiciones, “la violencia es un problema recurrente”. “Se manifiesta como un método regular para resolver conflictos, porque no es posible recurrir a instancias institucionales para solucionar disputas o porque bien no existen o porque las que hay son deficientes. Además de las normalizadas amenazas ante la más mínima intención de denuncia”, se sentencia.
Algunas manifestaciones son: suicidios, homicidios y agresiones con o sin armas. También violencia entre los internos, así como de estos a personal de gendarmería y viceversa.
Por otra parte, la mitad de las personas privadas de libertad señalan haber sido víctimas de maltratos físicos. Un 45% señala haber sufrido maltrato psicológico. A eso se agregan las vulneraciones diarias, como las inhumanas condiciones carcelarias ya mencionadas, la falta de acceso a la salud o a medicamentos regulares y la mala alimentación.
Otro punto de preocupación son las cifras de corrupción que afectan a funcionarios de Gendarmería de Chile. Desde 2014 a 2021, se registran 500 causas. 49 de ellas han terminado en sentencia condenatorias.
La comisión concluyó que la sobrepoblación penal favorece que se traspasen conocimientos y se profundicen las redes criminales. Igualmente, que se aprenda de aquellos delincuentes que han llegado desde el extranjero con niveles de organización y criminalidad mayores. En este marco se ve con preocupación el aumento de las bandas dentro del sistema penitenciario nacional.
Esta situación hace proponer a las y los legisladores a que se separen reos, para evitar una suerte de “contagio”. ”El tratamiento que se le debería dar a este tipo de delincuencia mucho más organizada sería uno que se enfoque en eliminar sus redes de contactos para apagar la célula criminal y provocar un efecto en materia de seguridad”, se plantea.
Por último, entre otras propuestas, se sugiere construir más centros penitenciarios en el más breve plazo posible; mejorar los programas de reinserción social, involucrar a la sociedad civil en ellos y contemplar planes específicos para mujeres; aumentar al presupuesto de Gendarmería, elaborar mecanismos y protocolos para prevenir y sancionar los actos de corrupción y mejorar las condiciones laborales de los efectivos; e implementar una estrategia distinta para desbaratar las bandas criminales que operan desde el interior de los centros penitenciarios.
Discusión
Expusieron en la discusión de este informe Mauro González, Alejandra Placencia, Juan Fuenzalida y Lorena Pizarro.
Noticia Relacionada
Se criticó que se sigue esperando por medidas como enfrentar los llamados “pelotazos”. Ellos se lanzan desde el exterior y llevan en su interior drogas u otros elementos prohibidos en los penales. Igualmente, se llamó a realizar las obras necesarias para mejorar las condiciones del personal, uniformado o no, así como de los propios internos.
También se destacó la situación carcelaria de las mujeres en Chile. En ello, se relataron medidas que van en pro de mejorar su condición. Del mismo modo, se relevó que las mujeres tienen buena respuesta a la reinserción social.
Se pidió un fiel cumplimiento de las penas en el país y tener condiciones efectivas de segregación. La idea es que quienes tienen un mayor compromiso delictivo no se relacionen con los primerizos.
Además, se relevó que hubo una constatación de los hechos que existen. Entre ellos, la necesidad de contar con nuevos centros carcelarios en el más breve tiempo posible. Asimismo, aumentar el presupuesto del sistema, por ejemplo, para apoyar la labor de Gendarmería.