La iniciativa, que pasó a la Comisión de Constitución, busca modificar el Código Procesal Penal con el fin de suspender la sentencia penal y dictar la improcedencia de la prisión preventiva respecto de mujeres embarazadas, o de aquellas que tengan hijos o hijas menores de tres años.
El senador Navarro, quien junto al legislador Quintana presentaron la moción, señaló que  “hoy, hay 122 niños y niñas menores de 3 años en las cárceles chilenas. Ellos están junto a sus madres condenadas, sin contar con las mínimas condiciones de protección para su desarrollo, pues viven en un ambiente acotado que al final los habitúa al sistema carcelario, y que puede llegar a incidir en su formación personal, en la más íntima relación en torno al apego a la madre y particularmente, al entorno social”.
Por ello, sostiene el legislador "buscamos establecer un criterio que es de carácter internacional, y que señala el efecto desastroso que se produce sobre el niño al estar dentro de la cárcel”.
Recordó que el caso de  “Lorenza Cayuhán y su hija Sayén le han dado la inspiración a este proyecto de ley porque, una mujer que estando condenada por un proceso penal, estando cumpliendo su pena, fue llevada engrillada a tener a su hija a una clínica privada en Concepción”.
El congresista, se refirió al caso de Lorenza Cayuhán quien estando condenada por un proceso penal, fue llevada engrillada a tener a su hija a una clínica privada en Concepción. “Aparte de la discriminación, no recuerdo que haya ocurrido ni en Chile ni en el mundo, pues el que una reclusa haya sido engrillada a su cama para tener una cesárea, y en el momento del parto que se le haya puesto una cadena entre sus piernas, creo que no solo era absolutamente innecesario, sino que fue una medida digna de la Edad Media”, manifestó.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos indicó que, “aquí no se está buscando evadir la pena. Pedimos que se suspenda y que se cumpla con arresto domiciliario, o de algún otra forma”.
En los argumentos de la moción se expresa que antes del año 2005 el promedio anual de condenadas a prisión se mantenía relativamente estable (1.300 reclusas en promedio anual), situación que con posterioridad a la publicación de la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de drogas, aumentó progresivamente (hasta app. 3.400 en promedio anual), debido al gran aumento de condenas a prisión en mujeres que obtenían sus ingresos gracias al microtráfico de drogas (negocio que ejercían desde sus propios hogares).
A noviembre de 2016, 4.032 mujeres se encontraban privadas de libertad, lo que corresponde al 8% de la población penal.  El 88,5% de ellas declaró ser madres y la gran mayoría encabezaban familias monoparentales y ejercían la jefatura del hogar.  
En nuestro país se estima que 1 de cada 100 niños, tiene a su padre y/o madre privados de libertad en Chile, es decir más de 40.000. Sin emabrgo, la falta de información sobre niños y niñas con progenitores encarcelados es un indicador de la invisibilidad de las familias de los presos en general, de la facilidad con que los niños y niñas de una madre o padre encarcelado son olvidados.
Naciones Unidas el año 2011 reconoció que niños y niñas con padre y/o madre encarcelados “son las víctimas invisibles del delito y del sistema penal. No han hecho nada malo y sin embargo, sufren el estigma de la criminalidad. Sus derechos de crianza se ven afectados tanto por la acción delictiva de uno de sus progenitores como por la respuesta del estado en nombre de la justicia”. 

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

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