La Cámara de Diputados aprobó, con 112 votos a favor y dos abstenciones, una resolución que pide al Presidente de la República y al Ministerio del Trabajo considerar las modificaciones legislativas necesarias para exceptuar del cumplimiento de los plazos legales, cuando la fecha de vencimiento sea durante una jornada en la que sea imposible realizar trámites o pagar créditos o cuentas, por motivos de fuerza mayor.
El texto señala que debe implementarse una regla general que establezca que, ocurriendo situaciones de fuerza mayor (paralización o desastre natural) que imposibiliten la atención del público, queden automáticamente suspendidos los plazos dispuestos por las normas vigentes.
Como ejemplo menciona la renovación de la vigencia de documentos públicos como licencias de conducir, cédulas de identidad, permisos con fecha de expiración. A su vez, trámites con plazos perentorios como el pago de créditos o de cuentas en servicios públicos.
Los diputados Pérez, Calisto, Sabag, Verdessi y Soto, creadores de la idea, afirman que no debe importar si el compromiso es con una institución pública o privada, porque el principio es que la persona no puede responder a sus obligaciones aunque tenga la voluntad de hacerlo.
Por ello, la resolución pide incluir dentro de la definición de feriado legal, la situación de los días en los que, por desastres naturales o razones ajenas a la voluntad de los trabajadores, no sea posible cumplir con los plazos establecidos en contratos públicos o privados.
 

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