“Los estudiantes no solo chilenos sino que también extranjeros inscritos en este diplomado, reflejan que Chile se ha ido consolidando como una jurisdicción muy avanzada en temas de libre competencia, como mínimo diría a nivel latinoamericano. Ello se debe a que el sistema de libre competencia chileno, a diferencia de otros países, logró aplicar la ley a través de casos de colusión”, enfatizó el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco Eyzaguirre, al inicio de la clase magistral que realizó en la U. Finis Terrae para inaugurar el Diplomado en Nuevas Tendencias de Libre Competencia, que imparte la Facultad de Derecho de esta casa de estudios.
Fue precisamente un análisis de los tres grandes casos de colusión que involucraron a algunos de los grupos económicos más importantes del país y que afectaron a productos de primera necesidad –cadenas de farmacias en 2008, productores de pollos en 2011 y papel higiénico en 2015–, el principal tema con que abrió su exposición.
Al respecto, junto con destacar los “importantes cambios normativos” que estos hechos gatillaron, además de su gran impacto mediático y ciudadano, Riesco adelantó que un estudio académico reciente –que aún no ha sido publicado– muestra que “en Chile el apoyo a las penas de cárcel para la colusión es entre dos a tres veces mayor que el apoyo que esta misma medida punitiva tiene en países como Estados Unidos o Inglaterra”.
Además recordó que Chile fue el duodécimo país del mundo en adoptar una legislación de libre competencia, a través de la Ley 13.305 de 1959, lo que a su juicio permitió convertir al país en un referente en estas materias. Así lo demuestra el hecho de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) es actualmente colíder del Grupo de Técnicas de Persecución de Carteles de la International Competition Network (ICN), organización que agrupa a las autoridades de competencia de 64 jurisdicciones del mundo.
“Esto revela el amplio expertise de la FNE y su amplio prestigio como persecutor de carteles, nos permite estar totalmente al día respecto de las últimas técnicas de investigación disponibles y sobre todo facilita la colaboración que es tan necesaria tratándose de carteles internacionales”, señaló.
Asimismo explicó las razones de por qué el trabajo de la FNE, en pos de mantener la competencia en economías de mercado, resulta una cuestión de vital importancia para la sociedad en su conjunto.
“El estallido social nos demuestra que la competencia en los mercados es tan, pero tan importante que, cuando no existe, cuando nos damos cuenta de su ausencia, cuando verificamos que se ha vulnerado, ello hace que la ciudadanía se sienta abusada, lo que puede ser una de las causas que genere una crisis política, económica y social que incluso pueda poner en riesgo nuestra democracia”, advirtió.
Uno de los desafíos de la FNE en el actual contexto es la necesidad de “distinguir en qué asuntos específicos está comprometido el interés general de la colectividad de mayor manera”. De esta manera, dijo, se puede priorizar el trabajo de la institución, el rol que cumplen los estudios de mercado que ella realiza y  la detección de oficio respecto de la persecución de carteles con un especial foco en las licitaciones públicas.
Explicó que aunque la delación compensada es una herramienta que “está funcionando con fuerza”, actualmente la fiscalía se encuentra “revisitando” su formulario de solicitud, la petición formal de sus beneficios y la guía publicada en marzo de 2017, para “incentivarla aún más”. En materia de operaciones de concentración, el Fiscal Nacional destacó el trabajo que actualmente desarrollan en relación al reglamento de notificación y en establecer un mejor mecanismo de pre-notificación que busca hacer del proceso uno “aún más colaborativo”.
Al respecto, el Fiscal Nacional Económico advirtió que la FNE “no relajará el fondo, no podemos hacerlo, especialmente cuando se invoque la excepción de empresa en crisis, porque un escenario transitorio como es la pandemia no puede alterar en forma permanente la estructura de los mercados (…) En términos muy simples: no bastará con invocar una crisis producto del COVID-19 para que la fiscalía sin más apruebe una fusión que potencialmente tenga efectos anticompetitivos”.
Consultado sobre los umbrales de ventas conjuntas para las fusiones y adquisiciones, específicamente en relación al documento de la OCDE sobre killer acquisitions que menciona la importancia de revisar dichos umbrales a la baja para poder detectar este tipo de adquisiciones –umbrales que por el contrario fueron ajustados al alza en Chile– el Fiscal Nacional Económico señaló que “efectivamente estamos pensando en revisar si corresponde adecuar los umbrales actualmente” pero que esta decisión no surge a raíz de las killer acquisitions sino que producto de la actual crisis sanitaria y económica.
“Producto de la crisis de la pandemia, uno podría suponer que las ventas de las compañías en nuestro país se han reducido sustancialmente. Lo que buscamos prevenir es que operaciones que normalmente hubieran entrado al sistema –que son aquellas que buscamos detectar y que ingresen justamente porque tienen una mayor potencialidad de afectación de los mercados– se nos queden fuera del sistema producto de la baja de las ventas por la pandemia. Esa es la razón por la cual estamos buscando ajustar efectivamente los umbrales y es algo que estaremos viendo de aquí a fin de año”.
Finalmente, ante la pregunta de si sería conveniente consagrar constitucionalmente a la FNE y a la libre competencia, el Fiscal Nacional señaló que “si una consagración constitucional de la fiscalía sirve para reforzar su principio de independencia y sobre todo eventualmente pudiera reforzar para dotarla de autonomía presupuestaria, creo que sería una buena noticia, no indispensable pero una  buena notica. Y serviría también para consagrar a nivel constitucional de manera explícita los principios que inspiran la libre competencia”.

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