Por unanimidad, la Corte Suprema de Estados Unidos ha declarado que son constitucionales todas aquellas leyes que regulan el “elector infiel”; permiten a los Estados multar o remover a los miembros del Colegio Electoral que no votan por el candidato presidencial que se comprometieron a apoyar.
Es necesario mencionar que si bien algunos estados del referido país, tienen leyes que castigan a dichos electores por no votar por el candidato al que prometieron apoyar, recientemente se han formulado preguntas legales sobre la exigibilidad práctica de dichas leyes.
La sentencia incide respecto de procedimiento en que tres electores fueron multados con US$ 1.000 cada uno, por romper su compromiso de apoyar a Hillary Clinton en la elección presidencial del 2016.
Así, el Tribunal Supremo americano señala que, hoy es deber de la Corte considerar si un Estado también puede penalizar a un elector por romper su promesa y votar por alguien que no sea el candidato presidencial que gaño el voto popular de su Estado. Sostiene que un Estado puede hacerlo. Luego explica, que hace unos 60 años, los estados comenzaron a respaldar sus leyes de compromiso con algún tipo de sanción. En la actualidad, 15 Estados tiene ese sistema. En casi todos ellos, se elimina inmediatamente a un elector infiel de su cargo, sustituyendo a un suplente cuyo voto informa el estado. Otros estados, imponen una multa monetaria a cualquier elector que no cumpla su promesa. Washington es uno de estos 15 estados que cuentan con una ley de promesas respaldada por sanciones diseñada para mantener a los electores del estado en línea con sus ciudadanos votantes.
Luego, la Corte determina que no hay nada en la Constitución americana que prohíba expresamente a los estados quitar la discreción de voto de los electores presidenciales como lo hace Washington. La Constitución es básica sobre los electores. En consecuencia, los estados han usado durante mucho tiempo leyes de compromiso, diseñadas para que los electores aprehendan su papel como agentes de otros Un estado sigue la misma tradición si, como Washington, elige sancionar a un elector por incumplir su promesa. Entonces, también, el estado instruye a sus electores que no tienen motivos para revertir el voto de millones de sus ciudadanos. Esa dirección está de acuerdo con la Constitución – así como con la confianza de una nación que aquí, nosotros, el pueblo, gobernamos.
Vea texto íntegro del syllabus y de la sentencia Opinión N° 19-465 (inglés).
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