De acuerdo con las cifras entregadas por el CNDU, 15 millones de personas viven en las ciudades, y en más de 34 localidades viven 50 mil habitantes, además 259 entidades urbanas tienen 1.900 residentes, entre ellas Puerto Williams. Y, 200 millones de personas habitan en zonas rurales. En Chile nunca se ha reconocido la ciudad como un derecho, y es esa la propuesta planteada por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.
Se enfocaron en dos tópicos relevantes, el primero se refiere a la vivienda como un derecho fundamental que permite la vida y su bienestar, y por otro lado, a la ciudad como un derecho opcional, debido a que conlleva una obligación, y en esa instancia ningún habitante está obligado a migrar dentro del territorio.
De acuerdo con Javier Fuchlocher Baeza, representante constituyente por el distrito 21, el derecho a la vivienda es fundamental y debe de estar contenido en la redacción de la actual Constitución, empleando adecuadamente el entorno. Además agregó que el derecho a la ciudad debe de ser estudiado y planteado de una manera correcta. “Su desarrollo, expansión y crecimiento, debe ser planificado y, con responsabilidad, por parte del Estado dar la importancia a la vida en el espacio público. También, es necesario que se analicen las características de la conformación en las comunidades, para mitigar la segregación social y los impactos al medio ambiente”, afirmó.
La ciudad, según lo hablado por el presidente del CNDU, no puede nombrarse como objeto, por lo tanto sugieren considerarla derecho por mandato constitucional, donde se garantice el bien común y pueda existir una planificación urbana, enfocándose en el espacio público.
“Se debe contemplar una Constitución donde el derecho de la vivienda incorpore la perspectiva de derecho de la ciudad. Asimismo, es importante el rol que se le dará a la descentralización en la nueva Constitución, y cómo se proyectará para establecer una planificación territorial y no mandatada de forma centralizada. Debido a que se ha ignorado la realidad, experiencias y dinámicas de las propias comunidades”, aseguró Fuchlocher.
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Los desafíos incorporados en la redacción de esta carga magna incluyen el bienestar rural y urbano de los habitantes en todo el territorio nacional, es por ello que desde la comisión se han tomado pautas y sugerencias para la redacción de esta Constitución. No obstante, las realizaciones de estos proyectos conllevan un estudio previo desde la perspectiva ambiental, social y económica de acuerdo a las distintas realidades que se presentan en las comisiones.