Entrevista

Candidato Consejo Constitucional

Rodrigo Delgado: «Uno debe llegar a acuerdos, pero hay ciertos principios que son irrenunciables».

El candidato al Consejo Constitucional por la UDI sostuvo que, a diferencia de Republicanos, “Chile Vamos si cree en un nuevo proceso Constitucional”, uno donde sus propuestas están enmarcadas en la seguridad, el combate a la delincuencia y la inmigración.

11 de abril de 2023

Por Vicente Widmer I.

“No soy un teórico” nos asegura Rodrigo Delgado. El exalcalde de Estación Central, entre los años 2008 y 2020, ha tenido gracias a sus cargos públicos la oportunidad de conversar de cerca con la gente, dejando de lado la abstracción y dando paso a la acción. “Conozco de cerca el sentir ciudadano”. Esto es, según sus propias palabras, lo que lo diferencia de otros candidatos de su sector e incluso de otros partidos de oposición como Republicanos.

El exministro del interior durante el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera admite que esta elección puede convertirse en una medición de fuerzas entre Chile Vamos y Republicanos. Pero es enfático en señalar que Chile Vamos será “la lista más votada en esta elección”.

 

El eje principal de su campaña ha sido la seguridad y el combate contra la delincuencia. ¿Qué propuestas concretas tiene al respecto?

En relación al combate contra la delincuencia tenemos propuestas desde dos perspectivas. Por un lado, desde el punto de vista de la institucionalidad y, por otro, desde la seguridad y orden público. De ellas, las más relevantes son, primero, la creación de una Defensoría de las Víctimas, la cual debe ser un órgano con rango constitucional, autónomo, con patrimonio propio y personalidad jurídica, que en su composición sea un cuerpo colegiado y cuyo fin y propósito sea la atención a víctimas de la delincuencia y cuyo rol sea de colaboración con el Ministerio Público en la persecución de los delitos y el crimen organizado. Uno de los principales propósitos de este nuevo organismo sería otorgar mayor celeridad al sistema procesal penal en la tramitación de las causas, para así disminuir el grado de impunidad que existe hoy en día. Luego, será la ley la que se hará cargo de regular la estructura y composición de esta defensoría, siempre teniendo como marco que debe ser un órgano colegiado.

Y segundo, la reforma al Sistema Procesal Penal, para que deje de ser garantista y que no promueva, sino que, por el contrario, ponga freno y evite la puerta giratoria que tanto daño le ha hecho a nuestra justicia. Es verdad que, como modernización, el sistema resultó ser rápido y transparente, pero la experiencia demuestra que no ha logrado la efectividad que se requiere y lo que que la ciudadanía espera y necesita de este sistema. En este sentido, una de las necesidades principales que se debe abordar es el aumento en dotación del Ministerio Público, ya que los fiscales no dan abasto con la cantidad de causas que tienen a su cargo, lo que se termina traduciendo en el retraso excesivo en la tramitación de causas, lo que, al final del día, implica que muchas terminan archivadas y esto es, en el fondo, denegación de justicia.

Recientemente, la Comisión Experta rechazó la indicación que creaba un capítulo específico sobre Fuerzas Armadas y de Orden en el anteproyecto. A su juicio, ¿cree que con su no inclusión la seguridad no estará garantizada?

Considero que la Constitución sí debe tener un capítulo específico sobre las Fuerzas Armadas y de Orden, pues esto implica reconocer su carácter institucional, sus atribuciones y la relevancia que tienen para Chile, como garantes indispensables del orden público, la seguridad nacional y la defensa de la patria.

¿Es el alza en la delincuencia un tema que debe tratarse constitucionalmente? ¿Qué puede entregar una nueva Constitución que no pueda ser resuelto a través de la legislación?

La Constitución debe establecer principios marco en cuanto al combate a la delincuencia y el narcotráfico. Para ello, por ejemplo, debe establecer garantías tales como el Derecho a la Seguridad Pública, cuya presencia en la Constitución obligaría al Estado a garantizar un estándar mínimo de seguridad a las personas. Otorgando mayor certeza y fortalezas respecto de las medidas, lineamientos y marcos que permitan fortalecer la lucha contra la delincuencia con mayor eficacia, con respeto al debido proceso y limitando al legislador en cuanto a la reforma de este derecho. Una decisión como esta implica estabilidad y mayor seguridad jurídica.

Dijo que hay que lograr una nueva Constitución donde el Estado proteja a las personas. ¿Cree que la actual Carta Fundamental no está logrando esto?

Falta. No es que la actual no lo logre. La Constitución vigente fue creada y luego modificada en el marco de otro contexto social, muy distinto al actual. Toda Constitución debe tener vocación de cambio, toda vez que los fines que la justifican son precisamente los que la obligan a evolucionar y cuya adaptación es algo imprescindible. Dicho de otra manera, si nuestra hoja de ruta y marco de convivencia, que es la Constitución, no se encuentra en sintonía con el contexto, puede ocasionar pérdida de respeto, desobediencia o desuso de la misma. En este sentido, la Constitución vigente no está creada ni pensada respecto de las necesidades de la sociedad actual y, por ejemplo, nunca consideró los niveles de delincuencia y narcotráfico que actualmente enfrenta la sociedad. Por otro lado, si bien establece ciertas garantías e instituciones, como el Derecho a Defensa, el debido proceso y el Ministerio Público, no regula la prohibición o rechaza la violencia como mecanismo de acción política, no consagra el orden público como derecho inherente a la democracia, entendiéndose como la facultad de no perturbación de la normal actividad y no consagra la legitima defensa como un principio constitucional. Por otro lado, la reforma constitucional de 2005 tampoco se preocupó de la delincuencia ni de la seguridad ciudadana, sino de aspectos como la reforma del Tribunal Constitucional o el otorgamiento de mayores atribuciones en materia de Tratados Internacionales al Congreso Nacional.

Otra idea que planteó recientemente fue la eliminación del indulto presidencial tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. ¿Por qué eliminaría la potestad del indulto? ¿Se abre a la idea de que sea el congreso u otro organismo el encargado de aprobar el recurso?

Debemos hacer una distinción entre el indulto particular y el indulto general. En relación al indulto particular, desde un aspecto técnico, no lo eliminaría de raíz. Establecería causales y requisitos esenciales para la procedencia del mismo, como por ejemplo el tipo de delito y la gravedad del mismo, ya que, en el caso de terrorismo o violación, en ningún caso procedería el indulto. A su vez, habría que tener en cuenta el porcentaje de cumplimiento efectivo de la condena, el comportamiento y la edad del condenado, cuando , por ejemplo, tenga más de 75 años y padezca de alguna afección de salud, procediendo así por causas humanitarias. Ahora bien, en ciertos casos, el procedimiento podría ser que el Presidente de la República proponga un indulto particular al Senado, el cual debería ser ratificado por 2/3 de la Cámara Alta. En cuanto al indulto general, este debería estar radicado en la Cámara de Diputados y ser ratificado por el Senado.

Una de las razones por la cual la convención fracasó fue la falta de acuerdos transversales. ¿Qué tan dispuesto está para negociar con la oposición? ¿Está dispuesto a sacrificar los ejes de su lista para llegar a acuerdos?

Uno puede y debe llegar acuerdos, ya que la Constitución debe ser redactada y pensada teniendo como prioridad lo mejor para el país y el bienestar de la ciudadanía y jamás a nivel personal o para satisfacer las demandas de un sector político determinado. Sin embargo, hay ciertos principios y marcos básicos que son irrenunciables, como por ejemplo el establecimiento y reconocimiento en nuestra Carta Magna de los mecanismos de Seguridad Ciudadana, el resguardo a nuestra infraestructura crítica, de nuestras fronteras, el orden público y contar con una migración ordenada y regular. En este sentido, siempre hay que estar dispuesto a dialogar y consensuar, pero sin dejar de lado ciertos valores y principios que son los que aseguran la estabilidad democrática del país.

Tanto usted como sus compañeros de lista han puesto como eje de campaña la seguridad y el combate contra la delincuencia. ¿Por qué la ciudadanía debería preferir su campaña? ¿En qué se diferencia de sus compañeros de lista?

Mi trayectoria pública es testimonio de que siempre he llevado a la práctica todo aquello a lo cual me he comprometido. No soy un teórico. No creo en la improvisación, sino en la gestión. Mientras fui alcalde y ministro del Interior mi principal disposición fue escuchar y conocer las necesidades de las personas para poder tomar las mejores decisiones que me permitiera velar por la solución de sus problemáticas, primero desde los municipios y luego desde el gobierno a cargo de la seguridad. Por esto, conozco de cerca el sentir ciudadano, sus preocupaciones, sus anhelos de tranquilidad, de paz, su temor por la inseguridad y su voluntad de que el Estado luche de manera efectiva contra el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia. Por eso creo que, como consejero, podré trabajar para que una nueva y buena Constitución procure mecanismos que permitan proporcionar un mayor fortalecimiento a las policías, consagrar el Derecho a la Seguridad Pública y la Defensoría de las Víctimas.

¿Cuáles son las diferencias entre las propuestas de Chile Seguro y el Partido Republicano que hicieron insostenible una alianza electoral?

La diferencia principal se encuentra en que Republicanos no creía en este proceso constitucional. Chile Vamos si cree en un nuevo proceso Constitucional. Lo dijimos frente al plebiscito anterior, el 4 de septiembre de 2022: una cosa era rechazar una propuesta que era mala para Chile, pero otra es rechazar y negarse a una realidad, como es que Chile necesita una nueva Constitución. Chile Vamos ha mantenido su compromiso de iniciar un nuevo proceso, porque creemos en una Constitución nacida en democracia.

¿Cree que esta elección se puede convertir en una medición de fuerzas entre Chile Vamos (o Chile Seguro) y el Partido Republicano?

Sin duda. Todas las elecciones permiten medir la adhesión electoral de los sectores políticos. Sin embargo, aquí no hay que perderse. Cada proceso es una historia distinta, pues se trata de contextos diferentes. Ya lo sabe Chile: la izquierda pasó de tener un 80% de aprobación para una nueva Constitución, de elegir un Presidente de la República y de lograr solo una minoría en el Congreso, a perder en el plebiscito del 4 de septiembre. Hoy día puede ser que a Republicanos le vaya bien o no y lo mismo para Chile Vamos. Cada elección es una historia distinta e independiente. En este sentido,  el día 7 de mayo vamos a ver con qué proyecto sintoniza más la ciudadanía. Yo no tengo duda de que Chile Vamos va a ser la lista más votada en esta elección. Y eso es porque estamos en sintonía con lo que la ciudadanía quiere: un proceso constituyente eficiente, serio, responsable, que represente las urgencias sociales, siempre en un marco de respeto en el que se pueda llegar acuerdos y que permita que una gran mayoría del país sienta que la Constitución sí es la casa de todos y no la revancha o el gusto de un sector político determinado.

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